El Gobierno hace un nuevo guiño a la okupación ilegal en España. El Boletín Oficial del Estado (BOE) publica hoy una pequeña pero relevante modificación del Real Decreto aprobado en diciembre que prohíbe los desahucios hasta el final del estado de alarma.

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El matiz es mínimo pero fundamental. El Real Decreto de diciembre expone que en ningún caso se procederá la suspensión del desahucio en una serie de seis supuestos. Ahora, el Ejecutivo cambia dos de ellos.

El más importante: hasta ahora la suspensión del desahucio se produce cuando "la entrada o permanencia en el inmueble sea consecuencia de delito", es decir, el mero hecho de entrar en una vivienda de manera ilegal ya era motivo para que el propietario pudiera iniciar el proceso de desahucio. 

El Ejecutivo cambia el texto de ese supuesto a “cuando la entrada o permanencia en el inmueble se haya producido mediando intimidación o violencia sobre las personas”.

Según las fuentes legales consultadas por este medio, esta modificación “amplía la protección a la okupación ilegal, ya que elimina la posibilidad de suspender la paralización del desahucio aún en el caso de que haya delito”. “Al eliminar la restricción del delito, se protege a los okupas ilegales que hayan delinquido, legitimándoles y permitiendo su okupación”, explican.

En la mayoría de las okupaciones ilegales, las casas se encuentran vacías, sobre todo en el caso de promociones de los bancos o grandes fondos, y la entrada en ellas se hace sin violencia. De ahí que esta modificación abra un soporte legal para que estas personas continúen en las viviendas hasta, como mínimo, el 9 de mayo de este año sin riesgo de que les echen.

De la misma manera, incluye una segunda modificación por la cual amplía a las propiedades de personas jurídicas (antes solo eran físicas) para permitir el desahucio en caso de que “lo tenga cedido por cualquier título válido en derecho a una persona física que tuviere en él su domicilio habitual o segunda residencia debidamente acreditada”.

Pugna PSOE-UP

Mientras el BOE modifica y amplía la ley antidesahucios, los dos partidos que forman el Gobierno de coalición mantienen sus diferencias sobre la duración de la prohibición de los levantamientos.

Tal y como ha publicado EL ESPAÑOL este miércoles, la negociación del anteproyecto de la Ley de la Vivienda está levantando ampollas entre el PSOE y Unidas Podemos, con los desahucios como uno de los principales puntos de fricción.

Mientras desde Unidas Podemos insisten en "la prohibición permanente de los desahucios sin alternativa habitacional", el ala socialista recuerda que "existe el derecho de propiedad" y que no cuenten con ellos para "ir en contra de un derecho fundamental para garantizar otro".

De hecho, el ministro de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos, afirmó en diciembre que "presentamos un decreto claramente extraordinario para un momento de excepcional dificultad que pretende preservar el derecho constitucional a la vivienda; en este caso, proteger a las personas y las familias más vulnerables pero también los derechos de terceros como son los arrendadores".

El Ejecutivo prometió presentar la Ley de la Vivienda a mediados de febrero. Hasta entonces, parece que las luchas internas entre PSOE y Unidas Podemos tendrán nuevos capítulos.