Notario leyendo la herencia a los familiares.
Ya es oficial: Hacienda pagará un 10% de recompensa a los ciudadanos que denuncien herencias sin dueño
El objetivo de esta medida es ayudar a localizar patrimonios que, de otro modo, podrían permanecer ocultos o sin reclamar durante largos periodos de tiempo.
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En España, las herencias sin herederos son mucho menos frecuentes que las sucesiones tradicionales, pero siguen produciéndose cada año. Según datos del Ministerio de Hacienda, entre 2015 y 2022 el Estado llegó a adjudicarse más de 400 herencias vacantes, una media cercana a las 60 anuales en todo el país.
Detrás de estos casos suele haber historias marcadas por la soledad, el envejecimiento de la población o la ausencia de vínculos familiares directos. Cuando una persona muere sin cónyuge, hijos, padres, hermanos u otros parientes con derecho a heredar, la ley establece un mecanismo para evitar que sus bienes queden abandonados.
Lo que muchos ciudadanos desconocen es que la normativa española contempla una recompensa económica para quienes informen de la existencia de una de estas herencias vacantes. En determinados casos, el ciudadano que aporte la información clave, puede recibir hasta un 10% del patrimonio resultante.
Cómo funciona la recompensa que paga Hacienda
Aunque para muchos pueda parecer una medida reciente, lo cierto es que este mecanismo lleva años recogido en la legislación española. Su objetivo es ayudar a la Administración a localizar patrimonios que, de otro modo, podrían permanecer ocultos o sin reclamar durante largos periodos de tiempo.
La base legal se encuentra en el artículo 7 del Real Decreto 1373/2009, que regula el patrimonio de las administraciones públicas. La norma permite a cualquier ciudadano comunicar a la Delegación de Economía y Hacienda correspondiente el fallecimiento de una persona que, según la información disponible, haya muerto sin testamento y sin herederos legítimos.
La comunicación debe realizarse por escrito y aportar todos los datos posibles sobre el fallecido y sobre los bienes que pudieran formar parte de la herencia.
No basta con una simple sospecha o un comentario informal, cuanta más información aporte el denunciante, mayores serán las posibilidades de que la Administración pueda iniciar el procedimiento de investigación y comprobación.
Si tras las averiguaciones correspondientes se confirma la inexistencia de herederos y los bienes acaban siendo adjudicados al Estado, la persona que alertó de la situación puede percibir el 10% de la parte proporcional que corresponda a los bienes incluidos en su denuncia.
Sin embargo, esa cantidad no se calcula sobre el valor bruto de la herencia. Antes de determinar la recompensa, la Administración debe liquidar las posibles deudas del fallecido, asumir los gastos derivados de la gestión del procedimiento y valorar el patrimonio resultante.
Solo después se obtiene el denominado caudal líquido, que es la cifra utilizada para calcular el premio.
Esto significa que si una vivienda valorada en 200.000 euros forma parte de una herencia, la recompensa no se calcula automáticamente sobre esa cantidad. Primero deben descontarse hipotecas pendientes, préstamos, cargas o cualquier otra obligación económica existente.
Imagen de ilustración.
El porcentaje se aplica únicamente sobre el patrimonio neto final que termine ingresando el Estado.
La normativa también establece importantes limitaciones para evitar conflictos de interés. No pueden beneficiarse de esta recompensa los funcionarios que hayan conocido la existencia de la herencia por razón de su cargo ni las personas que trabajasen en hospitales, residencias o centros donde viviera o estuviera ingresado el fallecido.
Tampoco tienen derecho al premio los administradores o representantes legales de la persona fallecida.
En estos casos, la ley considera que el conocimiento de la situación deriva de una responsabilidad profesional y no de una actuación particular. De hecho, estas personas tienen la obligación de comunicar la existencia de una posible herencia vacante cuando tengan conocimiento de ella, sin esperar contraprestación económica alguna.
Otro aspecto importante es que la recompensa solo se reconoce cuando la información aportada resulta realmente útil para localizar el patrimonio.
Si la Administración ya había iniciado una investigación sobre esa herencia antes de recibir la comunicación, el ciudadano no podrá reclamar posteriormente el premio económico previsto por la norma.
![Gonzalo Bernardos es un reconocido economista, profesor universitario y conferenciante español.](["https:\/\/s3.elespanol.com\/k\/imgp\/cms\/elespanol\/11268790.jpg?p=w:320\/h:180&h=j1LMQnmN"])
Además, el procedimiento suele prolongarse durante meses e incluso años. Antes de declarar al Estado heredero es necesario comprobar exhaustivamente que no existen familiares con derechos sucesorios.
Para ello se realizan búsquedas documentales, consultas registrales y diversas actuaciones destinadas a descartar la aparición de posibles herederos legítimos.
Qué ocurre con el dinero de las herencias que recibe el Estado
La posibilidad de que el Estado herede no es una decisión administrativa discrecional, sino una previsión expresa del Código Civil. El artículo 956 establece que, cuando no exista ninguna persona con derecho legal a heredar, será el propio Estado quien reciba el patrimonio del fallecido.
Una vez concluido el procedimiento sucesorio, los bienes pueden venderse o integrarse en el patrimonio público según las características de cada caso. El dinero obtenido no queda simplemente incorporado a una caja común sin destino concreto.
La legislación dispone que dos terceras partes del caudal hereditario se destinen a fines de interés social. Estos recursos sirven para reforzar programas asistenciales, proyectos de carácter benéfico y otras iniciativas de utilidad pública que se financian a través de los Presupuestos Generales del Estado.
El tercio restante se incorpora al Tesoro Público y contribuye a las necesidades generales de financiación de la Administración. De esta forma, el patrimonio de las personas fallecidas sin herederos termina teniendo una finalidad colectiva, al mismo tiempo que la ley incentiva la colaboración ciudadana para localizar este tipo de herencias.
