El alcalde de Oleiros (A Coruña), juzgado por la Casa Carnicero: "Había que evitar cualquier muerte"

El alcalde de Oleiros (A Coruña), Ángel García Seoane (Alternativa dos Veciños) está siendo juzgado este martes 20 de mayo por el derribo en 2020 de la Casa Carnicero, considerada como un bien catalogado por el Estado.

El alcalde de Oleiros (A Coruña) se defiende tras llegar a juicio la denuncia por Casa Carnicero

El edil ha justificado el derribo alegando el estado de ruina en el que se encontraba tras un incendio y "para salvaguardar la seguridad de las personas". "Había que evitar cualquier muerte, cualquier accidente", ha aseverado en el juicio que se celebra en la Audiencia Provincial de A Coruña por un delito contra el patrimonio histórico.

Por ello, el Ministerio Público pide para el regidor 15 meses de prisión con inhabilitación especial para el ejercicio del cargo por 12 años.

La misma pena se solicita para el arquitecto técnico municipal que asumió, sostiene Fiscalía, la ejecución material del derribo como cooperador necesario. Este, como responsable en el área de Obras Públicas, expuso que ejecutó la actuación tras un decreto de Alcaldía "con informes". En su declaración, ha corroborado las palabras del alcalde sobre la "ruina" del inmueble y con un estado de "inseguridad manifiesto".

En su escrito de calificación, el Ministerio Público sostiene que ambos acusados hicieron posible que el 31 de diciembre de 2020 el edificio "llegara a la situación de demolición completa pues, gracias a sus respectivas actuaciones, solo se conserva, actualmente, en la planta baja, una pequeña parte del muro y en la planta de semisótano parte de los arranques de los muros".

Según sostiene la Fiscalía, "conocían, sobradamente, que sus actuaciones infringían de forma flagrante la Ley de Patrimonio Cultural de Galicia, así como del Plan General de Ordenación Municipal de Oleiros".

En su momento, como ahora en el juicio, el alcalde atribuyó a motivos de seguridad la decisión por el incendio registrado en el edificio -- ubicado en la avenida de As Mariñas --, que estaba sin uso, y por los temporales.

"Si bien se trataba de un edificio de titularidad privada ya en 2019 los propietarios manifestaron su voluntad de ceder el inmueble al Ayuntamiento de Oleiros e iniciaron los contactos formales a tal fin" por el que, en diciembre de 2020, el alcalde dictó un decreto mediante el que procedió a aceptar la donación, argumenta, por su parte, el Ministerio Público.

"La irregular actuación de los acusados arrancó a raíz de que el 16 de julio de 2020 Casa Carnicero" tuvo "un virulento incendio" con posteriores declaraciones de ruina económica y técnica del inmueble. Apostilla Fiscalía que uno de los arquitectos municipales hizo constar que "previamente a cualquier intervención que se pretendiera realizar en un bien catalogado" requería "autorización de la Consellería competente.

En la misma línea, indica que la Xunta advirtió que la declaración de ruina de un bien catalogado "no implicaba su demolición sino la necesidad de rehabilitar el edificio".

"Pese a esto, desde el Ayuntamiento nada se hizo en favor del mantenimiento del edificio". Entiende que el motivo fue "la decisión que ya había tomado" el alcalde "de demoler el edificio, aún a sabiendas de que la Dirección Xeral de Patrimonio Cultural le había pedido presentar un proyecto de rehabilitación".

Imposibilidad de rehabilitación

"No había edificio para rehabilitar", ha insistido en el juicio el regidor, quien ha reivindicado a Oleiros como el municipio español que "más patrimonio ha rehabilitado".

También ha apuntado al "especial interés" que tenía él por que pudiese acometerse esta actuación al ser el exdueño de la casa amigo de su abuelo. A ello, atribuyó en parte que iniciase contacto con los herederos, de los que ha dicho que no estaban en condiciones de acometer esta actuación ni tampoco el posterior derribo ejecutado. "Mi intención era conservarla", ha recalcado.

A esto ha atribuido los contactos para adquirirlo. Sin embargo, cuando en 2020 se produce el incendio, ha asegurado que se llevaron a cabo diversas reuniones en el consistorio para determinar las actuaciones a seguir. "Había un serio problema de seguridad después del incendio", ha insistido para afirmar que se abrió un expediente y que, con posterioridad, se constató que "no se podía apuntalar" por la proximidad a la calzada, en la antigua N-6.

"Hay informes técnicos que lo avalan", ha respondido a la Fiscalía que cuestiona en su escrito que existiesen argumentos para tal medida. "Un patrimonio Bien de Interés Cultural (BIC) tiene que tener informe, pero en este no hace falta autorización, es comunicar", ha afirmado sobre la que se hizo a la Xunta en diciembre de 2020, en concreto el día 30 cuando se acordó el derribo y en relación a la condición de bien catalogado de la Casa Carnicero.

Por su parte, el arquitecto del área de Obras Públicas que asumió el derribo ha rechazado que se pudiese rehabilitar y ha añadido que se ejecutó la orden en una época, además, de mayor peligro de inseguridad por los vientos en esas fechas. "Se hizo de la forma más precisa para no causar graves daños y garantizando la seguridad de los trabajadores", ha expuesto sobre la actuación.

"Poco a poco, desde arriba, y se constató que había que seguir porque había riesgo de caída", ha señalado sobre el riesgo de desprendimiento de cascotes y al comprobar que, tras la caída de una de las paredes, había más elementos, dijo, con posibilidad de que ocurriese lo mismo.

Por otra parte, ha confirmado que dos agentes de la Policía Autonómica comparecieron ese día para indicarles que era una actuación ilegal, pero que les pidió una orden de paralización de los trabajos y que no se la dieron por lo que se continuó. Mientras, destacó el apoyo de la Demarcación de Carreteras con el corte de tráfico en la zona.