Antigua cárcel de A Coruña.
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El Concello de A Coruña continúa negociando la cesión de la antigua cárcel sin descartar la vía judicial
José Manuel Lage afirmó que el gobierno municipal agotará "todas as vías" antes de continuar a través de la justicia
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Las conversaciones entre el Concello de A Coruña y el Gobierno de España en relación al edificio de la antigua cárcel de la ciudad continúan. El portavoz municipal, José Manuel Lage, afirmó esta mañana en rueda de prensa que el gobierno local está en "permanente diálogo" con la administración estatal, propietaria del inmueble. El pasado mes de febrero ya hubo una reunión entre las partes que Lage califica de "intensa" y para las próximas semanas están previstas más conversaciones.
"O que estamos a facer desde o goberno municipal da Coruña é defender os intereses da cidade. Nós entendemos que ese equipamento debe retornar ao patrimonio municipal e estamos traballando ca ferramenta máis potente que hai en política, que é o diálogo e a conversación", destacó.
De agotarse "todas as vías" Lage admite que "non quedaría outra que continuar coa vía xudicial" aunque la intención del Concello es esperar, sin un plazo fijo en el horizonte, para "darlle todas as oportunidades que haxa para convencer ao Estado de chegar a un acordo".
Un pacto de 2005 establecía que A Coruña cedía al Estado los terrenos que actualmente ocupa el Centro de Inserción Social Carmela Arias y Díaz de Rábago, cercanos a la cárcel, a cambio de que la prisión pasase a manos municipales con el pago de un millón de euros. Una sentencia del Juzgado de Primera Instancia número 5 de A Coruña de noviembre de 2024 calificaba el acuerdo de ilegal al considerar los terrenos cedidos como de interés público.
Sin embargo, el Estado rechazó ceder de forma gratuita la cárcel al Concello y exige el pago de ese millón de euros previsto en el pacto. En 2021, el gobierno local propuso en pleno un acuerdo para recuperarlo por 2,3 millones de euros, una medida que contó con el voto en contra de toda la oposición. Tres años después, la Sociedad de Infraestructuras y Equipamientos Penitenciarios y de la Seguridad del Estado (SIEPSE) reclamó al Concello el pago de 15 millones de euros por varios conceptos e intereses.
De manera paralela a este proceso, organizaciones como la Comisión pola Recuperación da Memoria Histórica han instado a Interior a realizar actuaciones para el mantenimiento de la antigua cárcel, que se encuentra abandonada y muy deteriorada y su ubicación, además, está en el entorno de la Torre de Hércules, Patrimonio Mundial. En junio del año pasado, el pleno municipal acordaba abrir un expediente sancionador contra el Estado por cómo está el edificio.
