Uruguay se abre ahora a una "mediación" con Cardama tras cancelar el contrato por dos patrulleros oceánicos

El Gobierno uruguayo ha asegurado este lunes que todavía existe "la posibilidad de una mediación" con el astillero gallego Cardama, después de que la pasada semana el propio presidente del país sudamericano, Yamandú Orsi, anunciara la rescisión del contrato por dos patrulleros oceánicos (OPV) tras encontrar indicios de una presunta estafa en relación a la garantía presentada por la empresa española.

Así lo ha adelantado el secretario de Presidencia de Uruguay, Alejandro Sánchez, quien ha asegurado que el país seguirá "todos los caminos jurídicos" establecidos en el acuerdo rubricado con Cardama. En ese sentido, ha señalado que, así como Uruguay fue "duro" en exigir que no puede haber un contrato sin garantía, también es "el primer interesado" en recorrer los caminos que están establecidos en el citado contrato.

"Frente al incumplimiento del contrato fue que el Gobierno tomó la decisión de desencadenar los mecanismos administrativos para rescindirlo. Habrá que generar todos los espacios que el contrato establece de mediación, de discusión, de presentarse en los estrados judiciales", ha explicado Sánchez. La garantía en cuestión equivale al 5% del contrato, que asciende a 92 millones de dólares (79 millones de euros).

Consultado sobre si los representantes de Cardama serán recibidos, ha insistido que Uruguay seguirá "el camino del derecho" y subrayado que por no haber hecho eso anteriormente es que existe un problema. "El hecho de hacer las cosas informalmente es lo que ha generado que tengamos hoy un contrato millonario sin garantía", ha denunciado.

Por su parte, desde Cardama han puesto en relieve haber "cumplido en todo momento con sus obligaciones contractuales", que no existe incumplimiento ni perjuicio alguno y que "las garantías fueron oportunamente presentadas, aceptadas y supervisadas" por el anterior gobierno uruguayo, liderado por el expresidente Luis Lacalle Pou.

"En consecuencia, cualquier incidencia relativa a las mismas no puede ser imputada a este astillero, que también ha asumido los costes derivados de su emisión", han afirmado a través de un comunicado. Además, desde la empresa gallega han asegurado que han mantenido "una comunicación constante, transparente y documentada" sobre el desarrollo de los buques.

"Por ello, resulta sorprendente conocer por vía pública una eventual intención de resolver el contrato sin que medie una comunicación o intercambio previo entre las partes. Tal circunstancia no se ajusta al principio de buena fe contractual que debe regir toda relación entre la Administración y sus contratistas", han lamentado.

Asimismo, Cardama se ha mostrado dispuesta "a sustituir la garantía de fiel cumplimiento por una nueva que cumpla con las características que la Administración considere adecuadas, en caso de ser necesario. De igual modo, ha solicitado "un diálogo inmediato" con el Gobierno uruguayo y que, en caso de no materializarse, llevará a cabo "las acciones legales que correspondan para la protección de sus legítimos derechos e intereses".