No midieron los tiempos, no tomaron las precauciones suficientes, los letrados de Tolo Cursach estaban al acecho y los trapos sucios de la investigación del mayor caso de corrupción de la isla de Mallorca salieron a la luz.
Los policías del caso Cursach detenidos por un presunto delito de revelación de secretos habrían entregado al menos a dos medios de comunicación un informe elaborado por ellos horas antes de que el juzgado lo diera por admitido. Y eso fue lo que les delató.
El juez del caso Cursach, Miquel Florit, sospechaba desde antes de octubre de 2018 de los efectivos del Grupo de Blanqueo de la Policía Nacional de Palma de Mallorca al que pertenecían el subinspector y la antigua jefa detenidos esta semana, como adelantó EL ESPAÑOL. A pesar de ello, tomó la inusitada decisión de requisar a dos periodistas de las agencias Europa Press y Diario de Mallorca sus ordenadores y móviles personales en diciembre, vulnerando su derecho al secreto profesional. Éste fue el motivo por el que el TSJ de Baleares admitió una querella contra el instructor.
Puso a otros policías a investigarles
El transcurso de la investigación confirma que con la orden de requisar a los periodistas sus herramientas de trabajo el juez sólo buscaba confirmar las sospechas que ya tenía respecto a los efectivos del Grupo de Blanqueo. De hecho, inmediatamente después de publicarse en prensa el informe en el que la Policía presentaba indicios de un presunto fraude a Hacienda del Grupo Cursach de 50 millones de euros, el juez Florit puso a un equipo policial superior a investigarles.
Los hechos transcurrieron de la siguiente manera: al ver las noticias publicadas, la defensa de Cursach, ejercida por el letrado Enrique Molina, solicitó al juez que investigara un presunto delito de revelación de secretos. También lo pidió el abogado del otro principal investigado del caso, Tolo Sbert, mano derecha del magnate de la noche mallorquina.
Puesto que vieron "vulnerado el ejercicio del derecho a la defensa" de los investigados con un informe en el que consideraron que la Policía recogía "datos rotundamente falsos y malinterpretados", según explican fuentes de la defensa de Cursach, denunciaron los hechos.
Registro de llamadas "retroactivo"
A raíz de la denuncia y ante la sospecha de que miembros del Grupo de Blanqueo filtraron la información, Florit dedujo testimonio, abrió una pieza separada secreta y encargó a la Jefatura Superior de la Policía Nacional de las Islas Baleares que investigara a sus compañeros.
Los efectivos de la Jefatura Superior realizaron su trabajo y entregaron al juez, según fuentes jurídicas, un listado de comunicaciones del jefe del Grupo de Blanqueo en el que aparecían los teléfonos del juez instructor, la Fiscalía y los dos periodistas. Fue a partir de ahí cuando se solicitó un listado "de las llamadas entre los policías y los periodistas con efecto retroactivo".
Todas estas gestiones no se comunicaron en ningún momento a las partes personadas en la causa al estar la pieza secreta, por lo que los periodistas no fueron conscientes de los pasos de los investigadores hasta que las Fuerzas de Seguridad acudieron a sus redacciones a requisar el material.