El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, acompañado por la ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, en Moncloa.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, acompañado por la ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, en Moncloa.

Interiorismo

España cambia las normas para los menores de 35 y familias con hijos: el Estado avalará el 20% de su primera hipoteca

El programa público facilita el acceso a la vivienda al eliminar la necesidad de ahorro previo para la entrada, aunque exige mayor capacidad de pago mensual.

Más información: Es oficial: estudiantes de FP, Bachillerato y otros cursos matriculados en el año 26/27 tendrán ayudas de hasta 2.700€

Publicada

Aproximadamente la mitad de los españoles descarta comprar una vivienda porque lo considera inalcanzable, y entre los jóvenes ese porcentaje se dispara claramente por encima del 70%.

El principal muro no suele ser la cuota mensual —que también sigue siendo una de las más elevadas de Europa— sino el ahorro previo necesario para la entrada, que en muchos casos exige años de disciplina financiera que no siempre son viables.

Para responder a esta situación, el Gobierno ha puesto en marcha un programa que permite cubrir ese obstáculo inicial. A través del Instituto de Crédito Oficial, el Estado avala una parte de la hipoteca para facilitar el acceso a la primera vivienda, especialmente a menores de 35 años y familias con hijos.

El aval público que 'rompe' la barrera de entrada

La clave de la medida está en cómo transforma el acceso a la financiación hipotecaria. Hasta ahora, lo habitual era que los bancos concedieran como máximo el 80% del valor de la vivienda, lo que obligaba al comprador a disponer de ese 20% restante como entrada.

A eso había que sumar los gastos asociados a la compra, como notaría, registro o impuestos —entre ellos el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales—, que suelen rondar otro 10%.

Con el nuevo esquema, el Estado actúa como avalista de ese 20% que falta. En la práctica, esto permite que el banco financie el 100% del precio del inmueble, eliminando el mayor obstáculo para quienes tienen ingresos estables pero no han podido ahorrar lo suficiente.

Aun así, conviene matizar que el comprador seguirá necesitando cierto colchón económico para cubrir los gastos iniciales, que no están incluidos en el aval.

El perfil de beneficiarios está claramente definido, aunque con cierto margen de flexibilidad. Por un lado, los menores de 35 años se sitúan en el centro de la medida, mientras que también se incluye a familias con menores a cargo sin límite de edad.

En ambos casos, el acceso está condicionado a unos ingresos máximos de 37.800 euros brutos anuales, un umbral que se amplía en caso de parejas y aumenta progresivamente con cada hijo.

Imagen de ilustración.

Imagen de ilustración.

A esto se añade un componente que introduce un matiz interesante en términos de política pública. Si la vivienda adquirida cuenta con una certificación energética de nivel D o superior, el aval puede incrementarse hasta el 25%.

De esta forma, no solo se facilita el acceso a la vivienda, sino que también se incentiva la compra de inmuebles más eficientes, alineando la medida con objetivos de sostenibilidad.

Ahora bien, conviene entender con precisión la naturaleza de esta ayuda. No se trata de una subvención ni de dinero que el Estado entregue directamente al comprador, sino de una garantía.

El préstamo debe devolverse íntegramente, con sus intereses, y al financiar el 100% del valor de la vivienda, la deuda total es mayor. Esto implica que las cuotas mensuales también serán más elevadas que en una hipoteca tradicional con entrada previa.

El aval, además, no es indefinido. Tiene una duración de diez años, periodo durante el cual el Estado respalda ese porcentaje del préstamo frente al banco.

Una vez transcurrido ese tiempo, el riesgo recae completamente en el titular de la hipoteca. Paralelamente, el programa tiene un horizonte temporal claro: podrá solicitarse hasta finales de 2027 en las entidades financieras adheridas.

Si se traslada a un caso concreto, el impacto resulta más fácil de visualizar. Para una vivienda de 250.000 euros, el comprador necesitaría habitualmente 50.000 euros de entrada.

Con este sistema, esa cantidad queda cubierta por el aval público, lo que permite acceder a la compra sin ese ahorro previo, siempre que se cumplan los criterios de solvencia exigidos por el banco.