La disputa en el barrio de Sheikh Jarrah de Jerusalén en torno a los desahucios de algunas familias palestinas no es exactamente como la están contando los medios.

En realidad, se trata de cuatro familias de inquilinos cuyos alquileres han vencido. En algunos casos, se trata incluso de ocupantes sin ningún derecho. Esos ocupantes residen en esas casas desde hace años en contra de la voluntad de los legítimos propietarios. Quienes, por cierto, han obtenido legalmente varias órdenes de desalojo contra ellos.

Estos casos se dirimen en los tribunales desde hace años y los propietarios han ganado siempre. Es cierto también que los ocupantes e inquilinos han apelado cada orden de desahucio en el Tribunal Supremo israelí.

Frente a esta situación, el Gobierno israelí tiene dos opciones. Acatar la decisión del tribunal e implementar el desahucio. O desafiar a la Corte y negar a los propietarios sus derechos.

Los críticos afirman que el Gobierno israelí debería negar a los propietarios sus derechos de propiedad porque así lo exige el derecho internacional. Sin embargo, desde el punto de vista legal, eso no es sostenible. Y no lo es porque en el corazón de la disputa está el hecho de que los propietarios son judíos y los ocupantes o inquilinos, palestinos.

Si la situación fuera la contraria, probablemente no habría titulares.

Los derechos legales de las partes se resolvieron en realidad hace décadas en favor de los propietarios

Los derechos legales de las partes se resolvieron en realidad hace décadas en favor de los propietarios. Estos adquirieron sus derechos por una cadena ininterrumpida, heredando el título de propiedad vigente desde el siglo XIX. La transacción original tuvo lugar bajo la ley otomana, luego bajo el mandato británico y siguió vigente con el nuevo Estado israelí.

Los inquilinos, por su parte, adquirieron sus derechos de arrendamiento también a través de una cadena histórica que fue reafirmada en varios fallos judiciales y conciliaciones que culminaron en 1982 con la tesis de que mantenían “arrendamientos protegidos” (un estatus superior a los arrendamientos ordinarios en la ley israelí), pero que también reconocía el título de propiedad de los propietarios.

Los inquilinos disfrutaron, y continúan disfrutando, de los beneficios de los arrendamientos protegidos hasta el día de hoy.

La única ruptura en dicha cadena ininterrumpida sucedió cuando el custodio jordano secuestró las propiedades durante la ocupación de Jerusalén oriental por parte de Jordania, entre 1948 a 1967, y negó a los propietarios judíos sus derechos. Tras expulsar a los judíos de esas tierras, transfirió sus propiedades a otros propietarios y el custodio jordano se quedó los derechos y arrendó las propiedades de Sheik Jarrah a palestinos.

Si el custodio jordano de la propiedad hubiera asignado el título a los predecesores de los actuales inquilinos palestinos, la ley israelí habría respetado el título resultante

Tras la guerra de los Seis Días (1967), Israel liberó la parte oriental de Jerusalén y promulgó una legislación que favorecía la devolución de las propiedades a todo aquel que hubiera sido propietario y no hubiera abandonado el país para ir a uno enemigo.

Irónicamente, si el custodio jordano de la propiedad hubiera asignado el título (sobre las tierras que confiscó a los propietarios judíos) a los predecesores de los actuales inquilinos palestinos, la ley israelí habría respetado el título resultante.

Es decir, que la razón por la que los inquilinos palestinos de Sheikh Jarrah carecen hoy en día de la propiedad de esas casas no es porque el Estado de Israel les haya negado los derechos que adquirieron, sino porque el Gobierno de Jordania se negó a otorgar a los palestinos el título de la tierra que Jordania había confiscado.

Y, al contrario de lo que afirman algunos medios, el Gobierno israelí no ha decidido desalojar a nadie en las disputas actuales. Son las partes privadas las que han llevado sus reclamaciones hasta los tribunales.

Es por ello por lo que la tesis del caso de las viviendas de Sheikh Jarrah como uno de los detonantes de la actual violencia entre Israel y Hamás no se sostiene.

*** Leah Soibel es CEO de Fuente Latina.

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