La sintonía que gritaban las calles españolas cuando se conoció la sentencia del caso de ‘la Manada’, que condenaba a José Ángel Prenda y compañía a 9 años de cárcel por un delito de abuso sexual con prevalimiento, ha retumbado en el palacio de La Moncloa. Allí, este jueves, a primera hora, saltaba la liebre: el golpe efectista, simbólico, del acuerdo presupuestario rubricado por el PSOE y Unidos Podemos era ese. El “No es no”, o, mejor dicho, su versión positiva: solo sí es sí.
Entre las llamativas medidas negociadas por Pedro Sánchez y Pablo Iglesias asomaban, desapercibidas, unas medidas recogidas bajo el epígrafe ‘Una sociedad más feminista: clave para el bienestar social y el progreso económico’. Dentro, una primera medida, más brillante, que rápidamente ha copado titulares —Equiparación de permisos de maternidad y paternidad—. E, inmediatamente después, el espacio reivindicado por los colectivos feministas y una apuesta personal de la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo: la acotación de la calificación de los delitos sexuales en la legislación para que no haya margen a la interpretación.
“Para erradicar la violencia sexual se impulsará una ley integral por la protección de la libertad sexual y contra las violencias sexuales [...], la unificación y ordenación de las conductas constitutivas de agresiones sexuales y de abusos sexuales bajo la denominación común de ‘agresiones sexuales. [...] Se impulsará una necesaria reforma del Código Penal con el objetivo de garantizar que, si una mujer no dice que sí explícitamente, todo lo demás es no’”. ¿Impacto presupuestario previsto? Pasapalabra.
Un mero "compromiso" enraizado con las manifestaciones feministas
La jueza Victoria Rosell, en conversación con EL ESPAÑOL, aclara que este punto no puede modificarse en la ley de PGE, - la reforma del Código Penal exige otra mayoría por ser ley orgánica, no ordinaria- pero sí “es un compromiso político de ambos partidos con una visión feminista sobre las violencias sexuales”. Al final dependerá de si hay “mayoría suficiente para llevar a cabo esta propuesta de reforma”.
El origen es claro, según la magistrada. “Más que con la sentencia, esto tiene que ver con la reacción feminista a varias resoluciones judiciales”. A las manifestaciones masivas, a las huelgas feministas y la lucha de las mujeres para reivindicar su espacio en la sociedad.
Marisa Soleto, jurista y miembro de la Fundación Mujeres, coincide. “Hay mucho espacio entre el trabajo legislativo y la propuesta parlamentaria. Habrá qué ver qué propuestas ponen sobre la mesa”. Considera que la constatación del sí, de la voluntad, no es un objetivo inalcanzable, sino que “se puede hacer”. “Que se reorganicen los delitos contra la libertad sexual y que toquen cuestiones como la ley de Enjuiciamiento Criminal para que se garantice que no haya juicios sumarios a las víctimas”. Como sucedió con María [nombre ficticio], la joven de apenas 18 años violada por los cinco sevillanos en los Sanfermines de 2016.
La diferencia actual entre los delitos es la violencia, no la penetración
En la actualidad, el Código Penal recoge que la falta de consentimiento es delito sexual. Y que la diferencia entre una ‘agresión sexual’ y un ‘abuso sexual’ reside en la violencia o la intimidación. Da igual que haya penetración o no. “Si te violan tras haberte drogado con burundanga es un delito de abuso, porque no se empleó la violencia”, explica a este periódico el forense, asesor de la OMS para la violencia machista y exdelegado del Gobierno para la Violencia de Género entre 2008 y 2011, Miguel Lorente. “Eso no se puede mantener ni entender que no sea considerado agresión”.
De momento, así lo recoge el Título VIII del Libro II redactado por el artículo primero de la L.O. 11/1999, de modificación del Título VIII del Libro II del Código Penal, que versa sobre “Delitos contra la libertad e indemnidad sexuales”. Y esa es la reforma que pretenden acatar los socialistas y los miembros de la confluencia de izquierdas.
“Es verdad que muchas juristas y magistradas hemos valorado la sentencia de la Manada por cómo, precisamente, describe una agresión sexual y acaba condenando por abusos”, argumenta Victoria Rosell. “Que todo se llame agresión quizá sea más importante pero por ser más simbólico, porque el lenguaje tiene su importancia en cuanto la carga del delito”.
¿Cambiarán en algo las relaciones sexuales? No
¿Significa este acuerdo —de salir adelante con la aprobación de los Presupuestos en el Congreso— que vayan a variar las relaciones sexuales en nuestro país, como claman algunos sectores? Los expertos consultados lo tienen claro: no. “¿Acaso jugar con la duda de si una mujer quiere mantener relaciones sexuales es normal? ¿Es algo aceptable? No. Hay que partir de la base de que una mujer es absolutamente inteligente para decir sí o no”, opina Lorente.
El médico forense mantiene que hay que desterrar el “mito y estereotipo de que haya que insistir a la mujer, porque si te dicen que ‘no’ de primeras es porque si no iban a decir que era una cualquiera”. “Los hombres no somos ni tan torpes ni tan tontos para no entenderlo. Se trata de entender el lenguaje y aceptarlo”.
La magistrada Rosell también es contundente en este respecto. “Yo entiendo que el consentimiento expreso puede ser con palabras o con gestos concluyentes. Pero tiene que ser expreso. Pero todos sabemos de qué estamos hablando. Sin ningún género de dudas”.