El caso de la muerte asistida de María José Carrasco no se investigará en un juzgado de violencia de género. La magistrada titular del juzgado número 5 de Madrid ha decidido inhibirse en un auto remitido esta mañana a los medios, tal y como solicitaba la Fiscalía de Madrid este pasado martes. 

El pasado día 11 de abril, el juzgado de instrucción inicial se inhibió al entender, según la doctrina vigente del Tribunal Supremo, que cualquier acto violento hacia una mujer por parte de su pareja o expareja debe ser tratado jurídicamente como un caso de violencia machista. 

Ante esta decisión, que hacía que el caso contra Ángel Hernández recayese en este juzgado número 5, cuya titular es la magistrada Begoña López, la Fiscalía argumentó que considerar estos hechos como actos enmarcados en un delito de violencia contra la mujer resulta "contradictorio", toda vez que la propio María José Carrasco dejó expresado, como dejó grabado en vídeo minutos antes de su muerte, su deseo de que se completase el suicidio asistido.

Un mensaje "distorsionado"

Para la Fiscalía, considerar los actos de su marido como un asesinato machista envía un "mensaje distorsionado a la sociedad sobre cuál es la razón y contenido de la misma".

"Desde una perspectiva criminológica -explica la magistrada en su auto al que ha tenido acceso este periódico- este auxilio al suicidio de la persona grave que lo solicita expresamente no es la manifestación de ningún tipo de violencia física, psíquica o limitación de la libertad". 

La magistrada explica que "contrariamente a lo mantenido por el Juzgado remitente, este juzgado no es competente para la instrucción de las diligencias remitidas al no ser competencia de los Juzgados de Violencia sobre la mujer".

Los hechos a los que se refiere el auto de la juez sucedieron a principios del pasado mes de abril. Tras años reclamando la muerte asistida, enferma de esclerosis múltiple durante las últimas tres décadas, María José Carrasco decidió poner fin al prolongado sufrimiento. Su marido, Ángel Hernández, le suministró a Carrasco un vaso con el pentobarbital sódico que ella había comprado cuando todavía podía valerse por sí misma. 

Carrasco dependía de su marido para todo y había expresado de forma reiterada, en distintos medios de comunicación, su deseo de morir. También había reivindicado en repetidas ocasiones la necesidad de aprobar una ley de eutanasia. El último día, el que se bebió el pentobarbital, dejó grabado a cámara su consentimiento expreso para lo que estaba sucediendo. Su marido, por ayudarla, fue detenido unas horas después.