Pilar García de la Granja, experta económica

Pilar García de la Granja, experta económica COPE

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Pilar García de la Granja, experta económica, sobre el absentismo laboral en España: "Las enfermedades no pueden tratarse todas igual"

La propuesta de la especialista es diferenciar y endurecer el fraude sin colocar en la misma situación a quien atraviesa una hospitalización o un tratamiento complejo.

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El aumento de las bajas laborales ha reabierto el debate sobre cómo proteger a quienes realmente no pueden trabajar sin convertir la incapacidad temporal en un problema inasumible para empresas y administraciones.

La periodista especializada en economía, Pilar García de la Granja, reclama distinguir entre las enfermedades graves y los procesos de menor duración. "No es posible que las bajas laborales de los trabajadores con enfermedades graves sean iguales que las que no lo son", sostiene.

Su planteamiento coincide con una tendencia que empieza a aparecer en algunos convenios colectivos. Empresas del metal, la tecnología, la distribución o la alimentación están limitando los complementos que elevan hasta el 100% el salario durante una baja.

El objetivo declarado es reducir los incentivos para prolongar procesos de forma injustificada. Sin embargo, el debate exige separar el fraude de las ausencias médicas legítimas y evitar que las medidas perjudiquen a pacientes con cáncer, enfermedades crónicas, hospitalizaciones o accidentes graves.

Millones de ausencias diarias

La tasa de absentismo alcanzó el 7,6% de las horas pactadas durante el primer trimestre de 2026, según Randstad Research. Esto supone que más de 1,6 millones de trabajadores no acudieron de media cada día a su puesto.

La cifra incluye diferentes motivos de ausencia y no puede identificarse automáticamente con fraude. Una parte importante corresponde a trabajadores con una incapacidad temporal reconocida por un profesional sanitario.

La AIReF ha constatado, no obstante, un crecimiento intenso de la prestación. El gasto público en incapacidad temporal se ha duplicado desde 2017 y triplicado desde 2014, impulsado por el aumento del número de procesos y su duración.

En 2024 se contabilizaron 8,6 millones de episodios por contingencias comunes, frente a los 4,7 millones registrados en 2017. Entre las patologías que más han crecido aparecen los trastornos mentales, las dolencias musculoesqueléticas y las enfermedades infecciosas.

García de la Granja considera que el coste obliga a revisar el sistema. A su juicio, reducir determinados complementos puede ser razonable cuando estos eliminan cualquier diferencia económica entre trabajar y permanecer de baja, siempre que existan excepciones para situaciones graves.

Salario de un trabajador de baja

La prestación pública no garantiza por sí sola el salario completo. En una enfermedad común o un accidente no laboral, la Seguridad Social abona el 60% de la base reguladora desde el cuarto hasta el vigésimo día y el 75% a partir del vigesimoprimero.

Durante los tres primeros días no existe un subsidio legal, salvo que el convenio colectivo o la empresa hayan pactado una mejora. Entre el cuarto y el decimoquinto día, la prestación corre a cargo de la empresa; desde el decimosexto, la asume el INSS o la mutua.

Son precisamente los convenios los que pueden complementar esas cantidades hasta alcanzar el 100% del sueldo. La AIReF estima que alrededor del 60% de los convenios firmados cada año incorpora algún tipo de mejora retributiva durante la incapacidad temporal.

Algunos acuerdos empiezan a condicionar el complemento al nivel de absentismo o reservan la cobertura completa para hospitalizaciones, accidentes laborales y determinadas enfermedades. Existen convenios que garantizan el 100% durante una hospitalización, pero reducen el complemento en otros procesos comunes.

Enfermedad o fraude

La incapacidad temporal es un derecho destinado a sustituir los ingresos perdidos cuando una enfermedad o un accidente impiden trabajar. La propia regulación permite suspender la prestación ante una actuación fraudulenta, la realización de otro trabajo o la incomparecencia a un reconocimiento médico.

El problema también está relacionado con las listas de espera. Un diagnóstico o una intervención que se retrasa puede alargar una baja aunque el trabajador quiera reincorporarse.

Para acelerar estos procesos, la Seguridad Social ha empezado a firmar acuerdos con comunidades autónomas y mutuas. El objetivo es facilitar pruebas y tratamientos, especialmente en patologías traumatológicas, y evitar prolongaciones innecesarias.

La discusión, por tanto, no se limita a recortar salarios. También pasa por mejorar la atención sanitaria, reforzar los controles y diseñar complementos que protejan especialmente las enfermedades graves.