En octubre del año pasado, hace ahora justo un año, publiqué en este periódico mi viaje de ida y vuelta a Marruecos en una lancha que alijó 2.400 kilos de hachís en una playa gaditana. Ningún otro medio en España ha sido testigo en primera persona de cómo operan desde dentro las bandas del Campo de Gibraltar. EL ESPAÑOL fue el primero.

Noticias relacionadas

Aquella noche acompañé a cuatro hombres. Íbamos sentados en un potro con cuatro asientos sobre una 'goma' con dos motores que valía 250.000 euros. Me recogieron en un punto acordado y luego nos subimos en una lancha que pusieron en el mar sacándola de un chalet. La llevaron hasta la orilla con la ayuda de un tractor. El viaje fue tranquilo. No nos cruzamos con ninguna barzaca de la Guardia Civil ni tampoco nos siguió el helicóptero de Aduanas.

Todavía hoy me preguntó cómo puede ser que nadie tratara de frenar la embarcación dado que en toda la costa andaluza está implantado el Sistema Integrado de Vigilancia Exterior (SIVE), un complejo operativo de cámaras térmicas que señala la ubicación de las embarcaciones por el calor de sus motores.

[Más información: Mi viaje con 2.400 kilos de hachís a bordo de una lancha de traficantes]

Ahora el Gobierno va a prohibir que este tipo de embarcaciones puedan navegar. “Es una medida que llevamos años reclamando. El Gobierno hace bien. Pero que nadie piense, como ya le he escuchado a algún iluminado, que con ella se va a acabar el narcotráfico”.

Son palabras para EL ESPAÑOL de Francisco Mena, presidente de la Federación de Coordinadoras contra las Drogas del Campo de Gibraltar y presidente de la plataforma 'Por tu seguridad, por la de todos’, que engloba a sindicatos policiales, asociaciones de Guardia Civil y colectivos sociales de la zona.

Francisco Mena, junto a la desembocadura del río Guadarranque. Fernando Ruso

Paco, al que conozco desde hace años, tiene razón. La medida es oportuna pero insuficiente. Otra de las muchas que han de llegar. El hombre que -caso extraño- nunca se ha escondido ante los narcotraficantes del Estrecho sabe que la prohibición de navegar con una narcolancha será un escollo más para los narcos del hachís, pero que la ley deberá ir acompañada de otras decisiones de mayor calado y, sobre todo, con la vista puesta en el largo plazo. A corto, el negocio seguirá.

A juicio de Mena es indispensable que se incrementen las penas de prisión para quienes trafican con ‘chocolate’. Eso sí disuade, dice. De nuevo estoy con él. No puede ser que llevar encima un kilo y medio de cocaína suponga de largo más años de prisión que transportar tres toneladas de hachís.

El daño a la salud de una y otra droga es muy distinto, es cierto, pero la laxitud de las leyes con los traficantes de hachís hace que todos ellos asuman como lógico que van a pasar unos años privados de libertad, pero que se quedarán en tres, cuatro, cinco…

El decreto

Pero vayamos al principio. Este viernes, en Sevilla, el Gobierno aprobó el decreto que prohíbe la navegación y tenencia de lanchas semirrígidas a particulares. Es decir, no se prohíbe la compra pero sí, por ejemplo, transportar una ‘goma’ por carretera en un remolque o realizar una travesía por mar aunque vaya sin carga a bordo. Si no tienes autorización, se te podrá requisar en ese mismo instante, algo que antes no sucedía salvo que trasladara mercancía o elementos como gasolina para otras lanchas. 

El argumento dado para aprobar la medida de “urgencia” ha sido que dichas lanchas están siendo empleadas, además de para traficar con drogas, para el traslado de inmigrantes desde Marruecos hasta España a través del Estrecho. Hace unas semanas se detuvo a varias personas en Ceuta. Cobraban 2.000 euros a cada inmigrante.

Dicho decreto incluye la apertura de un registro de operadores de embarcaciones neumáticas y semirrígidas de alta velocidad con el fin de determinar quién puede poseerlas y usarlas. La portavoz del Ejecutivo, Isabel Celaá, subrayó que "en sí mismas las narcolanchas se califican como género prohibido" en todo el territorio nacional.

Hasta el momento, cuando la Guardia Civil paraba a una lancha entrando al río Guadarranque desde las aguas de la Bahía de Algeciras, si la embarcación iba vacía porque el alijo se había producido en otro punto del litoral gaditano las autoridades policiales sólo podían interponer una sanción administrativa a las personas que iban a bordo. Una multa. Ahora eso cambiará. Podrá ser retirada en ese preciso instante.

Una lancha saliendo del río Guadarranque en dirección al mar de la bahía de Algeciras. EE

[Más información: Las narcolanchas de La Línea se pasan del hachís al inmigrante: 3.000 euros por cruzar el Estrecho]

Precisamente, Paco Mena hace referencia a otra medida tomada sobre el Guadarranque, conocido como el ‘río de las narcolanchas’ ya que por él se accede a una zona de urbanizaciones con embarcaderos. Dichos inmuebles los compran y los alquilan los narcos para poner en el agua sus ‘gomas’ con facilidad. A finales de 2016, el por entonces Gobierno del PP instaló una barrera con barras que va de un margen a otro del río. Pues bien, la semana pasada los narcos serraron uno de los tramos. Es la cuarta vez que lo hacen en menos de dos años.

“Recuerdo que Zoido -anterior ministro del Interior- dijo que con esta medida seiba a acabar con el tráfico de drogas en el Campo de Gibraltar. Pero ni mucho menos. Los narcos se reconvierten en función de sus necesidades. Y con las lanchas sucederá lo mismo en adelante”, explica Mena. “Aunque ambas medidas, la de antes y la de ahora, van por el buen camino”, añade.

Los narcoastilleros

En mayo de este año, las autoridades policiales desmantelaron un astillero ilegal en Puerto Real (Cádiz). En la provincia hay un puñado de ellos que se encuentran operativos en estos momentos, según conoce este periodista. También alguno en Portugal y en Galicia.

Este narcoastillero estaba dentro de una nave en mitad del monte. En un extremo tenía una salida directa al agua del caño de Sancti Petri, desde donde es posible llegar a la bahía de Cádiz, a la de Algeciras o a la desembocadura del Guadalquivir.

Un alto funcionario policial explica a este periódico que con la medida del Gobierno “proliferarán este tipo de negocios”. “Cada organización buscará cómo seguir traficando. Algunos montarán sus propios astilleros. A su vez, otros encargarán que les construyan sus lanchas. O robarán las que estén en depósitos judiciales”.

Ya sucedió en febrero, cuando varios encapuchados asaltaron de madrugada el depósito judicial de Conil para llevarse una embarcación semirrígida de 12 metros de eslora. O como sucede en el mayor cementerio de narcolanchas de España, ubicado en el Campo de Gibraltar y al que tuvo acceso este periódico.

“Si en el fondo buscan tener vigilados a quienes las compran, las compraremos a otros, las robaremos o las mandaremos construir”, dice un miembro de una escalafón medio de una banda de narcotraficantes de La Línea de la Concepción (Cádiz).