El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 4 de La Línea de la Concepción (Cádiz) ha paralizado de forma temporal el desahucio de 22 familias de la localidad que residen en un edificio ocupado desde hace años. El lanzamiento estaba previsto para la mañana de este jueves. Finalmente, se ha aplazado hasta el próximo 4 de marzo.

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La Plataforma de Afectados por las Hipotecas (PAH) en el Campo de Gibraltar había llamado este miércoles a la movilización con el fin de paralizar el desahucio de las citadas familias. Varios miembros de algunas de ellas se encuentran contagiados del coronavirus SARS-CoV-2, según el citado colectivo. 

Un fuerte dispositivo policial se desplegó la mañana de este jueves en los alrededores del edificio ocupado, situado en la calle Poeta Juan Ramón Jiménez. El secretario judicial accedió al inmueble en torno a las 10.30 horas para explicar la nueva situación a los inquilinos.

También les trasladó la nueva fecha fijada para el desalojo. Entre los ocupantes de las viviendas, además de personas enfermas de Covid-19, hay madres víctimas de violencia de género, menores y personas con discapacidad. Alguna padece alzhéimer. 

Es la segunda vez que se paraliza el desahucio de estas 22 familias, solicitado por la entidad bancaria propietaria del inmueble. En enero de 2020 ya se consiguió frenarlo.

Fuentes oficiales del Ayuntamiento de La Línea explican que sólo dos familias han recurrido al Consistorio para solicitar una vivienda pública. El Real Decreto-Ley 37/2020 dispuso de medidas urgentes para hacer frente a las situaciones de vulnerabilidad social y económica en el ámbito de la vivienda a consecuencia de la pandemia. 

Entre las excepciones a la paralización se incluía que "la entrada o permanencia en el inmueble sea consecuencia de delito". Es decir, el mero hecho de entrar en una vivienda de manera ilegal ya era motivo para que el propietario pudiera iniciar el proceso de desahucio. 

Sin embargo, el Real Decreto-Ley 1/2021, aprobado el pasado 19 de enero, incluyó una modificación que favorecía a las ocupaciones que se hubieran hecho de manera pacífica. El Ejecutivo cambió el texto de ese supuesto a “cuando la entrada o permanencia en el inmueble se haya producido mediando intimidación o violencia sobre las personas”.

"Los desahucios de estas 22 familias no se han paralizado. El lanzamiento se ha retrasado, algo que no entendemos exisitiendo este real decreto", explica a EL ESPAÑOL María del Carmen Pérez, portavoz de la PAH en el Campo de Gibraltar.

"Se han vulnerados derechos. Estamos en un estado de alarma por culpa de una pandemia, que no se nos olvide. Estas familias, si no se evita, estarán en la calle el 4 de marzo".