Movilizaciones en el CHUAC.
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Galicia estrena ley para proteger a los médicos de agresiones: "Se ha optado por una versión más light"
Profesionales valoran el avance, pero reclaman más prevención y una respuesta integral frente a las agresiones
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Galicia estrena desde este miércoles una reforma de la ley de salud que busca endurecer la respuesta frente a las agresiones al personal sanitario, una problemática creciente en hospitales y centros de salud.
La modificación, publicada en el Diario Oficial de Galicia, introduce un régimen sancionador con multas de hasta 15.000 euros en los casos más graves y ha sido defendida por la Xunta de Galicia como una norma “pionera”.
El nuevo marco legal establece sanciones de entre 300 y 1.500 euros para infracciones leves, como insultos o faltas de respeto; de 1.501 a 3.000 euros para las graves, donde se incluyen amenazas o ciberacoso; y de 3.001 a 15.000 euros para las muy graves, como agresiones físicas.
Además, incorpora por primera vez la violencia digital como forma reconocida de agresión, ampliando el foco de protección.
El conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, ha destacado que se trata de una norma innovadora que "refuerza la protección de todos los profesionales del sistema sanitario", incluyendo a colectivos como los técnicos de emergencias del 061, que hasta ahora no estaban recogidos de forma expresa.
"Con matices"
Sin embargo, desde el ámbito sanitario, el respaldo a la ley llega acompañado de importantes matices. Lucía Peón, presidenta de la junta de personal del CHUAC, valora positivamente el paso dado, pero insiste en que no es suficiente por sí solo.
"Estamos de acuerdo con la medida, pero no con que sea la medida", señala, dejando claro que el problema requiere un enfoque más amplio.
Peón incide en que la normativa se centra en actuar una vez producida la agresión: "Es decir, la medida está bien, pero tiene que ser en un contexto de paquete de medidas".
En su opinión, la clave está en adelantarse a los conflictos: "Más si cabe cuando esta medida es postagresión. Para nosotros son fundamentales las medidas preventivas, que son las que evitarían las agresiones", relata.
Una reforma "light"
Esta visión es compartida por el sindicato médico O’Mega, mayoritario entre los facultativos gallegos. Su responsable de Salud Laboral, Alberto Alvarello, recuerda que durante la tramitación de la ley presentaron diversas alegaciones para reforzar su alcance y eficacia.
"Pedíamos que la ley incluyese una tipificación clara y un régimen sancionador completo para todos los casos de violencia contra el personal sanitario", explica.
En concreto, desde el sindicato reclamaban que ese régimen contemplase tanto la violencia externa, ejercida por pacientes o familiares, como la violencia interna, vinculada a situaciones de acoso laboral o mobbing.
"No se trata solo de lo que ocurre en consulta con un paciente, sino también de lo que puede pasar dentro de los propios equipos de trabajo", apunta Alvarello.
Sin embargo, el texto final aprobado por el Servizo Galego de Saúde se centra exclusivamente en la violencia externa.
"Se ha optado por una versión más limitada, más light, que deja fuera una parte importante del problema", lamenta el representante sindical, que aun así reconoce que algunas de sus propuestas sí fueron incorporadas.
La importancia de reforzar la prevención
La presidenta de Simega, Nuria González, explicó a Quincemil que "valoramos positivamente el cambio, es más amplio y afecta a otros matices como el ataque al prestigio profesional o usar redes sociales. Ya no puedes publicar impunemente lo que te pase por la cabeza, atentar contra su honor, su prestigio indiscriminadamente".
Además, cree que es positivo que "no se puedan hacer grabaciones sin consentimiento del personal sanitario y mucho menos difundirlo".
"Una de las partes más importantes es la campaña de concienciación social. No todo vale y no se tiene derecho a todo, no se puede exigir lo que tú consideras que hay que hacer", sostiene González.
"Muchas agresiones vienen porque el paciente exige en los términos que él considera que hay que hacerse informes, pruebas o derivar a un especialista. En primaria, sobre todo. Y no hay motivo razonable para ello y se ponen agresivos", concluye.
Sin rechazos, pero sin unanimidad
En el plano político, la reforma salió adelante con el apoyo del PP y del PSOE gallegos, mientras que el BNG optó por la abstención, al considerar que "no va a la raíz del problema", que sitúan en el deterioro del sistema sanitario y la creciente presión asistencial.
Más allá del debate político, la realidad es que las agresiones a sanitarios han ido en aumento en los últimos años, especialmente en Atención Primaria, donde la saturación, los tiempos de espera y la falta de recursos generan situaciones de tensión.
