En ambos procesos jurídicos aparecía su nombre, siempre como abogada de la acusación, con la rúbrica en la denuncias. Las similitudes eran enormes en las dos situaciones, tanto en el fondo como en la forma. Todo tenía, claro, una explicación. Carmen Simón era la letrada encargada de enarbolar la denuncia de sus dos clientas, ambas entonces presuntas víctimas (era una apariencia) de violencia de género por parte de las que habían sido sus parejas. Tenían en común también otra cosa: ambas habían huido con sus hijos, secuestrándoles y alejándoles del núcleo familiar. Y lo hicieron pese a haber perdido su custodia. 

El caso de Daniel I. Aguirre se conoció este pasado domingo. Desde 2014, sus problemas crecieron sin medida, principalmente en el ámbito familiar. Él y su mujer, Patricia González, ahora detenida, se separaron 13 años después de haber iniciado la relación. Tenían una hija en común y un régimen de visitas pactado. La madre lo incumplía de forma continua, y se negaba a los acuerdos de reparto del tiempo sobre la pequeña.

Sostenía que no estaba dispuesta a compartirla y que se quedaba con ella. Por algo, decía, la había parido ella. Ante la negativa judicial, la mujer terminó denunciandole por abusos. Y la denuncia fue rechazada. Entonces Patricia cogió a la niña y desapareció.

"Ella se agarró como un clavo ardiendo a los de los abusos", dice Daniel a EL ESPAÑOL. "Es algo que te rompe por completo".  

Esta historia, cuyo desenlace se conoció este domingo con la detención de Patricia, guarda un gran parecido, no sin razón, con otra que conocimos hace un mes: Rafael era también un padre cuyo hijo le había sido arrebatado bajo el pretexto de una denuncia falsa, archivada anteriormente.

Aquella otra mujer se llamaba María Sevilla y era la presidenta de una asociación, Infancia Libre, dedicada a denunciar los abusos y malos tratos en menores. Cuando las autoridades localizaron al pequeño, Rafael llevaba dos años sin verle y se lo encontró asalvajado, dijo, como si le hubieran llevado a la selva y hubiese vuelto hecho un Mowgli. Absolutamente alienado. 

Femen, a las puertas de los juzgados en la mañana de este lunes. efe

Ambos casos tienen otro punto de unión, y ese es la abogada de ambas mujeres. Carmen Simón es la mujer que trató de armar ambos casos, ambos vacíos de elementos con los que probar las acusaciones. ¿Quién es esta mujer?

La abogada de las falsas denuncias de abusos

Durante más de 20 años, antes de dedicarse a estos menesteres, Carmen Simón fue una diletante judicial. La designaron como jueza sustituta hace más de dos décadas (nunca llegó a aprobar la oposición) y así encadenó vacantes en distintas salas de Madrid y alrededores durante muchos años. 

Simón pasó por los juzgados de Navalmoral de la Mata, por el número 37 o por el 54 de Instrucción de Madrid, entre otros. Le tocó instruir toda clase de procesos. 

Dos décadas después de comenzar esa travesía abandonó su puesto como sustituta y entró en el mundo de la abogacía. Pronto le surgieron, de forma consecutiva, estos dos casos que ahora resultan tan llamativos y que han explotado casi a la vez. 

Por el momento, la conexión entre ambos raptos apunta a que María Sevilla habría asesorado a la otra madre en el modo en que esconder su hija. Las dos pertenecen a la asociación fundada por la primera. Las dos buscaron apoyos políticos. Y, en parte, lo encontraron en Podemos cuando la formación morada cedió a exponer algunos de los presuntos casos conocidos desde la asociación en el Congreso.

Idéntico 'modus operandi'

María Sevilla, presidenta de Infancia Libre en el Congreso con diputadas de Podemos.

Las denuncias resultaron ser falsas, y el modus operandi fue el mismo. Para ello la abogada resultaba imprescindible. En cuanto ambas madres iban comprobando que sus posibilidades estaban casi perdidas, surgían las denuncias por abusos. 

En cuanto estas eran rechazadas (al no existir pruebas de los hechos de los que se les acusaba a los progenitores), tanto María Sevilla como Patricia González pusieron tierra de por medio, llevándose consigo a sus hijos. Casi a la vez, en el año 2017, ambas mujeres, miembros de Infancia Libre, desaparecieron y dejaron de dar señales de vida. "Supe que había puesto la vivienda en alquiler. Se había dado de baja del móvil".

En el caso de María Sevilla, por ejemplo, la mujer se arrimó a Podemos desde su asociación Infancia Libre, montada justamente en el momento en el que le estaban retirando la custodia de su hijo.

Ahora, el segundo caso en menos de un mes vinculado a la misma asociación está acabando igual que el primero. A los juzgados de Torrelaguna, Patricia González, la mujer que se llevó a su hija y que fue detenida en la sierra de Madrid este fin de semana, ha acudido con otro abogado diferente. La han puesto en libertad con cargos y una orden de 500 metros sobre su hija. Su antigua letrada, la que le gestionaba todo, ya no va a ser quien la represente.