El coruñés Diego Bello fue asesinado a sangre fría por tres policías

Cuando el coruñés Diego Bello fue asesinado por tres policías en Filipinas, no iba armado, no pudo defenderse y no estaba involucrado en el narcotráfico. Así lo indica un informe del NBI del país, una agencia equivalente al FBI estadounidense, al que ha tenido acceso en exclusiva EL ESPAÑOL y en el que también se recogen las últimas imágenes de Diego con vida.

'Un asesinato en el paraíso': La verdad detrás de la muerte del coruñés Diego Bello

Mañana, 8 de enero, se cumplirán seis años desde que fue asesinado a manos de tres agentes de la Comisaría Municipal General Luna en un tiroteo de madrugada. Desde entonces, sus padres Pilar y Alberto, así como el resto de su familia, amigos y allegados, no han dejado de reclamar Xustiza para Diego.

En un primer momento, la Policía filipina alegó que Bello estaba implicado en una operación antidroga que, en realidad, nunca existió.

El informe que ha podido consultar EL ESPAÑOL desvela que "la Agencia Antidroga de Filipinas (PDEA) no tenía información de inteligencia previa ni otros datos que relacionaran a Diego con actividades ilegales de drogas ni constaba en la lista de sospechosos de la PDEA". "No figuraba entre los sospechosos de narcotráfico de su área de responsabilidad".

Una concentración promovida por la Plataforma Justicia para Diego.

Por este motivo, el documento concluye que el argumento del capitán Panuelos, el sargento Cortés y el sargento Pazo "fue en realidad un escenario inventado por ellos".

La agencia de investigación criminal, que redacta dicho informe, considera que hay causas probables para "acusar colectivamente" de asesinato, siembra de pruebas y perjurio, al capitán Wise Vicente Panuelos [capitán Panuelos], al sargento Nido Boy E. Cortés [sargento Cortés] y al sargento Ronel A. Pazo [sargento Pazo].

El abogado de la familia, Guillermo Mosquera, también indica que la supuesta riñonera de Diego, en la que los agentes aseguraron que guardaba droga, podría "haber sido comprada y colocada en la escena del crimen" y que en las últimas imágenes en las que se ve al coruñés, este no portaba ninguna riñonera.

El 16 de enero, seis años y ocho días después del asesinato del joven empresario, sus padres Pilar y Alberto comparecerán en los juzgados de Manila. Su letrado asegura que "el Barangay de Filipinas no tenía conocimiento de ningún operativo policial contra el tráfico de drogas" y que la trayectoria de los disparos, tras el análisis de la autopsia, indica que "a Diego lo ejecutaron".

Aquella madrugada del 8 de enero, el coruñés recibió seis disparos, llegando a sufrir "múltiples heridas de bala en la oreja, el pecho, la zona ilíaca e inguinal, el muslo y las nalgas. El certificado de defunción indicaba, asimismo, que Diego sucumbió a una hemorragia interna probablemente secundaria a una lesión orgánica múltiple, secundaria a múltiples heridas de bala".

Un atestado policial supuestamente falseado

El atestado policial de aquel día recoge que "según la Comisaría General Luna, Diego era el sospechoso de narcotráfico número 1 en la Región de Caraga" a raíz de un soplo recibido en las islas Siargao.

"Sobre las 10:30 horas de la mañana del día 30 de diciembre de 2019, el capitán Panuelos dice que llamó a su despacho al sargento Pazo y le presentó a su confidente. El confidente le comunicó que había comprado cocaína a un tal Diego Lafuente, de nacionalidad extranjera".

"En base a esta información, el capitán Panuelos encargó al sargento Pazo que acompañara al confidente a realizar una compra de cocaína de prueba al tal Diego". "Supuestamente, el sargento Pazo, a través del confidente, pudo comprar a Diego la presunta cocaína, que presentó personalmente en el laboratorio".

El examen de 1,4149 gramos dio “resultado positivo” como sustancia prohibida en las Filipinas del expresidente Rodrigo Duterte, cuya etapa estuvo marcada por una polémica cruzada contra el tráfico de drogas y que se cobró la vida de Diego Bello Lafuente, instalado en Siargao.

Sin embargo, la autopsia dio un resultado negativo en consumo de drogas. En realidad, Diego Bello era un empresario con un hostel, una tienda de ropa y material de surf y, más tarde, un club-restaurante llamado La Santa.

El atestado, supuestamente falseado por los policías, afirma que desenfundaron sus pistolas al recibir primero un disparo de Diego tras ponerle un señuelo para la compra de cocaína.

En ese documento se recoge que "alrededor de la una de la madrugada del 8 de enero de 2020, el sargento Pazo informó al capitán Panuelos de que el confidente había podido concertar la transacción y que se reunirían con Diego en las inmediaciones de su vivienda. Diego, sin embargo, intuyó que había realizado una transacción con un agente de policía. Por ello, sacó un arma de fuego de su riñonera y disparó en dirección a los agentes que se le acercaban. Inmediatamente, los agentes buscaron cobertura y gritaron: "¡Policía! ¡Somos la Policía! ¡No se mueva!".

Siempre según el testimonio de los policías, Diego habría disparado primero, lo que motivó a los agentes a realizar un tiroteo: "Diego corrió en dirección al muro perimetral y saltó al otro lado, antes de disparar una vez más. Los agentes se dirigieron a la misma zona y vieron a Diego tendido en el suelo. El capitán Panuelos gritó a sus hombres: "¡Alto el fuego! [...]". "Después de asegurarse de que Diego era incapaz de suponer un peligro para los agentes, ordenó llamar a una ambulancia [...]".

Las declaraciones de la testigo

Fe, casera de Diego y que vivía enfrente de su domicilio, fue testigo de lo ocurrido.

En su testimonio, la mujer aseguró haber escuchado fuertes explosiones que atribuyó a petardos cerca del muro perimetral junto a la casa de Diego. "Fe dijo que primero oyó dos disparos sucesivos, con sólo unos segundos de separación. Un momento después, a los dos disparos les siguieron disparos rápidos y sucesivos. A continuación, oyó la voz de una persona que gemía y decía: '¡Aghhh!' Lo que, en su opinión, significaba que alguien podía estar herido".

Después de unos "disparos rápidos y sucesivos" hubo otro, más débil, tras lo que Fe escuchó a alguien decir "'¡Manos arriba!". La mujer sostiene que los policías primero dispararon y luego dieron el alto, además de alterar la escena del crimen. Por eso, la agencia de inteligencia sostiene que la intervención policial siguió la máxima de "dispara primero, piensa después".

El arma que supuestamente portaba Diego, de calibre 45, no estaba a su nombre, sino al de la empresa Squires Bingham Company, como persona jurídica desde hacía 23 años. Las investigaciones del NBI no pudieron vincularlo con el coruñés que, además, carecía de licencia de armas.

El abogado de la familia afirma que los policías investigados también "colocaron" vainas de bala detonadas para simular que Diego había apretado el gatillo: "Los casquillos estaban vinculados a otras ejecuciones de la Policía, para demostrar que ellos actuaron en legítima defensa, pero no hubo ningún agente herido y los casquillos estaban situados de forma circular en el lugar del crimen, una cosa que no tiene sentido".

Mientras que el atestado policial indica que Diego "saltó al otro lado" de la valla de su residencia, antes de volver a disparar su pistola, el NBI mantiene “el callejón y el muro perimetral adyacente como lugares de la ejecución de Diego”.

En la supuesta riñonera de Diego se intervino "dinero enrollado" y un "bote amarillo de plástico transparente, con tapón sellado con las marcas "RP", en cuyo interior había algo más de 24,83 gramos de cocaína. Tal cantidad no parece ser la del "sospechoso de narcotráfico número 1 en la Región de Caraga", como sostienen los agentes que están en la cárcel, sino más bien una prueba aparentemente adulterada que según el 'FBI' filipino "formaba parte de su gran plan para justificar el asesinato ilegal”.

La investigación que audita el contenido del atestado elaborado por la Comisaría Municipal General Luna, corrobora que "en el homicidio de Diego concurrieron las circunstancias cualificantes de abuso de fuerza superior y premeditación evidente” y que las declaraciones de los agentes acusados se realizaron "a propósito, para ocultar lo que realmente ocurrió durante esa fatídica madrugada del 8 de enero de 2020". Ninguna persona de la Agencia Antidroga de Filipinas (PDEA) participó en un operativo contra un narcotraficante extranjero aquel 8 de enero.

"El relato de los agentes de policía sobre el supuesto encuentro armado era falso y, por lo tanto, la alegación de que Diego iba armado y se enfrentó a los agentes de policía puede considerarse en su conjunto como un complot urdido", mantiene el informe.

Mosquera desconoce el motivo tras el asesinato de Diego Bello, aunque valora que quizás "alguien lo quería matar porque le iban bien los negocios en Filipinas".