Juana Rivas deberá entregar este lunes a las 17.00 horas a sus dos hijos al padre, el italiano Francesco Arcuri. Es la fecha límite fijada por el Juzgado de Instrucción número 2 de Granada. La madre de Maracena (Granada) tendrá que elegir entre seguir con su pulso con la justicia o devolver a los pequeños, de 3 y 11 años, a su progenitor.

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En caso de no cumplir con el auto, y según las fuentes jurídicas consultadas por este diario, Juana Rivas se expone a una nueva orden de detención y a ingresar en prisión. Sería de forma provisional, con el fin de asegurar los bienes que están en peligro, en este caso sus hijos. Así lo señala el artículo 503 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Y se ordenaría su entrada en la cárcel por dos motivos: por no dar cuenta de dónde están los menores y por su reiteración delictiva.

“Es claro que ante una actitud renuente o rebelde del progenitor sustractor habrán de acordarse las medidas procedentes, incluso la actuación coactiva a través de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad”, expone la juez, que también podría suspender la patria potestad de Juana hasta en diez años. En ese supuesto se fijaría un régimen de visitas con el menor, y la juez decidiría en qué condiciones y con qué garantías debería desarrollarse.

Prohibir la comunicación con sus hijos 

En el auto, contra el que cabe recurso, la juez le advierte de que si no acata la ley se adoptarán “las medidas cautelares que, vista la gravedad de los hechos investigados, se requieran”.

Esas medidas cautelares, además de las de detención, ingreso en prisión o suspensión de la patria potestad, pueden concretarse en prohibir a Juana aproximarse a sus hijos o comunicarse con ellos, impidiendo “establecer contacto escrito, verbal o visual por cualquier medio de comunicación o medio informático o telemático”, según recoge el artículo 158 del Código Civil. En general, la juez puede adoptar cualquier disposición que “aparte al menor de un peligro o de evitarle perjuicios en su entorno familiar”. 

En caso de que Juana se negara, la juez podría tomar “las medidas necesarias para la ejecución de la sentencia de forma inmediata, pudiendo ayudarse de la asistencia de los servicios sociales y de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad”, tal y como indica el artículo 778 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

La Guardia Civil registrará el domicilio

Asimismo, y “ante la falta de colaboración total y absoluta por parte de la señora Rivas en cuanto a su obligación del cumplimiento de resoluciones judiciales firmes”, la juez acuerda que la Guardia Civil se persone en su domicilio para requerirle que proceda a la entrega de los menores.

El auto también avisa a Juana de que si no entrega a los menores, será “materialmente imposible” que sean oídos. La juez sospecha también que, “dado el tiempo que permanecen los menores bajo la potestad de su madre”, sus hijos sufran una “posible alienación parental”, cuando uno de los progenitores intenta hacer un ‘lavado de cerebro’ del pequeño para ponerlo en contra de su otro progenitor. Se considera un tipo de maltrato infantil.

Ha desobedecido otras veces

No es la primera vez que esta vecina granadina ha desoído las órdenes judiciales. El pasado 26 de julio debía restituir a los niños con su padre -condenado por un delito de lesiones en el ámbito familiar- y decidió desaparecer voluntariamente junto a ellos. Tras ello, su expareja inició acciones judiciales contra ella por un posible delito de sustracción de menores y desobediencia a la autoridad judicial. El caso saltaba a la vía penal.

La juez citó a los dos padres el 8 de agosto a las 10 de la mañana. Juana no compareció y se decretó una orden de busca y captura contra ella para que la Policía la condujera a presencia judicial. Este lunes, sin embargo, y tras casi un mes en paradero desconocido, la madre de Maracena reaparecía voluntariamente. Tras ser arrestada, un juez de guardia la dejaba en libertad y lograba así desactivar la orden de detención que pesaba contra ella. 

La asesora, imputada

Francisca Granados, asesora jurídica y portavoz de Juana Rivas. Efe

La juez también ha citado a declarar, como investigada, a la asesora jurídica de Juana Rivas, Francisca Granados, así como a la psicóloga del Centro de la Mujer de Maracena, María Teresa Sanz, para esclarecer si han podido participar como presuntas “inductoras o partícipes necesarios” en el delito de sustracción de menores.

El auto cita a las dos mujeres el miércoles 30 de agosto a las 10 de la mañana. Asimismo, también se pide tomar declaración a los “familiares de hasta segundo grado de consanguinidad” de Juana, también investigados por haber podido colaborar en el delito que se atribuye a la madre de Maracena.