Archivo - Imagen del atasco en la AP-9.
Bruselas da un ultimátum a España por la prórroga de la concesión de la AP-9 en Galicia
La Comisión Europea considera que vulnera las reglas de la UE en materia de contratación pública y de concesión de autopistas. El Ejecutivo español analiza la resolución para dar una respuesta y recuerda que las prórrogas fueron aprobadas cuando gobernaba Aznar
Te puede interesar: El Parlamento gallego vuelve a reclamar al Gobierno el traspaso de la AP-9 y un estudio de rescate
La Comisión Europea ha dado un ultimátum al Gobierno español para que enmiende las irregularidades de las prórrogas de las concesiones de los peajes en las autopistas AP-66 y Ap-9. Bruselas considera que vulneran las reglas de la UE en materia de contratación pública y de concesión de autopistas.
Este asunto podría llegar al Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) si no se resuelve en dos meses. Así, Bruselas "insta a España a respetar las normas sobre contratos de concesión de autopistas", ha indicado la propia institución al informar del envío de un dictamen motivado a las autoridades nacionales para dar seguimiento al expediente sancionador que abrió por estas causas.
España amplió la concesión de la AP-9 durante 25 años, 29 en el caso de la AP-66, para posteriormente vender ambas concesionarias "sin convocar procedimientos de licitación previos ni publicar un aviso" en el Diario Oficial de la UE, como requiere la legislación comunitaria, según describe el Ejecutivo comunitario.
Bruselas considera que sendas prórrogas constituyen "modificaciones sustanciales" que son "equivalentes" a la adjudicación de nuevos contratos de concesión. Esto implica que estar sometidos a un "procedimiento de licitación competitivo", de acuerdo a los principios de igualdad de trato y transparencia a que obligan las directivas en la materia.
Los servicios comunitarios dan un plazo de dos meses al Gobierno para que responda a las inquietudes notificadas en el dictamen de Bruselas y "tome las medidas necesarias" para corregir las irregularidades. A falta de una solución, podrá optar por iniciar la tercera fase prevista en los procedimientos de infracción y que implica denunciar al Estado miembro por el incumplimiento de la legislación comunitaria ante el Tribunal de Justicia de la UE.
El Gobierno estudia la respuesta
El Gobierno, por su parte, ha señalado que la prórroga de la concesión de la autopista de peaje AP-9 hasta 2048 y el aumento de plazo en la AP-66 fueron aprobadas en el año 2000 por el Gobierno del PP, presidido por José María Aznar. "Si estamos en esta situación, por tanto, es responsabilidad de los gobiernos del Partido Popular", asegura en un comunicado.
"Aunque las políticas de movilidad y reequilibrio territorial que actualmente defiende este Gobierno van en la dirección contraria, desde el Ministerio se ha colaborado y respondido a todos los requerimientos realizados por la Comisión Europea por responsabilidad y para velar por el interés común", continúa el texto facilitado por el Ejecutivo.
El Gobierno explica que esta fase no implica el final del procedimiento ni la eliminación de las prórrogas y que España debe responder, ante lo que analizará la resolución hasta agotar las opciones de respuesta. No descarta, por otro lado, interponer los correspondientes recursos.
"Este Gobierno ha apostado por una política de bonificación de peajes de esa autopista y, por eso, desde abril de 2025 hay un descuento del 100% del peaje de retorno para vehículos ligeros que realizan sus trayectos de ida y vuelta en 24 horas", añade el Ejecutivo, que indica que desde 2018 hasta junio de 2025, los usuarios ahorraron más de 375 millones de euros al circular por la AP-9 en bonificaciones directas o limitando la subida de los peajes.
El eurodiputado del PSdeG, Nicolás González Casares, aseguró por su parte que "se acerca la hora de levantar la injusta condena que el PP impuso a Galicia con la AP-9". El socialista señaló que los peajes son "abusivos": "Bruselas entiende que llevamos décadas pagando un precio político y económico por decisiones contrarias al derecho europeo".
El BNG pide al Gobierno que rescate la AP-9
La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, ha celebrado la decisión de la Comisión Europea y ha pedido al Gobierno central que rescate la autopista. La nacionalista considera que esta es una "oportunidad" para rescatar la autopista y "hacer justicia con la AP-9" y ha extendido su petición a la Xunta para que "por una vez se ponga del lado de Galicia".
"Le pedimos al Gobierno del Estado que aproveche esta puerta legal que abre la Unión Europea para acabar con la estafa de la AP-9, una estafa que hay que recordar que tiene como origen la decisión del gobierno del PP de Aznar de aumentar la concesión hasta los 75 años, seguida de su posterior privatización a precio de saldo", señaló Pontón.
El diputado del BNG en el Congreso, Néstor Rego, ha puesto en valor que se dé la razón, además de a su partido, a la plataforma de usuarios 'En Colectivo', que interpuso inicialmente la reclamación. Rego ha avanzado que los nacionalistas registrarán una iniciativa en las Cortes del Estado para que el Gobierno central ponga en práctica la resolución de la Comisión Europea "sin dilatar el procedimiento" y sin que acuda al Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
