Francisco Granados ha hecho uso de la última palabra en la última sesión del juicio celebrado estos días en la Audiencia Nacional, en el que se aborda el presunto chivatazo del guardia civil José Manuel Rodríguez Talamino a Granados para avisarle de que estaba siendo investigado por la Unidad Central Operativa (UCO).

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El empresario y presunto conseguidor de la Púnica, David Marjaliza, ha reconocido este jueves ante la jueza que Granados le llamó para avisarle de que le estaban investigando y que juntos destruyeron hasta "tres carros" con documentos de una contabilidad B. En ésta, según él, aparecían amaños y sobornos a políticos, entre ellos los pagos de hasta tres campañas electorales de Granados, viajes y escopetas.

En su turno de última palabra, el exalcalde de Valdemoro ha negado estos hechos, también que fuera socio de Marjaliza y le ordenase deshacerse de los papeles en un día de niebla, como ha contado el empresario en la sesión de mañana del juicio. "Nunca me ha dado un euro y también es mentira lo de la niebla", ha defendido Granados, quien también ha vuelto a quejarse de la "verdadera injusticia" que, según dice, se está cumpliendo contra él frente a Marjaliza, que no está imputado en esta primera pieza del caso Púnica que llega a juicio.

En este sentido, ha enfrentado el trabajo "honrado" de los dos guardias civiles acusados de revelación de secretos, José Manuel Rodríguez Talamino y José Luis Caro Vinagre, a la actuación de Marjaliza, al que ha acusado de llegar a acuerdos con la Fiscalía a cambio de contarles información del caso.

Su abogado tira del archivo de la AEMET

El abogado de Francisco Granados, José Javier Vasallo, también ha insistido en su informe final en que la declaración de Marjaliza "está basada en mentiras". El letrado ha cogido su teléfono móvil, ha consultado el tiempo de octubre de 2014 y ha explicado al juez que "fue un otoño muy cálido y sin precipitaciones" para desmontar el testimonio de Marjaliza.

Vasallo ha pedido la absolución de su defendido y ha vuelto a quejarse del trato de favor a cambio de información que considera ha dado la Fiscalía a Marjaliza. El Ministerio Público pide tres años de prisión para el exconsejero de Aguirre, igual que para los otros dos acusados por el delito de revelación de secretos.