Edificio Okupa en la calle de la Barrera

Edificio Okupa en la calle de la Barrera Quincemil

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A Coruña

Uno de los pisos incendiados en Barrera 30, en A Coruña, fue propiedad del Concello

Era una de las viviendas adquiridas para uso social por parte del gobierno de Marea Atlántica en el año 2017. Hay sentencia firme que anula el proceso desde 2024

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El edificio de la calle de la Barrera 30 ha sido el protagonista de varias noticias antes de que este lunes, pasadas las dos de la mañana, se consumiese en un gran incendio que afectó además al bloque de viviendas de San Nicolás 29 y que obligó a desalojar a varios de los edificios aledaños.

Entre los años 2015 y 2019, A Coruña estuvo gobernada por Marea Atlántica. Durante esa legislatura, el equipo que encabezaba Xulio Ferreiro puso en marcha un proceso de adquisición de viviendas para destinarlas a un fin social.

Se compraron finalmente seis, con una inversión de 383.000 euros. Se presentaron un total de 45 ofertas y el presupuesto que se estableció para ese programa fue de un millón de euros.

Ese procedimiento levantó una gran polémica, entre otras cosas, por acusaciones de que se adquirieron propiedades que no reunían las condiciones mínimas de habitabilidad como que algunos de los propietarios tuviesen vinculación con el partido, de forma directa o indirecta.

En concreto, en Barrera 30 una de las viviendas fue durante un tiempo propiedad del Concello. La compra de este piso situado en la tercera altura fue ejecutada en 2017 y declarada "irregular" y, tras un largo proceso, en sentencia firme en julio del 2024 se anuló esa operación. Por ello, se puso en marcha un proceso de reversión.

La dueña de esta propiedad siguió apelando hasta llegar al final de proceso con fallos negativos y la obligación de afrontar intereses.

En el mes de octubre del 2024, el juzgado contencioso-administrativo número 4 de A Coruña declaró firme la sentencia que ponía fin al proceso.

El piso había sido adquirido por 69.230 euros y fue declarado nulo por la falta de un hueco de luz a la vía pública, algo que contraviene las normativas de habitabilidad y las propias bases de aquel concurso.

En paralelo, los primeros pisos fueron asaltados por okupas, causando varios incidentes, entre ellos desprendimientos de fachada que obligaron a intervenir a bomberos en el año 2022. Los vecinos han denunciado de forma insistente trapicheos de drogas y nuevos intentos de okupación del resto de viviendas del inmueble que ahora se acerca a la declaración de estado "ruinoso". Entre esos lugares de trapicheo estaba el tercero, que fue parte del parque municipal y que ahora se encuentra en una situación jurídica difícil.