Terraza con pérgola.
Entró en vigor: multas de hasta 30.000 euros a los propietarios que instalen una pérgola en la terraza sin permiso en su edificio
Tener una terraza de uso privativo no da libertad total para instalar una pérgola si esta modifica la fachada o elementos comunes.
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Instalar una pérgola o un toldo en una terraza en España puede parecer una decisión que únicamente corresponde al propietario de la vivienda. Sin embargo, cuando la estructura modifica la fachada, necesita anclarse a elementos comunes o cambia la imagen exterior del edificio, la Ley de Propiedad Horizontal limita lo que puede hacerse sin autorización.
Una cuestión que cobra especial importancia durante los meses más calurosos, cuando terrazas y balcones vuelven a utilizarse a diario. Proteger estos espacios del sol con una pérgola o un toldo es una de las soluciones más habituales, pero antes de iniciar la instalación conviene comprobar qué permisos hacen falta.
Y es que ni siquiera disponer de una terraza de uso privativo significa necesariamente tener libertad absoluta para modificarla. La fachada y otros elementos estructurales continúan formando parte del edificio y, por tanto, determinados cambios pueden necesitar el visto bueno de la comunidad.
No puede modificarse libremente
El artículo 396 del Código Civil incluye entre los elementos comunes determinadas partes que conforman la estructura y apariencia exterior del inmueble. Esta consideración resulta fundamental cuando se pretende instalar una estructura que será visible desde la calle o quedará fijada al edificio.
Por este motivo, antes de colocar una pérgola conviene revisar también los estatutos de la comunidad. Muchos edificios ya disponen de reglas destinadas a mantener una imagen exterior uniforme y establecen qué soluciones pueden instalar los propietarios.
Estas normas pueden determinar desde los colores y materiales hasta las dimensiones o modelos permitidos. De esta manera se evita que cada terraza presente cerramientos, toldos o estructuras completamente diferentes que terminen alterando la estética conjunta del inmueble.
El artículo 7.1 de la Ley de Propiedad Horizontal establece además límites a las modificaciones que cada propietario puede realizar. Las obras dentro de una vivienda no pueden perjudicar la seguridad o estructura del edificio, modificar su configuración exterior ni afectar a los derechos de otros propietarios.
Cuándo hay que pedir permiso a la comunidad
El problema aparece cuando la pérgola necesita fijarse sobre la fachada, altera visualmente el exterior o interviene sobre algún elemento compartido. En estos supuestos, la instalación deja de ser únicamente una decisión particular.
Será entonces cuando resulte necesario comprobar los estatutos y llevar, cuando corresponda, la actuación ante la junta de propietarios. La mayoría necesaria dependerá de la naturaleza concreta de la intervención y de cómo afecte a los elementos comunes, por lo que no todas las instalaciones pueden someterse automáticamente al mismo régimen de votación.
De ahí la importancia de consultar a la comunidad antes de encargar la estructura. Tener autorización previa evita que, una vez realizada la inversión, aparezca un conflicto con otros propietarios que termine obligando a desmontarla.
Qué puede ocurrir si no hay autorización
La comunidad de propietarios no tiene potestad para imponer por sí misma una multa administrativa al vecino. Sin embargo, esto no significa que instalar una pérgola sin el consentimiento necesario quede sin consecuencias.
Si la estructura modifica la fachada o afecta a elementos comunes, la comunidad puede acudir a la vía judicial y solicitar que se restituya el inmueble a su estado anterior. Si la Justicia le da la razón, el propietario puede verse obligado a retirar o desmontar la instalación y asumir el coste correspondiente.
![Isabel Rodríguez, ministra de Vivienda y Pedro Sánchez, presidente del Gobierno.png](["https:\/\/s3.elespanol.com\/k\/imgp\/cms\/elespanol\/11254587.jpg?p=w:320\/h:240&h=4jZ7BreL"])
A ello se añade un segundo permiso que no debe confundirse con el de la comunidad: el municipal. Dependiendo de las características de la pérgola y de las ordenanzas del municipio, la actuación puede necesitar una licencia, declaración responsable u otro trámite urbanístico antes de ejecutarse.
La empresa española especializada en cerramientos metálicos, vallas y sistemas de ocultación Securfix señala que realizar una instalación que requiera autorización municipal sin haberla solicitado puede dar lugar a sanciones administrativas que, dependiendo de la gravedad de la infracción y de la normativa local aplicable, pueden situarse desde los 600 hasta los 30.000 euros o incluso superar esa cantidad.
Por tanto, esa posible multa no procede de la comunidad de propietarios, sino de la Administración competente cuando existe una infracción urbanística. La cuantía tampoco es idéntica en toda España, ya que depende de las ordenanzas y de las circunstancias concretas de cada actuación.
Restricciones en Ayuntamientos
Además de la Ley de Propiedad Horizontal y de las normas internas del edificio, existen municipios que establecen requisitos específicos para proteger la apariencia de sus calles y edificios.
Estas restricciones adquieren todavía más importancia en cascos históricos, inmuebles protegidos o zonas sometidas a normas especiales de conservación. En estos lugares pueden existir condiciones adicionales relacionadas con las dimensiones, materiales, colores o ubicación de toldos y pérgolas.
![Isabel Rodríguez, ministra de Vivienda y Agenda Urbana.](["https:\/\/s3.elespanol.com\/k\/imgp\/cms\/elespanol\/11319810.jpg?p=w:320\/h:240&h=8F1CyCmQ"])
Por eso, contar con la aprobación de los vecinos no significa necesariamente tener todos los permisos resueltos. Antes de instalar la estructura también conviene consultar en el Ayuntamiento si es necesario realizar algún trámite.
Si se ejecuta una instalación sin cumplir la normativa urbanística, la Administración puede abrir un expediente, exigir su legalización cuando sea posible o incluso ordenar su retirada, además de aplicar las sanciones que correspondan según la regulación local.
Por su parte, un propietario que considere injustificado un acuerdo adoptado por la comunidad puede recurrir a los mecanismos previstos en la Ley de Propiedad Horizontal para impugnarlo. Lo que no resulta recomendable es instalar primero la pérgola y resolver los permisos después, ya que el coste de desmontarla puede terminar sumándose al desembolso realizado inicialmente.
