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La Xunta ejecutó el 102,1% del presupuesto consolidado de gastos el año pasado

La Administración gallega ejecutó el 105%,8% del gasto corriente y alcanzó un ahorro bruto de 1.043 millones de euros
Feijóo y Valeriano Martínez en el Consello de la Xunta en una imagen de archivo.
David Cabezón – Xunta
Feijóo y Valeriano Martínez en el Consello de la Xunta en una imagen de archivo.

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Xunta ejecutó el 102,1% del presupuesto consolidado de gastos y el 105%,8% del gasto corriente en el año, como refleja la cuenta general de la comunidad autónoma del pasado ejercicio, en el que la Administración gallega alcanzó un ahorro bruto de 1.043 millones de euros.

El conselleiro de Facenda, Valeriano Martínez, ha presentado este jueves ante el Consello de la Xunta la cuenta general del año pasado, en el que la Administración autonómica se situó por debajo de la media estatal en tiempo de pago a proveedores. De hecho, Galicia volvió a encabezar este apartado al pagar a sus proveedores en una media de 18,7 días, la mitad de los 34,5 días que tardaron de media el resto de comunidades del Estado.

Además, la cuenta general refleja una ejecución del 102,% del presupuesto consolidado de gasto. El porcentaje se eleva al 105,8% en gasto corriente, donde se enmarca el gasto social y, por extensión, el desembolso en sanidad. En un año marcado por la pandemia, la Xunta resalta que "gastó todo lo necesario" para hacer frente a la pandemia, un esfuerzo que compaginó con "su compromiso con la estabilidad presupuestaria".

Deuda

En cuanto a la deuda, Galicia cerró el ejercicio con un déficit del 0,1% del Producto Interior Bruto (PIB) y con un diferencial de deuda con el promedio del resto de comunidades de 7,2 puntos.

La Xunta también destaca que fue la tercera comunidad de régimen común "con menor endeudamiento" al alcanzar una ratio del 19,9% en relación deuda y PIB por el 27,1% de media estatal.

Así las cosas, la cuenta general de la Administración gallega del pasado año 2020 será ahora remitida al Parlamento y al Consello de Contas, que tendrán que recibirla antes del 30 de septiembre como establece la ley.

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