Nuevo revés para el diésel. El gasoil se ha convertido en un combustible maltratado, en la oveja negra que hay que apartar del camino con medidas que atacan a los propios consumidores. El nuevo impuesto al gasóleo ya forma parte de la propuesta oficial de los Presupuestos Generales del Estado, un tributo que afecta de forma directa al bolsillo de los ciudadanos.
Los propietarios de vehículos diésel tendrán que preparar su cartera para un gasto más. Según los cálculos oficiales del actual Gobierno, el impuesto sobre este combustible supondrá un incremento de 38 euros cada 1.000 litros. Los dueños de este tipo de vehículos tendrán que pagar 4,6 céntimos más por cada litro.
Un depósito medio tiene una capacidad de sesenta litros, lo que supondría un aumento de poco más de dos euros en cada recarga de combustible, un gasto al que tendrán que hacer frente desde el momento en el que se hagan efectivos los nuevos presupuestos.
Al mes supone una subida de 3,3 euros en la cartera de los propietarios de este tipo de coches. Una estimación que parte de la premisa de los 38 euros explicada por el propio Gobierno y que variará dependiendo del uso que cada persona haga de sus coches y que está sujeto a los vehículos estándar, no a los dueños de camiones u otros grandes transportes.
Esta medida presupuestaria no solo tendrá fuertes consecuencias en las personas propietarias de coches diésel, también en los establecimientos que se ocupan de proveerlos. "Llega en un mal momento porque estábamos tratando de salir del hoyo de la crisis y esto provoca un paso atrás", explica Nacho Rabadán, portavoz de la Confederación Española de Empresarios de Estaciones de Servicio (CEEES) en una conversación con este medio. Y añade: "Es como poner una bota en la cabeza de los que estaban intentando salir de la crisis".
"Se trata de una subida profundamente injusta y regresiva, porque los impuestos indirectos afectan a los ciudadanos con menos renta", explican. Temen que la subida de los impuestos traiga consigo la disminución de la clientela que, por imposibilidad de asumir los pagos, opten por otros medios de transporte y dejen de lado a sus vehículos diésel.
Desde la confederación han mostrado su completo rechazo ante esta nueva medida. "Los empresarios de estaciones de servicio actúan como recaudadores de la administración, por lo que cualquier incremento de la carga fiscal va directamente contra nuestros intereses", aseguran desde CEEES.
En el lado contrario se sitúa el Gobierno. María Jesús Montero, ministra de Hacienda, que, durante la rueda de prensa explicando el plan presupuestario, explicó que el dinero que se recaude se utilizará para llevar a cabo un plan de ayudas continuas y sin interrupciones hasta 2020.
En España, lejos de ayudar a aquellos que poseen un vehículo diésel, como ya han hecho en otros países, se implanta este impuesto que busca aunar la recaudación para ayudar a los vehículos eléctricos de cara al futuro. En el resto de Europa, las medidas pasan desde la exenciones de impuestos hasta las subvenciones como medio para acabar con los vehículos diésel, decisiones que se alejan de un aumento impositivo, como sí se quiere llevar a cabo dentro de las fronteras nacionales y que ha generado la oposición de los sectores relacionados con este sector.
No es una medida activa todavía, es un plan que espera la aprobación de Bruselas y su siguiente aceptación en el Senado pero sí una estela que apunta a hacerse efectiva.