El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, caminando con la ministra de Universidades, Diana Morant.
El Gobierno anuncia un nuevo decreto 'antichiringuitos' para frenar a la universidad privada: el Supremo tumbó el anterior
El Ministerio de Universidades argumenta que "existe el riesgo de que se consoliden modelos universitarios que no respondan de forma suficiente a los estándares de calidad docente e investigadora".
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El Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades ha sacado a consulta pública previa el proyecto de real decreto de modificación de normativa sobre creación, reconocimiento y autorización de universidades y centros universitarios, más conocido como decreto antichiringuitos.
Sus requisitos serán los mismos que los incluidos en la norma aprobada el año pasado y tumbada por el Tribunal Supremo. De esta manera, el Gobierno de España reanuda su batalla contra la universidad privada.
El Departamento que dirige Diana Morant, en este sentido, ha iniciado los trámites para aprobar de nuevo la norma que endurece los requisitos para la creación de universidades, después de que el Tribunal Supremo la anulara por "falta de justificación en su tramitación urgente".
El periodo de participación pública del nuevo real decreto sobre creación, reconocimiento y autorización de universidades queda abierto desde el día 15 de octubre hasta el 30 de octubre de 2026.
El tribunal concluyó que el acuerdo de la tramitación urgente del procedimiento de elaboración y aprobación "no está debidamente justificado". "Y, su efecto, de omisión del trámite de consulta previa, carecía del amparo legalmente exigido", apunta.
En la sentencia, la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo anula el real decreto sobre universidades al estimar un recurso de la comunidad autónoma de las Islas Baleares e impone las costas a la Administración General del Estado en cuantía de 6.000 euros.
Justificación de la nueva regulación
Pese a ello, el Gobierno no se ha quedado de brazos cruzados y ha puesto en la picota a los proyectos de nuevas universidades.
Así, en el documento publicado para lanzar la consulta previa de la nueva norma, que tiene por objeto recabar la opinión de ciudadanos, organizaciones y asociaciones antes de la elaboración de un proyecto normativo, el Ejecutivo justifica que "existe el riesgo de que se consoliden modelos universitarios que no respondan de forma suficiente a los estándares de calidad docente e investigadora que históricamente han caracterizado a la universidad española, y que la equiparan a la Europa más desarrollada".
"Ello podría afectar no sólo a las instituciones de nueva creación, sino también al prestigio, la credibilidad y la competitividad internacional del sistema universitario en su conjunto (incluyendo tanto a las universidades públicas como sobre las universidades privadas ya consolidadas y de larga y fructífera trayectoria académica), así como a la confianza de estudiantes, familias y empleadores en los títulos universitarios españoles", agrega en el documento.
Por ello, el Gobierno considera "necesario" revisar la regulación vigente en materia de creación, reconocimiento y autorización de universidades y centros universitarios, contenida en el Real Decreto 640/2021, de 27 de julio, "con el fin de reforzar las garantías exigibles a los nuevos proyectos universitarios y asegurar unos estándares homogéneos de calidad en todo el sistema universitario".
En este punto, asegura que la experiencia acumulada desde la entrada en vigor de dicha norma "ha puesto de manifiesto la conveniencia de actualizar determinados requisitos y procedimientos para adecuarlos a la realidad actual del sistema universitario y a las transformaciones que este ha experimentado en los últimos años".
Para Universidades, "la necesidad de la intervención normativa es apremiante", ya que el sistema universitario español "se encuentra inmerso en un proceso de rápida expansión y transformación, caracterizado por el notable incremento de iniciativas de creación de universidades, el crecimiento sostenido de la enseñanza virtual y la creciente relevancia de garantizar una actividad investigadora suficiente como elemento definitorio de la institución universitaria".
![Alguno profesores, este viernes, durante la huelga de educación.](["https:\/\/s3.elespanol.com\/k\/imgp\/cms\/elespanol\/11379291.jpg?p=w:320\/h:240&h=uQvapXys"])
"Esta evolución está produciéndose a un ritmo superior al de la capacidad de respuesta del marco regulador vigente, cuyos instrumentos han evidenciado limitaciones para asegurar de forma efectiva unos estándares homogéneos de calidad en todo el territorio", avisa.
En este contexto, el Gobierno destaca que la aprobación de esta norma "no admite demora" ya que, a su juicio, "de mantenerse el régimen actual, podrían seguir reconociéndose y autorizándose proyectos universitarios que no acrediten suficientemente los requisitos académicos, docentes, investigadores y de sostenibilidad institucional que deben caracterizar a una universidad".
Los mismos requisitos
El real decreto aprobado por el Gobierno hace un año, y ahora tumbado por el Supremo, exigía, entre otros nuevos requisitos, que las universidades cuenten con una masa crítica de 4.500 estudiantes.
También reforzaba las garantías de solvencia económica del proyecto, ya que se requería un aval bancario, u otro instrumento legal similar, que demuestre fehacientemente la disponibilidad de recursos económicos suficientes para sustentar el proyecto.
La norma también establecía que era necesario un informe de evaluación preceptivo y vinculante elaborado por la ANECA o las agencias autonómicas equivalentes, además del informe preceptivo de la Conferencia General de Política Universitaria que se exige actualmente.
![El seleccionador nacional de fútbol, Luis de la Fuente, investido 'doctor honoris causa' en la UCAM.](["https:\/\/s3.elespanol.com\/k\/imgp\/cms\/elespanol\/11378628.jpg?p=w:320\/h:240&h=PpjfwQcL"])
Por otro lado, recogía que el reconocimiento de las universidades online debe ser aprobado por las Cortes Generales y contar con un informe vinculante de la ANECA.
También exigía que, cuando se quiera crear o reconocer una universidad, en la memoria del proyecto se recoja el compromiso de que la institución va a disponer a los tres años de estar en funcionamiento de un número de plazas de alojamiento equivalente al 10% de estudiantes.
Con esta norma ya anulada, la universidad debía igualmente dedicar también el 5% de su presupuesto a impulsar la investigación y el 50% de los profesores tenían que ser doctores, dentro de los cuales el 60% tenían que tener una evaluación positiva, con al menos un sexenio de investigación.
