La nueva normativa lo confirma: la obligación que afecta a miles de vecinos y costará entre 15.000 y 30.000 euros

La nueva normativa de ascensores en España está revolucionando a miles de comunidades de propietarios. Desde 2024 entró en vigor un real decreto que modifica la regulación técnica de los ascensores, y ahora obliga a realizar reformas importantes en muchos edificios antiguos.

Esta obligación surge cuando un ascensor necesita una inspección, una avería grave o cualquier mejora importante. En esos momentos, los equipos deben adaptarse a requisitos de seguridad y accesibilidad mucho más exigentes que antes.

El impacto económico para las comunidades puede ser considerable: los costes estimados de estas adaptaciones oscilan entre 15.000 y 30.000 euros por ascensor, una cifra que preocupa a vecinos de fincas pequeñas o con ingresos reducidos.

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Desde el verano de 2024, en España se aplica el Real Decreto 355/2024, que actualiza la ITC AEM 1, la norma técnica que regula los ascensores existentes. Esta actualización busca elevar la seguridad y accesibilidad del parque de ascensores al nivel de los estándares actuales.

La intención oficial es reducir accidentes, mejorar el control de cargas y modernizar equipos que llevan décadas funcionando. Muchos ascensores instalados entre los años 60 y 80 ya no estarían dentro de la legalidad si no se adaptan a estas exigencias.

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Además, se exige que se registren ante las autoridades competentes, que dispongan de sistemas de comunidad bidireccional y una nivelación precisa con cada planta, entre otros requisitos técnicos más estrictos.

La obligación de adaptar un ascensor no es automática desde la entrada en vigor de la norma, pero sí se desencadena en situaciones concretas: durante una revisión periódica oficial, cuando el equipo sufre una avería importante o cuando se realizan obras internas significativas.

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En estos casos, la administración puede exigir que el ascensor cumpla completamente con la normativa vigente, incluso si antes bastaba una simple reparación. Esto convierte una intervención menor en una obra mayor.

Los técnicos aconsejan planificar con antelación estas reformas y no esperar a que un problema inevitable active la obligación, ya que posponer puede incrementar el coste total para la comunidad.

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El gasto asociado a adaptar un ascensor antiguo a las nuevas exigencias puede ser importante para las comunidades. Las cifras estimadas van desde unos 15.000 euros hasta 30.000 euros o más por equipo, según la complejidad de la intervención.

Estos importes incluyen instalación de barreras fotoeléctricas en las puertas, sistemas de comunicación internos modernos, mejora de nivelación o la sustitución de cuadros de maniobra obsoletos.

Aunque no todos los ascensores exigirán la inversión máxima, las comunidades pequeñas con pocos propietarios pueden enfrentar dificultades para asumir derramas tan elevadas sin financiación o ayudas.

Para muchas comunidades esto representa un gasto inesperado, especialmente en edificios con propietarios jubilados o con bajos ingresos. Las derramas extraordinarias pueden desbordar presupuestos y generar tensiones vecinales.

Algunos vecinos han optado por demorar reparaciones menores para evitar activar la obligación de adaptarlo por completo, aunque esto podría resultar más caro a largo plazo con inspecciones futuras.

Los expertos recomiendan realizar auditorías técnicas previas, solicitar varios presupuestos y planificar las obras en fases para repartir mejor los gastos en el tiempo.