Las líderes de los tribunales de cuentas de la UE fiscalizan la igualdad en Madrid: "No es algo político, es democracia"

Entre el lunes 12 de enero y el martes 13 ha tenido lugar en Madrid una cita histórica, el I Encuentro de Alto Nivel de Presidentas de las Entidades Fiscalizadoras Superiores (EFS) de la Unión Europea.

El evento, organizado por el Tribunal de Cuentas de Portugal y España, ha reunido en la sede de la institución en Madrid a las homólogas comunitarias de Enriqueta Chicano —presidenta del TCu— y a la Defensora del Pueblo Europeo —la portuguesa Teresa Anjinho—.

Aunque la pieza central de esta reunión ha tenido lugar en la mañana del día 13, la maquinaria se puso en marcha ayer con un desayuno de prensa durante el cual Chicano conversó con las asistentes —en femenino— para presentar el acto, así como un amplio informe sobre la fiscalización de la igualdad en España que se hace desde el organismo.

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Tras el encuentro

"Desde el Tribunal de Cuentas tenemos muy claro que la búsqueda de la igualdad entre hombres y mujeres no es una posición política, sino una necesidad democrática. Es algo que nos tomamos muy en serio", declaraba en la jornada del lunes Enriqueta Chicano en una de las salas de la sede de la institución.

El encuentro promovido desde el TCu español y el portugués ha nacido con varias motivaciones: la primera, que hoy en día son 10 mujeres en la Unión Europea las que ocupan el mismo cargo que la española. En 2021 sólo eran tres. La totalidad de posiciones a ocupar en este rol son 27.

"Uno de los porqués tras esta reunión es que en 2021 asistí a una cita con varios presidentes de entidades fiscalizadoras y me di cuenta al ver la foto de que la única mujer en la imagen era yo", comentaba Chicano.

Por otro lado, uno de los objetivos del evento era observar cómo ejercen las mujeres el liderazgo en los órganos constitucionales. La presidenta del Tribunal de Cuentas español decía en la mañana del lunes 12 que es un error negar que este se ejerce de forma diferente dependiendo del género.

La Defensora del Pueblo Europeo durante su intervención. Sara Fernández

"Nosotras somos más resilientes, más empáticas, intentamos evitar los conflictos, fomentamos la participación y es más probable que tomemos acción para motivar a los equipos de trabajo. Le damos mucha importancia al desarrollo personal y tenemos menos sentido de jerarquía —al menos en el sentido clásico—", explicaba Chicano.

Además, la presidenta del TCu también recalcaba durante su intervención en esta conversación abierta con la prensa que cuando son ellas las que se comportan siguiendo determinados patrones es porque lo hacen imitando comportamientos masculinos debido a la sensación de que así se va a llegar de forma más sencilla a ciertos puntos u objetivos.

Igualmente, otra de las motivaciones que ha servido como motor para este encuentro ha sido la de detallar cómo mantener la igualdad, fiscalizarla, aportar acciones en el plano comunitario en esta materia y reforzar estos mensajes principios, que son los que rigen la UE. Y, por supuesto, que todo se desarrolle en las mejores condiciones posibles. De forma óptima.

Un país que está actualmente en una posición muy complicada es Ucrania. De hecho, Olha Pishchanska ha tenido que intervenir en la cita a través de videollamada.

Además de las representantes que ya se ha mencionado, a la reunión han acudido también las de Austria, Bélgica, Eslovenia, Grecia, Lituania, Rumanía y Suecia.

Todas las participantes han firmado la Declaración de Madrid, un compromiso para integrar de forma decidida la perspectiva de género en las fiscalizaciones del sector público.

El texto subraya la necesidad de cooperar y mantener viva esta agenda, alineada con los valores de independencia, transparencia e integridad. España expuso su trayectoria: avances normativos desde 2010, un nuevo Plan de Igualdad y un programa de fiscalización que en 2025 incorporó análisis al respecto en 40 informes y prevé tres auditorías específicas en 2026.

Tras compartir impresiones en la mañana de hoy, martes 13, Enriqueta Chicano ha declarado en exclusiva para Magas que esta cita supone una "visión de futuro" y que espera que sirva para trasladar a las instituciones —europeas y nacionales— la importancia de "preservar los principios que además nos hemos dado nosotros, que no nos ha dado nadie. Y este es uno de ellos".

Ayer, la presidenta señalaba —haciendo alusión en parte a la necesidad de crear comunidad entre mujeres— que también era necesario que todas las responsables de estos órganos se conociesen en persona para romper esa barrera.

La igualdad en el TCu

Para la lectora a la que resulte ajena o lejana la institución que preside Chicano, tiene que saber que una de las razones de su existencia es la de servir como garantía a los ciudadanos.

"En los últimos tiempos hay un desprestigio generalizado y a la ligera hacia estas instituciones y eso es muy peligroso", especificaba ayer ella misma, que señalaba la necesidad de darles el lugar que corresponde, legitimarlas.

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En el caso del TCu este se encarga de controlar cómo se gestionan y se gastan los fondos públicos. Su función principal es garantizar que estos se usen legalmente, de forma correcta y eficiente.

Para verlo de forma clara en cuatro pasos: fiscaliza el empleo de ese dinero, exige responsabilidad contable —siempre a los órganos y empresas públicas—, informa a las Cortes Generales y controla la financiación de los partidos políticos.

Tres de las características importantes que lo definen es que se trata de un organismo constitucional; es independiente del gobierno; y tiene funciones fiscalizadoras y jurisdiccionales.

Imagen del encuentro. Sara Fernández

Una de las causas que fiscaliza es la igualdad y lo hace desde 2015. En este caso, supone examinar si las políticas públicas y el uso de esos fondos que antes se mencionaban incorporan de manera efectiva el propio principio y no sólo si el gasto es legal o correcto desde el punto de vista contable.

Tras aplicar sus herramientas de control, la institución elabora una serie de informes que, por supuesto, pasan diferentes procesos antes de ser aprobados definitivamente, y luego se trasladan a los órganos pertinentes. Cuando se detecta alguna irregularidad, se hacen una serie de recomendaciones.

"No tenemos poder coercitivo, pero sí hacemos un seguimiento. Si vemos que no se dan los cambios que habíamos anotado, volvemos a incidir sobre ello a los dos años", detallaba Chicano.

No obstante, la implantación de la perspectiva de género en las funciones del TCu es algo tan obvio como reciente y para lo que se ha tenido que luchar durante años.

"Los principios por los que inicialmente nos regíamos eran los de legalidad, eficacia y eficiencia. Sin embargo, todo comenzó a cambiar a partir de 2010 y 2011. En 2015 adoptamos también en el mismo plano la transparencia, sostenibilidad e igualdad como puntos de partida de nuestra labor", comentaba Chicano a las periodistas asistentes al desayuno previo al encuentro.

Desde entonces, el enfoque de su trabajo ha cambiado de forma abismal. La perspectiva se ha colado por las rendijas del edificio y ha traspasado las competencias de cada una de las consejerías.

La presidenta expresaba que tienen claro desde la institución que esta visión tiene que ser algo que se dé de forma orgánica y estructural y que cuente con la "implicación de todos. Es una actitud".

Además añadía que cuentan con una guía sobre cómo fiscalizar la igualdad, por lo que "nadie tiene disculpa para no hacerlo como se debe".

Foto de las representantes tras el encuentro. Sara Fernández

La estela de esta transformación ya es más que notable. "A lo largo de estos años hemos estudiado muchas cuestiones relacionadas con la igualdad. Por ejemplo, nos dimos cuenta de que había muchas menos mujeres en el cuerpo diplomático", especificaba la presidenta.

Según sus palabras, esto se debía a las pocas especificaciones de los concursos. "Ellas atienden mucho más a ciertos datos, sobre todo cuando han formado una familia o tienen pareja, ya que muchas veces este tipo de roles exige de una relocalización y es algo que ellos no tienen tan en cuenta", aclaraba.

El impacto de esta fiscalización fue tal que el número de embajadoras ha aumentado sensiblemente desde entonces. "Incluso han formado una asociación. Fue en 2018", explicaba.

Por otra parte, también resulta magnífica la influencia indirecta que tuvieron determinadas acciones sobre el Pacto de Estado contra la Violencia de Género mediante la fiscalización para identificar ámbitos de mejora y normas financieras para optimizar la gestión de recursos.

En este punto, es habitual que aflore la cuestión de cómo todos estos números, datos y movimientos aterrizan en el día a día, más allá de las instituciones. Sobre esto Enriqueta Chicano se pronuncia sin tapujos. "En la calle la igualdad es para aquellos y aquellas que se interesan de verdad en ello. A veces es algo que activa un determinado grado de frustración

Presente y futuro

En 2025, desde el TCu se han aprobado 57 informes en total, de los que 40 analizan algún aspecto de la cuestión de género y dos son específicos al respecto (el 1646, que evalúa la perspectiva en presupuestos autonómicos; y el 1651, que hace lo mismo, pero se aplica al Ministerio de Industria y Turismo).

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De ellos se han extraído 86 conclusiones y 21 recomendaciones vinculadas a esta visión. De cara a 2026 hay tres fiscalizaciones previstas relacionadas con la igualdad y la violencia contra la mujer:

• De la contratación y control del servicio integral del sistema de seguimiento por medios telemáticos de las medidas cautelares y de prohibición de aproximación en materia de violencia de género y de violencia sexual.
• De las subvenciones para la mejora integral del servicio de teleasistencia para la atención y protección de las víctimas de violencia machista en el marco del PRTR, ejercicios de 2021 a 2025.
• Sobre la creación y puesta en funcionamiento de los centros de asistencia integral a víctimas de violencia sexual, ejercicios de 2021 a 2025.

La primera pauta que se refleja está directamente relacionada con el escándalo de los casos de las pulseras de geolocalización del Sistema VioGén.

Aquello que debía ser una herramienta de protección acabó revelando las grietas de estas medidas. Las palabras que en ese momento asaltaron la mente fueron fallos técnicos, gestión deficiente y supervisión insuficiente. Promesas de seguridad que desembocaron en una realidad peligrosa durante la que las víctimas estuvieron desprotegidas.

Este caso demostró que la tecnología, sin control público ni perspectiva feminista, no protege, sólo tranquiliza conciencias. Y eso, cuando hablamos de mujeres en riesgo, es una forma más de desamparo institucional. Aquí también entran los datos del Tribunal de Cuentas —y todo el buen hacer de los que en él trabajan—.