El conselleiro de Educación, Ciencia, Universidades e FP, Román Rodríguez, en el debate de la ley de educación digital en el Parlamento.
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La Ley de Educación Digital de Galicia sigue su tramitación: PSdeG y BNG critican "falta de diálogo"
La norma se ha debatido este martes en el Parlamento gallego. La oposición presentó enmiendas a la totalidad, que fueron rechazadas por el PP
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La Ley de Educación Digital de Galicia continúa con su tramitación tras ser rechazadas las enmiendas presentadas por PSdeG y BNG. La oposición ha criticado la "falta de diálogo", lamentando que "no ha habido participación ni consenso", mientras que el conselleiro de Educación, Ciencia, Universidades e FP, Román Rodríguez, ha defendido que "se puede discrepar de las medidas", pero "resulta difícil afirmar que no ha existido diálogo ni participación social".
El Parlamento gallego ha acogido este martes el debate de totalidad del proyecto de ley, en el que el responsable autonómico de Educación ha subrayado que la norma "no nace de la improvisación", sino que "parte de un modelo claro y de un importante trabajo previo".
La ley se basa en seis ejes, comenzando por el uso de la tecnología por parte del alumnado. Así, hasta 5º de Primaria el uso de dispositivos se hará de manera colectiva, y a partir de este curso se irá aumentando "conforme el desarrollo psicosocial del alumnado y siempre bajo supervisión". Ya en ESO, el uso deberá asegurar "la adquisición de competencias digitales y estará orientado a fomentar el pensamiento crítico".
Respecto a la seguridad en las comunicaciones en el entorno educativo, el conselleiro de Educación ha explicado que se dotará de una identidad digital corporativa y se "reforzarán las garantías de los canales de comunicación entre centros y familia".
Rodríguez ha puesto el foco en la regulación de los derechos y deberes, con "reglas claras" para situaciones que, ha añadido, "hasta ahora no contaban con marco legal y jurídico". La desconexión digital del alumnado fuera del horario lectivo se incorporará al texto, que fija los límites en la grabación de las clases y tutorías, que no podrán ser grabadas ni reproducidas sin autorización expresa.
"Reforzamos la prohibición de los teléfonos y dotamos a los centros de un protocolo específico con base legal para la retirada y custodia de los dispositivos", ha expuesto Román Rodríguez, que concretó que se extenderá al entorno digital "su condición de autoridad pública" y se reforzará la formación obligatoria en este ámbito "cuando resulte imprescindible para el funcionamiento del sistema educativo".
Regulación
El conselleiro de Educación ha explicado que también habrá programas específicos de formación sobre el uso de Internet y se favorecerá la conexión de las familias con los centros para que tengan "información directa" en protocolos de convivencia y seguridad vigentes.
Román Rodríguez, por último, ha reivindicado que "por primera vez y de manera pionera en España" se establece un marco "claro" para el uso de la Inteligencia Artificial en el ámbito educativo: "La IA puede ser una herramienta de apoyo educativo, pero nunca debe sustituir el criterio de los docentes. Los sistemas de IA podrán emplearse con carácter auxiliar para adaptar materias, pero siempre bajo supervisión humana. Nunca se va a sustituir el papel del docente"
El titular de Educación ha defendido la norma, calificándola de "necesaria, oportuna y valiente", señalando que "ha sido construida sobre el diálogo con la comunidad educativa y las evidencias científicas".
PSdeG y BNG
El diputado del PSdeG Aitor Bouza ha criticado que la Xunta presente esta ley "sin diálogo", cuestionando cuántas de las aportaciones recibidas fueron aceptadas e incorporadas.
El socialista ha exigido de nuevo una comisión de estudio en la Cámara gallega, que fue rechazada por el Grupo Popular, y ha pedido al Ejecutivo autonómico "ser valientes" y garantizar "realmente" los derechos de toda la comunidad educativa: "Que aplicarla sirva para algo y cuando llegue a los centros tenga una ejecución práctica real".
Bouza ha hecho referencia en su intervención a las medidas acordadas este lunes por el Consello de la Xunta para tratar de paliar los resultados del último informe PISA. "¿Por qué no las tomaron antes?", ha cuestionado el parlamentario socialista antes de preguntar al conselleiro "cuándo se va a hacer una evaluación de lo que pasó con E-Dixgal".
"La mayor enmienda" a la política educativa de educación digital de la Xunta, continuó Bouza durante su intervención, "la está haciendo Feijóo, que impulsó el E-Dixgal y ahora lo quiere prohibir en toda España". Precisamente, la diputada del BNG Cristina Fernández Davila también ha puesto el foco en E-Dixgal, recordando, entre otras cosas, que las familias "rechazaron continuar en el programa" y que los centros "empezaron a darse de baja".
Fernández Davila ha defendido la enmienda de devolución presentada por los nacionalistas para que sea retirado este proyecto "por tener como base E-Dixgal", pidiendo una "evaluación de impacto independiente" que pudiese servir para "diseñar una ley que implemente una digitalización que funcione, que acompañe al alumnado, que dote de los medios, formación, horario y docentes que pueden asumir la carga".
"Al PP no le mueve mejorar la educación pública, está más pendiente de obedecer las órdenes de su partido desde Madrid", ha asegurado la nacionalista, que también ha criticado que "el problema es la falta de recursos y que el Gobierno no escucha a los profesionales".
Cristina Fernández ha insistido en que la redacción de la nueva norma "queda muy abierta", lo que, en su opinión, muestra "el grado tan bajo de compromiso y concreción del texto" para regular el uso de la tecnología en las aulas.
Por parte del PPdeG, Julio García Comesaña ha reprochado a la oposición que hable de falta de consenso, poniendo como ejemplo la LOMLOE "que los consejeros del PP se encontraron en una sectorial". García Comesaña ha defendido que no se hizo de espaldas a la comunidad educativa, ya que, según ha expuesto, participaron diferentes especialistas, el Consello Escolar de Galicia y diferentes colectivos profesionales, entre otros.
