“O pagas o te arruinamos”. Era la frase más temida por los empresarios de ocio de Mallorca. Sobre todo porque no venía de una banda de delincuentes comunes, sino de la misma policía. Los que tenían que protegerles eran sus mayores enemigos. La denominada Patrulla Verde de la Policía Local de Palma se encargaba, teóricamente, de velar porque los establecimientos nocturnos de la isla cumpliesen las ordenanzas municipales. En realidad lo que hacían era extorsionar a los propietarios de los locales. Cobraban en dinero, alcohol, drogas u otras prebendas. Incluso en sexo.
No acababa ahí. La extorsión llegaba hasta tal punto que, cuando los agentes de la denominada Patrulla Verde visitaban un local e imponían alguna sanción por incumplir determinada normativa, eran ellos mismos los que se ofrecían para solventarla. Sin uniforme, fuera del trabajo. Si había que cambiar un aire acondicionado, si había que colocar cámaras de vigilancia o si había que contratar a seguridad privada, allí estaban ellos para quedarse con el trabajito. O si no eran ellos, se lo daban a un grupo de delincuentes rumanos que tenían tratos con los cabecillas de la trama y que acababan misteriosamente contratados como porteros de las discotecas sancionadas.
Lo dice el juez Enrique Morell en el auto de procesamiento contra 35 personas que conformaron esta presunta estructura mafiosa. Agentes de la policía local, mandos del mismo cuerpo, funcionarios del Ayuntamiento de Palma, varios empresarios y un abogado que hacía de conseguidor. Un engranaje perfectamente engrasado que supuestamente amenazó y extorsionó a diferentes propietarios de locales hasta en 50 ocasiones.
No fue, por tanto, algo esporádico. No fue un desliz. Estaban perfectamente organizados, dice el juez, que cree que los encausados “han venido haciendo un uso torticero de poder, actuando de forma coordinada como una organización instalada de forma permanente en el delito, en sus múltiples y variadas manifestaciones”, apuntan el magistrado en su auto. Nombres como el de Gabriel Torres, exjefe de la Patrulla Verde o Rafael Estarellas, excomisario de la Policía de Palma, se sentarán en el banquillo por esta causa.
La Patrulla Verde
Mallorca, uno de los enclaves más paradisíacos de nuestro país. Playa, lujo, turismo, fiesta… y mucho dinero. El lugar ideal para establecer una organización delictiva con la que sacar una buena tajada. Sobre todo si tu posición es privilegiada. Es el caso de Bartolomé Cursach, el empresario de ocio más poderoso y conocido de todo el archipiélago balear. Un hombre que todo lo podía y que ahora está en la cárcel, pero cuyos tentáculos lograron tener a la policía de la isla a su servicio.
Para ello se valió de la denominada Patrulla Verde, un grupo de la policía local que suele actuar de paisano y se encarga de inspeccionar los locales nocturnos de la isla. Una acción necesaria en un lugar donde la fiesta está tan masificada como es Palma. Necesaria si sus intervenciones fuesen neutrales. Pero en realidad, defiende el juez, se llevaba a cabo en beneficio propio y de Cursach. De hecho, las actuaciones de la Patrulla Verde contra los empresarios disidentes de la isla iban encaminadas, por un lado, a favorecer los negocios de Cursach librándole de la competencia; por el otro, al beneficio propio de los integrantes de la presunta trama.
¿Cuál era la forma de proceder de esta organización? Llegaban a los locales de ocio de las zonas más concurridas de la isla: Gomila, Paseo Marítimo, La Lonja o El Arenal. Entraban como elefantes en la cacharrería. De una forma que el juez califica de “sencilla a la vez que devastadora” para los intereses de los empresarios. “Consistía simplemente en llevar a cabo las inspecciones solicitando siempre la misma documentación, en el horario de máxima afluencia de clientes, sin dejar además una copia del acta de inspección levantada al efecto”, revela el auto.
“Paralizaban la actividad encendiendo luces, quitando la música e identificando a los clientes”. Desde la Fiscalía Anticorrupción denunciaron incluso que los integrantes de la patrulla “pedían refuerzos fuertemente armados en una actuación desproporcionadas”. Equipos de élite cuya actuación no era necesaria, pero intimidaba a empresario y clientes. Llegaban con armas largas, con escudos y con chalecos antibalas. Cacheaban a los clientes, como si fuesen delincuentes. Montaban un escenario de guerra solamente como muestra de poder. Avisaban, como la mafia.
“Suficiente para hundirlos”
Cualquier cosa era susceptible de una intervención policial. Aforo, ruidos, la falta de una cámara de seguridad… Esas actuaciones intimidaban tanto al empresario como a la propia clientela: “Si esto se hacía además repetidamente, era más que suficiente para hundir al empresario en cuestión, y ello sin necesidad de que los agentes se tuvieran que arriesgar, como alguna vez hicieron, a levantar actas falsas que les pudiera comprometer”, desarrolla el juez.
Es el propio juez el que lo asevera: “ese mismo rigor no se hace extensivo a otros locales, bien porque pagan la “tasa”, porque ofrecen prebendas a los agentes (sexo, alcohol, fiestas gratuitas, etc.), o porque pertenecen a determinados empresarios, a quienes se preavisa, no se inspecciona, o en el caso de que se haga, la inspección se practica con una amplia flexibilidad que contrasta con la exigencia y rigor aplicado a otros establecimiento”.
Para muestra un botón: cuando los agentes detectaban algún tipo de anomalía en los locales de ocio, abrían un expediente. De los que se le abrieron a los locales del Grupo Cusarch, solamente el 8% acabaron en sanción, lo que le supuso 13.200 euros por 88 actas. En cambio, para el resto de los establecimientos, el porcentaje sube a un 87% de sanciones, lo que se traduce en una cantidad de 6.300.000 euros. Mientras las discotecas Tito’s y Pacha, del grupo Cursach, fueron sancionadas 3 veces entre 2007 y 2010, la discoteca de enfrente, que se llama Level y no es de Cursach, fue sancionada hasta en 33 ocasiones. Máximo rigor con unos, laxitud con Cursach y otros empresarios afines.
La trampa
¿Y después de expedientarlos, qué? Pues quedaban una serie de cuestiones por resolver, claro. El empresario podía haber sido sancionado por no tener personal de seguridad suficiente o por alguna carencia que requería efectuar algunas obras. Entonces eran los mismos agentes que conformaban la trama los que se ofrecían a solucionar el problema. Una trampa, porque el propietario de la discoteca en cuestión no tenía otra opción.
“Difícilmente un empresario a quien le sugieren la conveniencia u oportunidad de contratar uno u otro servicio va a poder escoger libremente si acepta o no el mismo, cuando se da la circunstancia que el agente ofertante o algunos de sus compañeros, son precisamente los que en un futuro pueden someterlo a una inspección, y levantar en su caso un acta sancionadora”, apunta el magistrado. Actas que, a menudo, acababan con el cierre fulminante de la actividad.
Uno de los encausados es el excomisario de Palma Rafael Estarellas Sastre, que también gestionaba, en sus ratos libres, tareas de tapicería. Estarellas “exigía que le contrataran servicios de tapicería, y en caso contrario sometía al empresario afectado a durísimas inspecciones y demás actos de intimidación y coacción levantar en su caso un acta sancionadora”, dicen las diligencias, acusando también a otros funcionarios municipales como Gumersindo Calero o Nicanor Góngora, de los que asegura que “trataban, entre otras cosas, de imponer seguridad privada a cargo de Policías Locales, en determinados establecimientos y, además, tenían una clara vinculación con grupos de delincuentes rumanos”.
Orgías y drogas
Así, contento el gran empresario nocturno de Mallorca y contentos los agentes. Bartolomé Cursach, el empresario beneficiado por esta trama, pagaba los servicios realizados por los policías corruptos con orgías con prostitutas y drogas en su discoteca Tito’s, según sostiene la Fiscalía Anticorrupción. Era la forma de mantenerlos fieles y conseguir su lealtad. Fue la forma en la que esta red se mantuvo activa durante casi una década.
Los empresarios mallorquines empezaron a darse cuenta de que, para que no les hundiesen el negocio, debían ofrecer a los agentes lo que ellos solicitasen. Y es que, como apunta el auto, la relación policía-empresario “se adentra en un terreno pantanoso, donde se produce una simbiosis de los intereses de ambas partes, que se traduce inevitablemente en las prebendas ya ampliamente constatadas, consistentes en dinero, alcohol, comidas y sexo que reciben unos, y los preavisos, acoso a la competencia, y demás variantes de trato de favor, que reciben los otros”. Si el empresario pasaba por el aro, no había problema. Hasta el punto de que la Patrulla Verde permitió que un restaurante de Palma tuviese ratas en la cocina.
Para hacernos una idea de la magnitud de esta red, basta destacar el dato de inspecciones del año pasado: La Patrulla Verde acabó denunciando al 50% de los establecimiento hosteleros de la isla, por una u otra infracción. Estas actuaciones fueron denunciados tanto por los empresarios perjudicados como por algunos de los agentes de la Patrulla Verde. Policías honrados que arriesgaron su puesto de trabajo y hasta su integridad física por denunciar unas prácticas abusivas y un hostigamiento que se producía de forma sistemática contra todo aquel que osase toser a la presunta trama criminal.
Algunos nombres propios
¿Cuáles son los nombres propios de aquella trama? Serán 35 las personas que se sienten en el banquillo por esta causa, que es una pieza separada del Caso Cursach. Pero dentro de la estructura destacan algunos nombres, bien por su relevancia dentro de la red, bien por sus cargos dentro de la administración local.
Es el cao de Juan Miguel Mut García. Comisario de la Policía Local de Palma, aparece en las actuaciones como uno de los pilares de la trama de corrupción y habría estado recibiendo, junto con otros miembros de la Policía Local, “sobres” de dinero o prebendas de diversa índole por partes de empresarios beneficiados por su irregular actuación. Mut García habría impuesto a uno de los agentes rebeldes, una sanción disciplinaria injustificada, ya que no existía infracción alguna. Lo mismo que se castigaba a los empresarios reticentes, se penaba a los policías disidentes.
Este expediente fue abierto con la aquiescencia de Guillem Navarro Garau, otro de los nombres propios señalados por el juez. Navarro Garau era concejal de Seguridad Ciudadana en el Ayuntamiento de Palma de Mallorca y, a sabiendas de que el agente sancionado no había cometido infracción alguna, permitió que se tramitase dicho expediente.
Otros nombres destacados son los de Gabriel Torres y Bartolomé Capó. El primero, oficial de la unidad de patrulla verde de la Policía Local de Palma. El segundo subinspector y responsable directo de la Patrulla Verde. Ambos se pusieron de acuerdo para favorecer a determinados empresarios, no sólo del grupo empresarial de Cursach, sino de otros empresarios que cedían a las presiones. Ellos dos eran los cerebros de la trama, los que ordenaban a sus policías qué establecimientos debían ser inspeccionados y cuáles no. Ellos eran los que señalaban el local en cuestión y decidían pulgar arriba o abajo.
Pero en la lista también se han destacado otros nombres de menor relevancia dentro del cuerpo, pero que le sacaron todo el partido posible a su situación de superioridad dentro de la patrulla. Es el caso de Daniel Montesinos, que era un policía interino de Palma, pero que se aprovechó de su posición exigiendo el pago de mordidas y servicios sexuales a empresarios del ocio nocturno. Además les imponía la contratación de seguros, servicios de limpieza, seguridad e instalación de máquinas expendedoras en sus locales. Servicios que él mismo se encargaba de gestionar.
Se quedaban los locales
¿Qué sucedía si un empresario se negaba a pagar estas tasas o a rechazar estos servicios que le ofrecían los policías presuntamente corruptos? Que las inspecciones se multiplicaban hasta convertirse en una rutina insoportable. Llegaba un momento que el propietario tenía que bajar la persiana. Y ahí también aparecía la Patrulla Verde, que acababan adquiriendo dichos locales. Aparece aquí la figura de Toni Gari. Es otro policía de Palma que tenía la función de gestionar aquellos establecimientos que fueron sometidos a extorsiones. “Tales empresarios fueron abocados la ruina y al traspaso de sus negocios a bajo precio y pasaron a ser propiedad o ser controlados por la trama corrupta bajo la titularidad de terceras personas”. La Patrulla Verde siempre gana.
O ganaba. Ahora van a sentarse en el banquillo. El auto del juez es contundente y esto ha llevado a que este caso se convierta en una pieza separada del Caso Cursach, que ya de por sí lleva camino de convertirse en el mayor caso de corrupción de la historia de Baleares, muy cerca del Caso Palma Arena. La Patrulla Verde ya es historia. O iba a serlo. Una resolución judicial consideró que la Patrulla Verde debía ser suprimida. Sin embargo, desde el Ayuntamiento han asegurado que se va a reinventar para atender otras necesidades. Algunos empresarios no se fían. Temen que esta unidad policial que está para protegerles vuelva a convertirse en una especie de grupo mafioso que domine la isla, como los gangsters de Al Capone, pero en la isla de Mallorca.