La reunión que la ministra de Asuntos Económicos Nadia Calviño mantuvo ayer viernes con los representantes de la banca para concretar los detalles sobre el polémico nuevo impuesto al sector financiero acabó tal y como había empezado. Ni Calviño logró explicar cómo se va a concretar el impuesto, ni la banca salió de la reunión con la convicción de que este sea algo más que, como ha dicho la CEO de Bankinter María Dolores Dancausa, un impuesto "injusto" que no ayudará a contener la inflación. 

A la reunión asistieron los presidentes del BBVA, de Banco Sabadell, de CaixaBank y de Unicaja Banco. No asistieron, en cambio, Ana Botín, que envió a su consejero delegado, José Antonio Álvarez, ni la propia María Dolores Dancausa. Una pista de lo calientes que están los ánimos en un sector bancario que se siente utilizado como chivo expiatorio por un Gobierno abonado al tacticismo de la improvisación cortoplacista. 

Resulta difícil encontrar apoyos al impuesto a la banca más allá del Consejo de Ministros y los socios parlamentarios del Gobierno. El BCE, por ejemplo, ha advertido ya de que el impuesto a la banca no debe afectar a su solvencia ni dificultar la concesión de crédito, algo que en la práctica equivale a rechazar de plano la imposición del impuesto. 

Es una postura compartida por todo el sector bancario español, que cree que el impuesto impedirá que la banca española cumpla con los requisitos que se les exigen a las entidades financieras europeas, dificultará la concesión de créditos a empresas y familias, y empeorará las condiciones de aquellos que sí se concedan. 

Fueron las Cajas

Lo cierto es que ninguno de los cuatro argumentos esgrimidos por el Gobierno para la imposición del impuesto resiste el más somero análisis. 

El Gobierno esgrime, en primer lugar, que la banca debe arrimar el hombro dado que el Ejecutivo "apoyó" a todas las empresas durante la pandemia. Pero la realidad es que el Gobierno español fue uno de los que menos dinero destinó a esas ayudas, como demuestra el hecho de que nuestro país fuera señalado una y otra vez como uno de aquellos en los que el impacto económico del virus fue mayor y más duradero. 

El Gobierno esgrime también la idea de que las ayudas públicas salvaron al sistema financiero durante la crisis económica que se inició en 2008 y que se alargó hasta 2011.

Pero la realidad es que la rescatada no fue la banca privada, salvo alguna excepción muy puntual, sino esas cajas públicas en las que moraban políticos de todos los partidos sin experiencia financiera alguna. Casi ninguna de las entidades que pagarán hoy el nuevo impuesto a la banca fue rescatada, por tanto, en 2009. 

Impuestos sobre futuribles

El tercer argumento es el de que la banca no es un sector económico afectado por la subida de los precios de la energía. Y es insostenible. 

Y no sólo porque esa tesis, expuesta en esos términos, sería aplicable también al Estado, cuyos ingresos sí se han incrementando sensiblemente a causa de la inflación. Sino porque parece demostrar que el objetivo del impuesto sea que incluso aquellas empresas que no se han visto dañadas por la subida de los precios de la energía acaben "solidarizándose" en sus pérdidas con aquellas que hoy luchan por su supervivencia. 

El cuarto argumento es el de que la subida de tipos producirá un incremento de los beneficios de la banca que compensará años de tasas negativas. Y la respuesta es, en primer lugar, que eso es un futurible que convierte el impuesto en una tasa sobre hipotéticos beneficios futuros que aún no se han generado.

Y, en segundo lugar, que ese retorno a tasas de interés positivas no es un "beneficio caído del cielo", sino el retorno a una situación de normalidad monetaria.

Una reunión innecesaria

A una reunión innecesaria y en la que Calviño apenas pudo justificar el impuesto a la banca se suma la insistencia de Podemos en aprobar un nuevo tipo penal que acarree cárcel para los banqueros que repercutan los impuestos en sus clientes.

La ocurrencia no sólo no ha sido desautorizada por el PSOE, sino que está contribuyendo a generar un clima populista de descrédito del sector financiero quizá muy rentable electoralmente, pero letal para la confianza de los inversores en nuestro país.

Un reciente estudio del Instituto de Estudios Económicos prevé que el impuesto a la banca tenga un impacto contractivo en la economía española de 5.000 millones de euros (cuatro puntos del PIB) y de 73.000 empleos perdidos.

El Gobierno debe reflexionar muy seriamente sobre qué pretende realmente con este impuesto y si lo ganado a corto plazo por intereses meramente políticos y coyunturales compensará los enormes daños a largo plazo que provocará.