Amparo Valcarce, secretaria de Estado de Defensa. Congreso
El Gobierno defiende los contratos a Indra por "su acreditada solvencia" y "experiencia contrastada"
La secretaria de Estado de Defensa ha respondido al PP sobre los criterios por los que el Ejecutivo ha concedido 16.590 millones de euros a la compañía
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La secretaria de Estado de Defensa, Amparo Valcarce, ha defendido este jueves que una gran parte de los programas incluidos en el Plan Industrial y Tecnológico para la Seguridad y la Defensa se hayan adjudicado a Indra, dada su"acreditada solvencia" y su "acreditada experiencia" en la gestión de este tipo de proyectos.
Valcarce ha respondido así en la Comisión Mixta de Seguridad Nacional al diputado del PP Carlos Rojas, quien le ha preguntado por los criterios por los que el Gobierno ha concedido 16.590 millones de euros de un total de 33.936 de los programas de forma directa a Indra Group, así como a las empresas vinculadas a su presidente.
Según Rojas, hasta a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) han llegado denuncias por irregularidades y conflictos de intereses debido a esas adjudicaciones, por lo que ha pedido explicaciones al Gobierno y transparencia.
Valcarce ha explicado que de los 35 programas especiales de modernización del plan, Indra ha sido adjudicataria en 11 y como integrante de UTE (unión temporal de empresas) en otras 8.
Para ello, "se ha valorado el peso estructural de Indra" en la industria de Defensa y también como "empresa sistemista e integradora de referencia en capacidades recogidas como esenciales en la estrategia industrial de Defensa", uno de cuyos objetivos es reducir la dependencia de países terceros.
Sede de Indra
Esto exige, ha asegurado Valcarce, "apoyarse en empresas nacionales, como es el caso de Indra, con acreditada solvencia técnica, industrial y financiera".
En este sentido, la secretaria de Estado ha insistido en que "los programas especiales de modernización (PEMs) persiguen dotar a las Fuerzas Armadas de sistemas complejos de alto valor tecnológico".
Su desarrollo, ha apuntado Valcarce, "exige capacidades de integración, certificación, gestión de programas y sostenimiento a largo plazo".
Unas capacidades que "solo se pueden prestar con empresas con experiencia contrastada en gestión de grandes programas", como es el caso de Indra, participada por el Estado a través de la SEPI.
Normativa vigente
La secretaria de Estado ha asegurado que todos los contratos celebrados se atienen a las normativas vigentes en el ámbito de la defensa y la seguridad, artículo 7, de la Ley 24/2011 de 1 de agosto de los Contratos del Sector Público en los ámbitos de la defensa y la seguridad.
Igualmente, ha recordado que "la aplicación de dicha norma responde a la naturaleza específica de los programas de armamento y a la necesidad de proteger los intereses esenciales de seguridad del Estado, conforme al marco jurídico nacional y europeo".
Valcarce ha precisado que con esas adjudicaciones se ha buscado una continuidad y coherencia tecnológica con empresas que ya lideran programas, lo que puede garantizar la interoperabilidad.
Valcarce ha añadido que se han tenido en cuenta criterios de proporcionalidad, asegurando que de cada 10 euros invertidos 8 se traduzcan en inversión en el Estado español y empleo.
