La paciente en coma desde los 3 años está de parto: la violación más atroz en Arizona

Cuando era una niña de apenas tres años fue ingresada en una clínica de Phoenix, Arizona, a causa de una lesión cerebral que le hurtó la conciencia para siempre. Desde entonces se ha pasado más de 27 años postrada en una cama, inconsciente y siendo alimentada de forma artificial, estando presente sólo en los pensamientos de su madre y de su tribu nativo americana, la San Carlos Apache. Su existencia transcurría inadvertida para el resto del mundo, hasta que el pasado 29 de diciembre todo cambió. 

Aquel día esta mujer, cuya identidad se mantiene en el anonimato, empezó a quejarse y a revolverse en su habitación. Los gemidos alertaron al personal sanitario del centro Hacienda Healthcare que, desconcertado, comprobó que la paciente se había puesto de parto. En aquel momento, esta joven no sólo estaba dando a luz a su bebé, sino a uno de los mayores escándalos sanitarios que se recuerdan en los Estados Unidos.

Este caso trae a la mente el argumento de la película de Almodóvar 'Hable con ella', estrenada en 2002, en el que Benigno (Javier Cámara) trabaja como enfermero en una clínica en la que se atiende a personas en coma, como a Alicia (Leonor Watling). Benigno, quien cree poder despertar a Alicia, acaba cometiendo una violación.

La noticia saltó hace unos días a las portadas de todo el país y del resto del mundo, con algunos datos que se van corrigiendo a medida que transcurren las jornadas. Por ejemplo, aunque inicialmente se dijo que llevaba en estado vegetativo 14 años -por un ahogamiento que casi le cuesta la muerte-, lo cierto es que prácticamente se ha pasado toda la vida ingresada. Además, según las últimas revelaciones judiciales, su violador podría haber planeado la agresión para no ser detectado. De hecho, si no hubiera sido por el embarazo, quizá se habría salido con la suya y todavía hoy estaría siendo víctima de sus abusos.

La historia de esta mujer empieza en 1989. A los tres años de nacer en una comunidad nativo americana del estado de Arizona, y tras sufrir el mencionado accidente, es ingresada en 1992 en el centro Hacienda HealthCare, dedicado a cuidar a este tipo de pacientes. Allí transcurre su niñez, adolescencia y juventud, hasta que en 2009, al cumplir los 20 años, un juzgado otorga a su madre su tutela legal completa. Ordena realizar exámenes médicos anuales para comprobar la evolución de la joven, según los registros judiciales que la prensa local está desvelando en los últimos días.

Estos informes médicos eran remitidos periódicamente al tribunal y a los trabajadores sociales para monitorizar su estado de salud. Mientras, su madre, que reside en la reserva indígena de San Carlos Apache, a 215 kilómetros de Phoenix, la visitaba dos veces al mes, según consta en estos expedientes.  

Ningún médico detectó nunca nada raro. Es más, el último análisis anual realizado a la víctima tuvo lugar el 16 de abril de 2018, es decir, 8 meses y medio antes de dar a luz el 29 de diciembre. El doctor responsable de aquel chequeo no hizo ninguna mención fuera de lo común y recomendó al personal de la clínica continuar “con la atención actual”. Que este informe se emitiera casi nueve meses antes del parto lleva a plantearse si el médico no se percató de que la paciente había sido forzada, o si los abusos tuvieron lugar justo después de esta revisión, lo que apuntaría a un cierto grado de planeamiento.

A la espera de que la policía despeje estas incógnitas, lo que se da por seguro es que en las conclusiones de aquel último examen presentado ante el tribunal se indica que la joven pesa 50 kilos, que presenta una lesión cerebral, convulsiones, neumonía recurrente y que respira y se alimenta a través de mecanismos de intubación.

"Incapaz de dar consentimiento"

La situación de la mujer era la propia de una persona en estado vegetativo. Desde 1992, “todas sus necesidades se satisfacían en este centro”, según documenta el juzgado encargado de seguir su estado, que describe a la víctima como “incapacitada” e “incapaz de tomar decisiones o dar su consentimiento”. 

De no haber quedado embarazada tras la violación, nadie habría sabido del abuso, del que de momento se desconoce si representa una agresión puntual o continuada. La policía abrió una investigación tras conocer lo sucedido y este pasado martes logró la autorización judicial para recabar muestras de ADN de todos los trabajadores de la clínica, cuya responsabilidad también se ha puesto en cuestión al no haber detectado nadie, durante nueve meses, que la mujer estaba en cinta.

El escándalo ha tomado además una dimensión racial al saberse que la víctima es una ciudadana indígena inscrita en los registros de la Tribu Apache de San Carlos. Su líder, Terry Rambler, emitió un comunicado el martes mostrándose “profundamente conmocionado y horrorizado por el trato que recibió una de nuestras integrantes”. “Cuando eres un ser protegido con los cuidados paliativos, cuando eres más vulnerable y dependes de los demás, confías en tus cuidadores. Lamentablemente, uno de esos cuidadores no era de confianza y se aprovechó de ella. Espero que se haga justicia”, sentenció.

La familia de la mujer violada ha pedido que se preserve su intimidad, por lo que ha sido su abogado, John Michaels, especialista en negligencias médicas, quien se ha pronunciado reclamando respeto: “La familia obviamente está indignada, traumatizada y conmocionada por el abuso y el abandono de su hija en el centro Hacienda HealthCare. Ellos son conscientes de las persistentes noticias y el interés público del caso de su hija, pero en este momento no está emocionalmente preparada para hacer una declaración pública”.

No obstante, el abogado sí despejó la principal duda que sobrevolaba sobre el futuro del niño recién nacido, anunciando que el bebé “nació en una familia llena de amor y que estará bien cuidado”.

La opinión pública local ha puesto la lupa ahora en el centro Hacienda, desvelando denuncias de extrabajadores que, si bien no llegan al grado de lo ocurrido con esta mujer, sí demuestran que la dirección de este complejo sanitario actuó negligentemente durante demasiado tiempo.

Bromas sobre los genitales

Los medios recogen denuncias anónimas de exempleados que hablan de incidentes como el ocurrido con un paciente incapacitado que presuntamente tuvo que soportar los comentarios jocosos e inapropiados de varias enfermeras sobre sus genitales mientras lo atendían. Este abuso habría sido puesto en conocimiento del director general del complejo, Bill Timmons, para que fuera trasladado a las autoridades, algo que él decidió no denunciar. 

Tras este escándalo, Timmons dejó su puesto a principios de esta semana, según confirmó en un comunicado la clínica. Gary Orman, miembro de la junta de Hacienda Healthcare, prometió una investigación completa del caso de la violación.

El centro sanitario además se ha mostrado abierto a colaborar con la policía, especialmente desde que el martes se autorizó judicialmente la prueba genética a sus empleados. Un test que la clínica no emprendió inicialmente ‘motu proprio’ por motivos legales. “Habíamos consultado a nuestros abogados para determinar si sería legal obligar a nuestros trabajadores a someterse a pruebas de ADN para pruebas genéticas voluntarias (...) Nos dijeron que sería una violación de la ley federal”, justificó la institución, que añade que continuará “cooperando con la Policía de Phoenix y todas las demás agencias de investigación” para esclarecer “esta situación profundamente perturbadora”.

Es cierto que el cuerpo policial de la capital de Arizona conoce bien esta clínica, aunque por motivos muy distintos. Cada Navidad, efectivos de la policía acuden a participar en una iniciativa llamada ‘Blue Santa’, que consiste en llevar regalo a los pacientes más pequeños del centro.

El 83% de discapacitadas, agredidas

Aunque no es fácil detectar este tipo de abusos por la incapacidad de la víctima de denunciar, existen publicaciones que sostienen que en los EEUU las personas con discapacidad son agredidas sexualmente casi tres veces más que el resto de la población. Según datos de la iniciativa Disability Justice, un estudio de 2005 reveló que el 60% de los encuestados —personas con discapacidad— habían sido sometidos a algún tipo de actividad sexual no consentida. Casi la mitad nunca lo denunció. “En general, estas personas experimentan violencia doméstica y sexual en tasas más altas que el resto”.

Según estos datos, el 83% de las mujeres con discapacidad serán agredidas sexualmente a lo largo de sus vidas, pero sólo tres por ciento de esos casos serán denunciados. En general, todos los indicadores apuntan a que padecer algún tipo de inhabilidad incrementa las posibilidades de ser una víctima de abuso, una realidad que hasta ahora había quedado oculta en la era del movimiento ‘Me too’, justo cuando estas situaciones están acaparando la atención nacional. 

A esto se suma que el riesgo también se dispara para las mujeres indígenas. Estudios publicados por la cadena de radio pública NPR muestran que una de cada tres mujeres nativo americanas es agredida sexualmente durante su vida. 

Este tipo de asaltos sexuales a personas vulnerables no siempre terminan en un embarazo que delate al agresor, como ha ocurrido en Arizona. Y aunque esta circunstancia ayudará a atrapar al violador, puede poner en peligro la salud de la madre y del bebé, ya que los embarazos de personas en estado vegetativo conllevan riesgos médicos.

El doctor Arthur Caplan, Jefe de la División de Ética Médica de la Escuela de Medicina de la Universidad de Nueva York, explicó en 2015 a la publicación ‘Vice’ que una persona en coma puede tener un bebé, aunque “esto podría comprometer la salud del feto”. “Es posible llevar a término un embarazo, pero depende de qué tiempo tenga la criatura. Si tiene 28 semanas, es probable practicar una cesárea”. 

Existen precedentes. En 2001, una mujer llamada Chastity Cooper, en Kentucky,  entró en coma tras un accidente de tráfico. Los médicos detectaron que llevaba dos semanas en cinta, por lo que decidieron mantenerla en ese estado durante el coma. Finalmente, tuvo un parto sin cesárea y el bebé nació sano. 

Violación para revertir el coma

Sin embargo, el caso más parecido al de Arizona ocurrió en 1996 en el estado de Nueva York. Otra mujer de 29 años, identificada sólo como Kathy, quedó embarazada pese a llevar en coma diez años. Tras la investigación se descubrió que el violador había sido un auxiliar de enfermería encargado de cuidarla, John Horace. Fue condenado y enviado a prisión. En una entrevista posterior, se justificó diciendo que lo hizo para revertir el coma. “Pensé que había algo, basado en la información médica que leí, que yo podía hacer para devolverle la vida a esta mujer”, alegó.

El caso de Kathy fue citado como “el único caso conocido de alguien que se queda embarazada y da a luz en un estado de coma”, hasta ahora. Según publicó el New York Times, Kathy murió aproximadamente un año después.

El bebé fue criado por la madre de la víctima, quien también solicitó una legislación al estado de Nueva York que exigiera verificar los antecedentes de los auxiliares de enfermería de estas clínicas, entre otras medidas para evitar nuevos casos de abusos. Esa norma estatal, conocida como ‘Ley de Kathy’, entró en vigor en 1998. Arizona, en cualquier caso, queda muy lejos de Nueva York. El caso sigue abierto.