Respetemos el concurso de RTVE

Existen cuatro grandes modelos de gobierno de los medios públicos en Europa, en función de cómo se conforman los máximos órganos de gestión. Son los modelos gubernamental, parlamentario o de representación proporcional, profesional, y cívico o corporativo. Se trata de una clasificación dibujada por Peter Humphreys en 1996 y asumida posteriormente por muchos otros autores.

En el modelo gubernamental es el Poder Ejecutivo quien controla los nombramientos de los principales cargos; en el parlamentario o de representación proporcional estas designaciones dependen de las fuerzas políticas con mayor respaldo electoral; en el profesional los trabajadores tienen un peso decisivo en los órganos de gestión; mientras que el modelo cívico o corporativo se distingue por la presencia de colectivos sociales —incluidos los profesionales— y culturales, así como representantes políticos, en los órganos decisorios de las empresas audiovisuales públicas.

La Ley 5/2017, aprobada a raíz de un acuerdo entre PSOE, Unidos Podemos y Ciudadanos, establece un modelo de gobierno que combina elementos del parlamentario y del profesional, en la medida en que el Consejo de Administración de RTVE será elegido —por mayoría de dos tercios en primera votación y absoluta, con el acuerdo de la mitad de los grupos, en segunda— por Congreso (seis miembros) y Senado (cuatro), previo concurso público. El presidente será elegido, entre los consejeros, por el Congreso, por el mismo procedimiento. El concurso exige la participación de un Comité de Expertos designado por la Comisión Mixta de Control Parlamentario de la Corporación RTVE.

Sin embargo, tres años después, el proceso aún no ha concluido. El Comité de Expertos evaluó a los 95 candidatos que se presentaron al concurso, convocado el 17 de julio de 2018, proponiendo para su nombramiento por las Cámaras —en una Resolución de 10 de diciembre del mismo año— a los 20 primeros.

RTVE atraviesa una situación muy compleja en financiación y audiencia, y tiene una administradora provisional

Desde entonces —con dos elecciones generales de por medio y una pandemia— siguen pendientes de resolver los recursos presentados por algunos candidatos ante esta resolución del Comité de Expertos y, por consiguiente, paralizada la elección definitiva de los diez consejeros y el presidente por Congreso y Senado.

Todo ello mientras RTVE atraviesa una situación muy compleja en términos de financiación y audiencia, sin olvidar que tiene al frente a una administradora provisional única, designada hace ya dos años, tras siete votaciones fallidas con las que se pretendía configurar un consejo de administración también provisional, en espera de que se resolviera el concurso público.

A la vez, la más que cuestionable adopción —en una situación transitoria— de decisiones estratégicas que comprometen la gestión futura, así como los abundantes ceses y nombramientos de cargos relevantes de la Corporación, no hacen más que dañar la maltrecha imagen de nuestros medios públicos.

Así las cosas, en las últimas semanas se ha desatado una nueva polémica tras filtrarse a la prensa un informe de los letrados de las Cortes que abre la opción —aunque la decisión ha de adoptarla la Comisión Mixta de Control Parlamentario de la Corporación RTVE— de que Congreso y Senado puedan proceder a nombrar a cualquiera de los 95 candidatos, sin atender necesariamente a los 20 propuestos por el Comité de Expertos.

Por más que en su momento hice un voto particular al entender que, a partir del impreciso mandato de las Cortes, el Comité de Expertos no podía limitar el número de candidatos que elevaba para su nombramiento definitivo, en este momento del proceso creo que solo cabe que las Cámaras elijan a los diez consejeros entre los 20 propuestos, dando paso —como también plantea el mencionado informe de los letrados— al número 21, por cuanto la candidata mejor puntuada, Alicia Gómez Montano, ha fallecido.

Sería incomprensible que ahora la Comisión cambiase de parecer a la hora de resolver los recursos planteados

Defiendo esta solución por diversos motivos pero subrayo uno que me parece que ha de ser clave para desencallar esta situación. El Comité de Expertos estableció, en la Resolución de 10 de agosto de 2018 por la que se aprueba el baremo para la valoración de los méritos presentados por los candidatos, que serían idóneos los 20 mejor puntuados, siempre que obtuvieran 65 puntos. Esta resolución fue recurrida, al menos, por el candidato Jaime Nicolás Muñiz, quien, en la línea de mi voto particular, entendía que el Comité no podía realizar ese filtro de 20 candidatos.

Sin embargo, ante esta alegación, la Comisión Mixta de Control Parlamentario de la Corporación RTVE resolvió que el filtro se adecúa al mandato parlamentario que recibió el Comité de Expertos: “En definitiva —concluye la Comisión—, para aunar el principio de mérito y capacidad con la decisión final de oportunidad política, parece ineludible una preselección de los candidatos basada en una valoración objetiva de los méritos de los candidatos por parte de un órgano de naturaleza técnica, como es el Comité de Expertos”.

Así las cosas, sería incomprensible que ahora la Comisión cambiase de parecer a la hora de resolver los recursos planteados ante la propuesta definitiva de candidatos idóneos de 10 de diciembre de 2018. En mi opinión, solo cabe coherencia en la interpretación y que comparezcan lo antes posible ante las comisiones de nombramientos de las Cámaras los candidatos mejor valorados por el Comité de Expertos. La cuestión de la paridad —que no se tuvo en cuenta a la hora de conformar el Comité de Expertos— quedaría claramente salvada nombrando presidenta a una mujer, el único cargo remunerado del Consejo de Administración.

Luego habrá, sin duda, que repensar el modelo, pero ahora es momento de que —aún conscientes de sus fallas— todos cerremos filas en defensa del concurso público tal como se ha desarrollado. Está en juego la supervivencia de nuestros medios públicos, unos medios que en un contexto de tanta polarización política como el que vivimos son esenciales como punto de encuentro de diferentes sensibilidades, como clave de convivencia democrática.

*** Isabel Fernández Alonso es miembro del Comité de Expertos de RTVE.