A unas pocas horas de que se inauguren las Cortes y se vote la Presidencia y Mesa del Congreso, se puede afirmar que la política española nunca había caído tan bajo. Pedro Sánchez se ha prestado a escenificar una puja sonrojante para intentar hacerse con los siete votos de Junts, que van subiendo de precio a medida que se acerca el momento de la votación.

Es una anomalía democrática de primer orden que un expresidente autonómico fugado de la Justicia esté llevando desde Waterloo la iniciativa en la definición del futuro político de España. Y que hayamos llegado a una situación en la que esté en manos de Carles Puigdemont condicionar la constitución del órgano de gobierno de la Cámara que representa la soberanía nacional.

Es humillante para la democracia española este estado de vilo ante quien lleva semanas conduciendo una guerra de nervios desde sus redes sociales, lanzando órdagos constantes y recreándose en su capacidad de mantener hasta el último minuto el suspense.

Que un puñado de independentistas vaya a decidir quince minutos antes de que se inicie la sesión de apertura de la XV Legislatura si dan su apoyo a la primera vuelta de la investidura del próximo presidente anticipa el grado de inestabilidad e incertidumbre que atenazaría a una gobernabilidad rehén de los caprichos del separatismo.

Y es que a Junts no le importa quién gobierne un país que aspira a romper, sino qué escenario le permita explotar mejor el chantaje. Al mostrar que no tendrían problema en prolongar la situación de interinidad de la política española con una repetición electoral, o incluso en facilitar que el control de la Mesa recaiga en el PNV y el PP, los de Puigdemont quieren aumentar su presión sobre Sánchez.

Pero sería una auténtica tragedia que el ex president consiguiese doblar la mano del presidente en funciones, y que este claudicase ante unas exigencias que tienen como único horizonte la independencia de Cataluña.

Porque ni la presentación de la filonacionalista Francina Armengol como candidata a presidir una Mesa dispuesta a tramitar la ley de amnistía ("un guiño insuficiente y no consultado", según Junts), ni el último cebo desesperado lanzado por Sánchez este miércoles en su compromiso de promover el uso del catalán en la UE servirán para contentar a quien no tiene nada que perder.

La postura de Puigdemont la ha explicado en un editorial uno de los portavoces oficiosos del nacionalismo, VilaWeb. Junts quiere abandonar "la subordinación a la política española", porque "si tú lo que quieres es marcharte, no puedes tener intereses en la política del país del que quieres marcharte". De ahí que hayan optado por adoptar "una actitud de indiferencia hacia lo que ocurre en la metrópoli" y el marco de un "conflicto nacional" en el que "la batalla se plantea como una nación contra otra nación".

Además, Puigdemont ha insistido en que no se cree las "promesas formuladas por quien siempre las incumple", asegurando que la "profunda desconfianza no va a desaparecer por un acuerdo y que un desacuerdo no va a hacer más profunda". Por eso ha exigido "hechos comprobables" antes de decidir si apoya la elección de Armengol como presidenta del Congreso y, a continuación, la investidura de Sánchez.

Y, como ha podido verificar este periódico, Sánchez y Puigdemont seguían negociando a contrarreloj en la noche del miércoles esas pruebas concretas. Las fuentes gubernamentales dan por cerrado el acuerdo. Y ahora restaría acordar cómo contarlo, para que Junts pueda ponerse la medalla y Sánchez no quede comprometido en caso de una repetición electoral.

Es verdad que en la política española siempre se han dado negociaciones secretas. Y que incluso pueden ser defendibles las conversaciones discretas. Y también que no es la primera vez que estas se entablan con independentistas.

Pero ahora se da la circunstancia inédita de que el Congreso está pendiente de la negociación secreta con un independentista sobre el que pesa una orden de detención y que no ha dejado de vituperar públicamente a su interlocutor. Y de que un fugado de la Justicia en el extranjero decidirá la tercera autoridad del Estado.

En unas horas saldremos de dudas sobre cómo se las ha arreglado Sánchez para amarrar un acuerdo con quien exige irrevocablemente a cambio de su apoyo la amnistía, la condonación de la deuda catalana con el Estado, las lenguas cooficiales en las Cortes y "el reconocimiento del derecho a la autodeterminación" de Cataluña. La deriva política española, en cualquier caso, no puede ser más inquietante.