Manuel Sánchez Corbí, el liberador de Ortega Lara que sólo habla ante el juez

“Aquí hay vida, está aquí seguro, esto no es normal”. Un joven capitán de la Guardia Civil mostró su convicción de que Ortega Lara permanecía retenido en aquella nave industrial de Mondragón. Era el 1 de julio de 1997 y los primero registros de los agentes habían resultado infructuosos. Los ánimos empezaban a decaer. Incluso el juez presente, Baltasar Garzón, llegó a bajar los brazos: “Vamos a acabar el registro, han trabajado bien pero no ha podido ser”. Pero aquel capitán se obcecó con cabezonería castrense: “Señoría, seguimos estando convencidos de que está aquí”. Tras horas de búsqueda, por fin se localizó el zulo. A través del agujero asomó un hombre que, en lo físico, no era más que los despojos de su pasado: el funcionario de prisiones José Antonio Ortega Lara, secuestrado durante 532 días por ETA.

Ese capitán de la Guardia Civil no era otro que Manuel Sánchez Corbí (Valladolid, 1963), ahora coronel del Instituto Armado y máximo responsable de la Unidad Central Operativa (UCO). Su trayectoria se dibuja entre los años más duros del terrorismo, siempre al servicio de los engranajes de Información del Cuerpo. Los comandos más sanguinarios de ETA -también su estructura orgánica- han sufrido sus golpes más duros en manos de esta sección de la Benemérita.

Con el paso de los años, el coronel Corbí ha reciclado sus capacidades hasta erigirse como jefe de la UCO. Por sus despacho han pasado las investigaciones de algunos de los escándalos de corrupción más significativos de nuestro país de los últimos años. Uno de ellos, la supuesta financiación irregular del PP, con los papeles de Luis Bárcenas -extesorero del partido- como punta visible del iceberg.

La comparecencia en el Congreso

Ese es el motivo por el que el coronel ha comparecido este martes en el Congreso de los Diputados. Concretamente, en la comisión sobre financiación de partidos, con el foco puesto sobre los casos Taula, Púnica y Lezo que afectan a los populares. Lo ha hecho bajo petición de los grupos parlamentarios.

El coronel Corbí se ha ajustado al guión previsto: “La policía judicial se comunica solo con el juez y el fiscal”. Porque los casos para los que ha sido citado en la comisión del Congreso aún están vivos en la Audiencia Nacional. De hecho, el juez José de la Mata ha citado a declarar como testigos para el próximo 18 de diciembre a los expresidentes de la Comunidad de Madrid y de la Generalitat Valenciana, Ignacio González y Eduardo Zaplana, respectivamente, a Javier López Madrid, a Ildefonso de Miguel y a Julio Ariza.

Por eso, el jefe de la UCO se ha ceñido a lo que cabía esperar. “Estaría interfiriendo en el curso de las investigaciones [si hoy hablase aquí]”, ha arrojado, pese al revuelo -quizá más enfocado de cara a la galería- que ha provocado entre los representantes parlamentarios allí congregados.

Una vida dedicada al Cuerpo

Hijo y nieto de guardias civiles, ingresó muy joven en la Academia General Militar de Zaragoza y en 1987 obtuvo su primer destino en el Servicio de Información de Vizcaya, ya como teniente.

Pocos como el coronel del Instituto Armado conocen los mecanismos del sistema judicial español. Su carrera se sustenta en buena medida en los informes jurídicos que han servido para neutralizar a ETA y sus organizaciones: de la antigua Batasuna a Jarrai, entre otras. Por estos servicios, entre otros, ha sido condecorado con cinco cruces al Mérito de la Guardia Civil con distintivo rojo y la Legión de Honor francesa.

Recientemente ha publicado dos obras literarias complementarias entre sí: Sangre, Sudor y Paz e Historia de un desafío, en la que escribe como coautor la lucha de la Guardia Civil contra ETA; no se trata de una obra autobiográfica, pero en muchos de sus episodios se recogen escenas que protagonizó el propio coronel.

Por estos motivos, Sánchez Corbí se ha convertido en una de las figuras más odiadas por el entorno abertzale próximo a ETA, que no duda en recordarle -de forma constante y siempre que tiene ocasión- el indulto que le concedió el Gobierno de José María Aznar cuando estaba destinado en el País Vasco.

En octubre de 2011, siendo ya ETA un ente que apenas se sostenía en sus siglas y en el rastro de sangre que dejaron tras medio sigla de existencia, la banda terrorista anunció el “cese definitivo de la actividad armada”. Con ello, Manuel Sánchez Corbí recondujo su carrera hacia la Unidad Central Operativa, a la que accedió en 2013. Actualmente ostenta la jefatura de este departamento.

Desde entonces ha investigado los casos de corrupción que han sacudido los cimientos del PP: de Lezo a Púnica, pasando por Taula. El jefe de la UCO ha negado este martes en el Congreso la existencia de interferencias políticas en las pesquisas: “La única presión, si podemos llamarla así ya que no nos afecta, es la de la prensa. Pero eso es ruido. Nuestro trabajo va dirigido a los jueces que son los que tutelan los informes”.

Aún está por ver si, tal y como ha propuesto Ciudadanos, la comisión cita de nuevo al coronel de la Guardia Civil para una comparecencia secreta que incida de nuevo en la supuesta financiación ilegal del PP. Por el momento, la actitud de Sánchez Corbí se ciñe a lo que marca la ley: sólo habla ante el juez de los casos que aún están bajo investigación.