Diego Rodríguez Veiga David López Frías

Con la luz verde para el ingreso mínimo vital, que se aprobó por Real Decreto-ley tras el Consejo de Ministros del pasado viernes, ya son muchas las voces que se están preguntando si tendrán derecho a ello. La noticia, que ha entrado casi literalmente como agua de mayo, ha llevado a que muchos agentes y entidades se ofrezcan a tramitar el ingreso mínimo vital frente al abismo burocrático de la Seguridad Social. La premisa, igual que sucede con aquellos que te hacen la Declaración de la Renta, es sencilla: tú relájate, ya nos encargamos nosotros. Curiosamente, las primeras que están saliendo al apoyo son asociaciones y fundaciones de colectivos migrantes en Cataluña.

Uno de los primeros en ofrecerse a tramitar el papeleo para obtener el ingreso mínimo vital ha sido la Casa América de Badalona. A través de un bando enviado por redes sociales y mensajería de WhatsApp, Casa América avisa a sus socios que no tengan ningún tipo de ingreso que pueden optar a ello. Los ingresos a los que se puede optar, según lo establecido, varían desde los 462 euros al mes para aquellos adultos solos, los 702 euros para un adulto y un niño y hasta los 1.015 euros para aquellas familias formadas por cuatro adultos y un niño.

Casa América de Badalona se trata de una asociación formada por alrededor de 6.000 miembros de distintas nacionalidades, también la española, que se dedica a promover la cultura latinoamericana y a organizar viajes y actividades para sus socios. Entre los beneficios de su membresía también se encuentra el asesoramiento para este tipo de trámites. Pero ellos no son los únicos que lo ofrecen. También lo hacen desde la Fundación Ibn-Batutta y desde la web de Billin, un programa de facturación usado principalmente por autónomos, también ofrecen ayuda para tramitar esta nueva prestación.

El ingreso mínimo vital se ha publicado en el BOE este mismo lunes. Se trata de una de las medidas estrella del Gobierno de Pedro Sánchez para paliar los efectos de la crisis provocada a causa del coronavirus. El Ejecutivo espera con él dar cobertura a 850.000 familias, 2,3 millones de personas. A pesar de que los primeros colectivos que se prestan a ayudar son principalmente de personas migrantes, hay un requisito de poder acreditar al menos un año de residencia legal en España para poder acceder a la ayuda. Las solicitudes se empezarán a tramitar a partir del 15 de junio.

Casa América en Badalona

“Nosotros hemos informado a los socios de que esto se va a poner en marcha y les hemos mandado el formulario con todos los datos que hay que rellenar para solicitarlo”, explica a EL ESPAÑOL, vía telefónica, Francisco Hernández, presidente de Casa América Badalona. “Como todas las asociaciones, trabajamos para nuestros socios. No tiene ningún coste adicional”, añade. “Para ser socio hay que pagar una tasa anual de 25 euros por familia, no por persona, y ya. El trámite del ingreso mínimo vital no tiene ningún coste porque para nosotros no supone ningún coste adicional”, apuntala Hernández.

En otros tiempos Casa de América Badalona se dedicaba a organizar viajes y actos para sus miembros. Que si viaje a Italia, que si viaje a Marina d’Or. Sin embargo, el coronavirus ha venido a cambiarlo todo y ahora intentan ayudar en los complejos trámites burocráticos, que se antojan aún más gigantescos si se trata de población extranjera.

“Durante la crisis del Covid hemos estado prestando ayuda en otras situaciones como en la de los trámites de los ERTE”, explica Hernández. “Pero es algo normal que hacen las asociaciones”, añade. ¿Hay muchas asociaciones que estén haciendo esto? “Sí, pero de otros ámbitos, en las latinas, como nosotros, no tanto pero en las latinas, como nosotros, no tanto. Se dedican más a cuestiones culturales y de tradición. A nivel de gestionar directamente este tipo de trámites, creo que somos los únicos”, añade.

Resumen del ingreso mínimo vital Gobierno de España

“Lo que sí que es muy importante es que se ajusten a las condiciones”, explica Hernández. “Nos ha llamado mucha gente que les hemos tenido que decir que no porque o bien tienen empleo o están de ERTE. Como informamos a todos los socios por igual, nos preguntan, pero si no se puede se descarta”, añade.

Fundación Ibn-Batutta en Barcelona

La Fundación Ibn Batutta, entidad sin ánimo de lucro destinada a la divulgación cultural y social entre los países árabes y Europa, tiene sede en Barcelona pero también trabaja en Madrid. En total dan servicio a 16.000 personas, principalmente “de origen marroquí, que es una bolsa de trabajadores que cotizan que no ha bajado en número ni durante el covid. Cerca de 300.000 personas”, explica Mohamed Chaib, exdiputado socialista y fundador. Pero también de otras nacionalidades: “Tenemos una base de datos de más de 7.000 pakistaníes. Piensa que nuestra asociación está radicada en El Raval, donde la comunidad de Pakistán es muy numerosa”. También latinos, que son los que más están utilizando los servicios de inserción laboral.

Chaib explica que “no hemos parado durante el Ramadán de ayudar a familias necesitadas fuesen marroquíes o de cualquier otra nacionalidad. No le pedimos el carnet a nadie en la asociación”. Y del mismo modo, están ahora poniéndose manos a la obra para explicarles a los ciudadanos árabes los requisitos que tienen que cumplir para optar al a la renta mínima vital.

“Tenemos un servicio de jurídico y otro de orientación laboral que ponemos a disposición de todo el mundo. Porque aunque tenemos puesta una cuota de 20 euros para ser miembros de la asociación, si nos viene alguien que no lo sea lo vamos a ayudar igual. Está en los principios de nuestra asociación, ayudar al que lo necesita”. Estas acciones están consistiendo, en lo relativo a este ingreso, en informar y asesorar a las personas que lo requieren. La parte más complicada del trámite es, asegura, “la del certificado electrónico. Pero nosotros les asesoraremos. Estamos valorando en breve la posibilidad de hacer un vídeo explicativo en árabe para las personas que tengan más problemas con el idioma español”.

Este tipo de vídeos, de hecho, han proliferado en las redes durante los últimos días: youtubers y usuarios particulares que han grabado vídeos de tres o cuatro minutos para explicar en árabe los requisitos para optar a esta paga. Se estima que la población de origen marroquí en España supera los dos millones de personas, muchos de ellos ya nacidos en nuestro país.

Vox se desmarca

La mayoría de los partidos políticos representados en el Congreso de los Diputados han apoyado esta iniciativa del ingreso mínimo vital. Desde la derecha, tanto el Partido Popular como Ciudadanos han adelantado que no lo rechazarán, aunque los primeros no aclaran si votarán a favor o se abstendrán y los segundos se decantan por el sí. Sin embargo, Vox, que en un primer momento sí que lo veía necesario, ha cambiado de opinión este lunes por justo esta cuestión: la de los inmigrantes.

El partido de Santiago Abascal ha presentado este lunes sus conclusiones asegurando que este ingreso mínimo vital provoca un efecto llamada de inmigrantes irregulares a España. Lo han hecho en una rueda de prensa en la que han puesto una serie de vídeos locutados en árabe. Según su interpretación de los mismos, “las mafias del tráfico de personas, con el apoyo de progres e incautos, ya están ofreciendo un nuevo complemento a su oferta de viaje: una renta mínima pagada por todos los españoles que llevan toda la vida trabajando”, ha publicado la formación en Twitter.

Sin embargo, esos vídeos, como el que planea hacer la Fundación Ibn-Batutta, no animan a ello. Se tratan de mensajes dirigidos a inmigrantes residentes en España para explicar cuáles son las condiciones para poder tramitar la ayuda. Entre ellas, destaca la de poder acreditar haber sido residente regular durante al menos un año.

La ayuda se estima que se acabará concediendo a 4 de cada 5 personas en situación de pobreza extrema y dependerá de los ingresos que tenga cada hogar para alcanzar el mínimo garantizado. Las infracciones o engaños a la hora de solicitar la ayuda podrán oscilar desde el apercibimiento hasta la pérdida del derecho a la prestación o el reintegro de la misma.

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