La AP-9.
El Senado aprueba los cambios del PP en la Ley de la AP-9: vuelve al Congreso para su visto bueno
Los 'populares' han introducido siete enmiendas para "recuperar el espíritu" del texto aprobado por el Parlamento de Galicia, aunque ahora deberán recibir luz verde en el Congreso de los Diputados
Más información: El PP usa su mayoría en el Senado para modificar la ley para transferir la AP-9 a Galicia
El Pleno del Senado ha aprobado hoy jueves los cambios introducidos por el PP en la Ley de la AP-9 con el objetivo de "recuperar el espíritu" del texto que había recibido el visto bueno del Parlamento de Galicia. Así, los 'populares' romperían el acuerdo entre PSOE, Sumar y BNG que hablaba de transferir tanto la gestión como la titularidad, aunque será el Congreso el que deba dar la aprobación definitiva a las enmiendas.
El PP ha usado su mayoría absoluta en el Pleno del Senado para aprobar el dictamen de la ley de la AP-9 introduciendo hasta siete enmiendas durante su paso por la Cámara Alta. El objetivo, según han reiterado en varias ocasiones, es "recuperar la literalidad del texto aprobado por unanimidad en el Parlamento de Galicia".
UPN ha apoyado el dictamen, mientras que el PSOE, Vox, Junts, ERC, PNV y EH Bildu, entre otros, han votado en contra, según recoge Europa Press.
La norma, con los cambios ya aprobados, debe volver al Congreso de los Diputados para que se pronuncie sobre las enmiendas y se apruebe de manera definitiva. La previsión, sin embargo, es que las modificaciones del PP sean rechazadas, ya que la mayoría había aprobado el texto anterior en la Cámara baja.
Los grupos han mantenido la misma posición que tenían desde el inicio del debate: el PP ha defendido la necesidad de volver a la norma inicial del Parlamento gallego, mientras que PSOE y BNG han cargado contra los 'populares' por no haber desbloqueado antes la ley de la AP-9.
¿Qué establece el acuerdo?
El texto pactado entre PSOE, Sumar y BNG establece "la transferencia a la Comunidad Autónoma de Galicia de la titularidad de la AP-9 y las competencias sobre el régimen jurídico de la concesión, así como las funciones y servicios de la autopista AP-9 a la Comunidad Autónoma de Galicia".
La Administración General del Estado y la comunidad elevarán a la Comisión Mixta de Transferencias una propuesta de acuerdo que determine las condiciones y límites para la transmisión de competencias hasta ahora ejercidas por la Administración estatal en relación a la Autopista del Atlántico, lo que será aprobado por real decreto.
Esta propuesta de acuerdo deberá abordar las condiciones del traspaso de varias funciones, empezando por la autorización de la puesta en servicio de nuevos tramos, adaptaciones o reformas de los existentes, así como de enlaces y vías auxiliares de la autopista.
También concretará cómo se materializa la supervisión e inspección del correcto funcionamiento de la autopista, conforme a la normativa general de carreteras y a los pliegos que rigen la concesión; así como la potestad sancionadora respecto a incumplimientos de la concesionaria en la explotación de la AP-9.
El texto también abordará los términos para las modificaciones que afecten al régimen económico-financiero de la concesión, "singularmente en lo que atañe al establecimiento, actualización y supresión de las tarifas y peajes, así como la aplicación de programas de descuento, incluyendo la autorización de aquellos que sean voluntarios a instancia de la concesionaria"; y para la redacción y aprobación de convenios, o addendas a los actuales.
Repercusiones económicas y costes
El texto pactado establece que la Administración General del Estado conservará a su cargo, con respecto a la sociedad concesionaria de la autopista AP-9, las obligaciones con repercusiones económicas y financieras derivadas de la aplicación de la concesión en vigor que hayan sido motivadas por modificaciones adoptadas en el periodo en que ha tenido la competencia y con los límites económicos vigentes a la fecha de la aprobación del traspaso.
Las consecuencias de las decisiones tomadas por la Administración estatal previas a la transferencia recaerán sobre la misma. El acuerdo de la transferencia deberá establecer "la obligación de la aprobación de las revisiones ordinarias o extraordinarias de tarifas que dichas modificaciones hayan establecido, con el fin de que estos límites económicos sean respetados".
La Xunta, por su parte, asumirá a su cargo, con respecto a la sociedad concesionaria de la autopista AP-9, "todas las obligaciones con repercusiones económicas y financieras consecuencia de las modificaciones que sobre el régimen económico financiero de la concesión promueva una vez efectivo el traspaso".
Las modificaciones que sobre el régimen económico financiero de la concesión quiera promover Galicia no podrán afectar a los compromisos económicos previstos y "cualquier decisión que suponga un incremento de dichos compromisos deberá ser asumida íntegramente por la comunidad en la cuantía que este incremento suponga".
