El Gobierno trabaja contrarreloj para evitar que las grandes organizaciones agrarias españolas se sumen a las protestas del sector agrícola europeo que hoy se extienden por Francia, Italia, Alemania y otros países de la UE.

Las quejas de los agricultores españoles son, en buena parte, coincidentes con las de los productores europeos. El sector, muy golpeado por el incremento de los costes de la energía provocado por la guerra de Ucrania, pide la paralización del acuerdo de la UE con el Mercosur, la no ratificación del acuerdo con Nueva Zelanda y el freno de las negociaciones con países como Chile, México o Kenia, entre otros. 

Este diario no puede defender políticas proteccionistas que obstaculicen el libre mercado y que, a medio y largo plazo, acabarían perjudicando a los propios agricultores y consumidores europeos.

Pero las protestas son legítimas en un punto en concreto: la UE no puede permitir el acceso a los mercados europeos de productores extranjeros que no se someten a las mismas normas de protección sanitaria que deben cumplir los europeos.

No es exagerado por tanto hablar de competencia desleal, alentada involuntariamente por la propia UE.

Las regulaciones medioambientales y sanitarias de la UE son necesarias y, además, son la garantía de un sector alimentario saneado y de calidad. Pero no pueden operar sólo para los productores europeos.

Si esas regulaciones son lo suficientemente necesarias como para justificar el hecho de 'atar una mano a la espalda' del sector agrícola europeo, entonces debe atarse también la mano de los productores extranjeros. Europa no puede ser un mercado fuertemente regulado para los europeos y desregulado para sus competidores. 

La solución en este punto en concreto pasa, por tanto, por igualar las condiciones de todos los competidores, nacionales, europeos e internacionales.

Más complejas son otras reclamaciones de los agricultores españoles, muy afectados por la sequía (este diario lleva años pidiendo un pacto estatal por el agua), por la creciente complejidad de la legislación de la PAC (Política Agraria Común) y por otras cuestiones laborales y relacionadas con los costes de producción. 

Este diario no comparte ese relato paranoico alentado por los populismos de extrema derecha que hablan de un plan deliberado de la burocracia bruselense para la erradicación del sector agrícola y ganadero con la excusa de la crisis climática.

Ese descreimiento es sin embargo compatible con la evidencia de que los populismos de extrema izquierda europeos, de los que en España tuvimos un buen ejemplo cuando el ministro Alberto Garzón arremetió contra las macrogranjas españolas, consideran a los sectores agrícola y ganadero como víctimas colaterales 'aceptables' de sus suicidas políticas de decrecimiento económico. 

Es evidente que el campo español, como ocurre también en el resto de Europa, sufre problemas no precisamente imaginarios y que esos problemas pueden tener como consecuencia la puesta en riesgo de una buena parte de la cadena agroalimentaria y nuestra consiguiente dependencia de productores ajenos a la UE. 

Las reclamaciones del sector agrícola español son por tanto razonables y el hecho de que sean compartidas con los agricultores (y ganaderos) del resto de Europa demuestra que el problema es tanto nacional como comunitario.

La respuesta de la UE debe ser por tanto común. La competencia en desigualdad de condiciones no es verdadera competencia, sino autoboicot.