Precisamos de cambios y transformaciones de calado en España. Cambios y transformaciones que se concentren en aquellas cuestiones en las que existe un sentir general coincidente, no en aquellas materias en las que existen obvias y, en algunos casos, sustanciales diferencias.

El 26-J reveló un clamor unánime a favor de cambios relevantes. El PP ganó un puñado de diputados, el PSOE y C's se dejaron varios escaños, y Podemos y sus confluencias, los grandes perdedores, no rentabilizaron la coalición con Izquierda Unida, y perdieron muchos apoyos en los feudos municipales y autonómicos en que gobiernan o facilitan la gobernabilidad.

El pueblo no quiere volver a fórmulas periclitadas o que la experiencia universal ha demostrado fracasadas

El pueblo no quiere volver a fórmulas periclitadas o que la experiencia universal ha demostrado fracasadas, ansía reformas que mejoren la participación ciudadana y fortalezcan los principios sobre los que se apoya el sistema democrático: juridicidad, reconocimiento de los derechos fundamentales de la persona y separación real de los poderes.

Ahora tenemos la oportunidad de leer la voluntad de los electores. La nueva legislatura debería así inaugurar una etapa en la política española de acuerdos y entendimientos en aspectos centrales para la mejora de las condiciones de vida de los ciudadanos. Los electores no han querido dar una mayoría absoluta a ninguna formación. Esperan, esperamos, que las diferentes opciones políticas antepongan a sus objetivos parciales el servicio objetivo al interés general. Los acuerdos y las abstenciones para la formación del órgano rector del Congreso de los Diputados augura nuevos tiempos que ojalá se confirmen en la más que deseable próxima investidura.

En democracia, los problemas que afectan a las condiciones de vida de las personas se resuelven con acuerdos

El 26-J, unos recibieron una mayor confianza de la esperada a causa del pánico a que determinadas opciones emergentes empezaran a destruir un orden social, político y económico que, aunque precisado de reformas -y de reformas sustanciales-, contiene reglas y principios razonables. Otros han sido castigados. En unos casos por la falta de definición y calculada ambigüedad que caracterizan sus propuestas, y, en otros, por su cercanía a movimientos subversivos que no hacen más que aumentar el número de pobres y hambrientos en latitudes bien conocidas.

En democracia, las cuestiones problemáticas que afectan a las condiciones de vida de las personas se resuelven a través del acuerdo. Es más, sin acuerdos fundamentales y profundos es bien difícil sentar las bases de un sistema genuinamente democrático. Hoy, entre nosotros tenemos asuntos de gran envergadura política y social que bien merecerían el intento del acuerdo y el entendimiento al margen de cálculos o intereses partidarios.

Se pueden explorar puntos que comparten hoy muchos ciudadanos y en los que coincide una mayoría de diputados

El sistema educativo no funciona, el modelo territorial requiere transformaciones, los derechos sociales fundamentales deben tener acomodo constitucional, la calidad de la democracia puede mejorar con un nuevo sistema electoral, con una nueva regulación de la iniciativa legislativa popular, suprimiendo los aforamientos innecesarios, reformando el Poder Judicial, despolitizando el Tribunal Constitucional o la Fiscalía General, introduciendo nuevas formas de integración de los poderes reguladores, mejorando la función de inspección y supervisión, o reconociendo la autonomía política a los Entes locales. Es decir, se pueden explorar puntos de vista que comparten hoy la mayoría de los ciudadanos y en los que no es difícil encontrar posiciones comunes apoyadas por una mayoría muy importante de diputados y senadores en orden a una eventual reforma constitucional.

Subrayar el carácter fundante o constituyente del acuerdo para la vida política no significa, ni mucho menos, que la actividad política se reduzca a los consensos. Este planteamiento, propio de versiones ingenuas de lo que es la política, permite llamar la atención sobre algo que me parece fundamental cuando se trata de reflexionar sobre la funcionalidad del diálogo en la vida democrática. Me refiero a que el consenso constituye un momento del diálogo, no su estado ideal ni su conclusión. Lo realmente esencial es dialogar para intentar solucionar los problemas pensando en lo mejor para la comunidad.

Pronto comprobaremos si los acuerdos para conformar la Mesa del Congreso son sólo una operación de cálculo político

Ciertamente, el consenso, el acuerdo, son una etapa del diálogo, como también lo son el disenso, la divergencia, la discusión, la desavenencia o la recuperación de la concordia. Todas ellas son fases del diálogo igualmente valiosas. Pero lo fundamental no es que los interlocutores se pongan siempre de acuerdo en todo y para todo -lo que es imposible-, sino que respeten y tengan permanentemente presente el presupuesto metapolítico que lo hace posible: la dignidad de la persona y sus derechos fundamentales.

Hoy, sin embargo, si los actuales dirigentes políticos fueran capaces de comprender que el pueblo lo que quiere son cambios profundos, no discusiones sobre personas o personajes, otro gallo cantaría. La pregunta es: ¿serán capaces de pensar de verdad en los problemas de los españoles y menos en su supervivencia personal?. La contestación a esta pregunta la encontraremos en los próximos días. Entonces, comprobaremos si los acuerdos y abstenciones para la conformación de la Mesa del Congreso ha sido una operación simplemente de cálculo político o si, por el contrario, es el anticipo de una nueva etapa de búsqueda de acuerdos pensando en lo mejor para el pueblo.

*** Jaime Rodríguez-Arana es catedrático de Derecho administrativo.