Coronavirus: Galicia multará con hasta 3.000 euros a aquellos que se nieguen a vacunarse
Negarse a ponerse la vacuna del coronavirus podría suponer una multa de entre 1.000 y 3.000 euros en Galicia, según la propuesta que el Partido Popular gallego registró hoy en el Parlamento para modificar la Lei de Saúde. La iniciativa considera que no aceptar la vacunación contra la COVID-19 es una infracción leve en caso de que la repercusión tenga una "incidencia escasa", pero podría llegar a considerarse grave o muy grave según el daño ocasionado.
La propuesta del PP de Galicia recoge tres tipos de infracciones: leves (de 1.000 a 3.000 euros), graves (de 3.001 a 60.000 euros) y muy graves (de 60.001 a 600.000 euros). El portavoz del partido, Pedro Puy, aseguró sobre la legalidad de las multas que hay "menos dudas" de que se pueda sancionar por la negativa a hacerse una PCR, hecho que también está considerado como leve. Respecto a la vacunación, Puy indicó que la ley podrá establecer "esta obligación", por lo que "no es un tema que esté cerrado".
La ley, de esta forma, "abre una puerta" para los casos "extraordinarios" en los que exista una negativa a la vacunación autorizada, algo que según el PP gallego debería estar regulado a nivel estatal. "La vacuna es fundamental", indicó el portavoz del partido, que cargó contra los antivacunas y otros movimientos que niegan la evidencia científica, algo que "cuesta vidas".
"La mejor respuesta a una pandemia"
El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, anunció el pasado 29 de octubre esta modificación de la Lei de Saúde y aseguró que "la mejor respuesta a una pandemia" es una ley que la regule. El líder del PP gallego aseguró en ese momento que la norma se basa en las capacidades del Gobierno y en el apoyo de los tribunales a anteriores propuestas del comité clínico de la comunidad mediante los autos que emitió.
La propuesta del PP gallego establece otras sanciones que pueden llegar a los 600.000 euros en el caso de las infracciones más graves. No usar la mascarilla, por ejemplo, implica una multa de 100 euros, mientras que abrir un local cuando hay establecido un cierre obligatorio está considerado como grave y podría conllevar una sanción de entre 3.001 y 60.000 euros.
