Los españoles están siendo testigos durante los últimos días de una escalada de la beligerancia dialéctica por parte del Gobierno y de sus terminales mediáticas. También, de un incremento de la tensión callejera a manos de Vox y otros sectores de la extrema derecha. Testigos y víctimas, dado que ellos serán los principales damnificados por esta escalada armamentística que a nadie beneficia más que a los extremos. 

Es obvio que la estrategia de Carles Puigdemont, que está tensando la cuerda de la negociación con el PSOE y que ahora amenaza con llevarla hasta la semana que viene, ha conseguido generar en el Gobierno un estado de enorme nerviosismo.

También ha generado nerviosismo en una oposición que ve cómo Pedro Sánchez parece no oponer freno alguno a las demandas más disparatadas de los independentistas. 

Que el Consejo General del Poder Judicial se haya manifestado por 9 votos contra 5 contra la amnistía, y que el juez del caso Tsunami Democràtic haya atribuido delitos de terrorismo a Carles Puigdemont y Marta Rovira, ha excitado todavía más los ánimos de un Gobierno que se siente tan acorralado por Junts como por una parte de los jueces. 

Y ese estado de nerviosismo ha conducido a algunos miembros del gobierno a la sobreactuación. El pasado sábado Patxi López acusó al PP de alentar los escraches frente a las sedes del PSOE. Escraches que, dijo, siguen el "más puro estilo nazi".

Es cierto que algunas sedes del PSOE han sido vandalizadas y que han aparecido con pintadas y restos de huevos. En algunos de los escraches, además, se han escuchado lemas franquistas e insultos al presidente del Gobierno.

Pero el portavoz socialista en el Congreso debería ser menos tremendista con las palabras para no añadir gasolina al fuego. Sobre todo en un momento en que una verdadera ola nazi, esta sí extraordinariamente preocupante, recorre Europa contra los ciudadanos judíos con la excusa de la guerra en Gaza. ¿Se está comparando Patxi López con los judíos que son asaltados en sus casas por antisemitas violentos? 

A estas alturas resulta ocioso recordar, además, que fue Podemos, socio del PSOE, el que importó los escraches desde Argentina y los calificó de "jarabe democrático". Porque tan inaceptables eran entonces, cuando los ejecutaba la extrema izquierda, como ahora, cuando los ejecuta la extrema derecha, liderada por un Santiago Abascal que ayer llamó a sus seguidores, desde su cuenta de Twitter, a acudir a Ferraz. Su propia presencia contribuyó a inflamar los ánimos hasta el extremo de que grupos violentos lanzaron bengalas a pocos metros de la policía y trataron de romper el cordon que protegía la sede. Eso obligó a los agentes a dispersar la protesta con gases lacrimógenos.

Las protestas pueden responder a un malestar justificado, pero EL ESPAÑOL debe recordar que el PSOE está amparado por la legalidad hasta que los tribunales digan lo contrario y que son las urnas, no las protestas callejeras, las que dictan sentencia sobre el proceder de un gobierno siempre que ese proceder, guste o no, esté amparado por la legalidad. Y, de momento, lo está. 

En este sentido, también es inaceptable la campaña que algunas terminales mediáticas del PSOE, lideradas por algunos periodistas de la órbita monclovita, están llevando a cabo contra los jueces cuyos autos, interpretan ellos, podrían perjudicar el pacto entre Carles Puigdemont y el PSOE. El Estado de derecho obliga tanto a Pedro Sánchez como a Carles Puigdemont como a Santiago Abascal y ese debe ser el criterio último de lo tolerable y de lo intolerable en una sociedad democrática como la española. 

EL ESPAÑOL quiere recordar, además, que un escrache no es lo mismo que una protesta espontánea, y que una protesta espontánea no es lo mismo que una manifestación autorizada. Que las decisiones de los jueces no son lawfare o Estado de derecho en función de si benefician o perjudican a nuestros intereses personales. Y que rodear sedes de partidos políticos fue tan inaceptable cuando lo hizo el PSOE tras los atentados de Atocha como es inaceptable ahora, cuando los incentiva Vox.

La clase política española debe bajar las revoluciones, que no quiere decir vegetar en el conformismo, para que la convivencia no se enrarezca hasta el punto de no retorno. Si todos actúan como irresponsables, ¿qué esperanza le queda al ciudadano?