Paqui Flores, en un debate de laSexta Xplica.
Paqui, enfermera: "Necesito la ayuda de mis hijos para pagar un alquiler de 1.100 euros a 26 kilómetros de la capital"
A pesar de contar con un empleo cualificado y vivir alejada de la capital, la enfermera necesita tres sueldos para pagar un alquiler de 1.100 euros.
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La profesión de enfermería en España ha sido durante décadas sinónimo de vocación, servicio público y estabilidad relativa. A pesar de ello, muchas profesionales del sector sanitario han visto cómo sus condiciones laborales y salariales han quedado congeladas frente a las exigencias reales del mercado y al coste de la vida.
Hoy, aunque las cifras oficiales del Instituto Nacional de Estadística y diversos análisis profesionales sitúan el salario medio de una enfermera en torno a los 26.000/30.000 € brutos anuales, este promedio oculta grandes diferencias por comunidad autónoma, tipo de empleo y complementos reales que terminan en cifras mucho más moderadas para muchos trabajadores.
Este fenómeno, además, choca de lleno con la subida de los precios de alquiler en España, siendo Barcelona la ciudad más cara para vivir. En ese contexto se sitúa el testimonio de Paqui Flores, enfermera, que pese a trabajar en un empleo esencial, vive a 26 kilómetros de la capital catalana y se enfrenta a un alquiler de 1.100 euros que su salario no le permite asumir.
Los salarios en España de los trabajos cualificados
Hace décadas, ejercer como enfermero o enfermera en el sistema sanitario público español ofrecía una seguridad económica que permitía acceder a una vida cómoda: emancipación temprana, capacidad de ahorro e incluso la compra de vivienda.
La percepción social de la profesión ha evolucionado de forma ambivalente: por un lado se reconoce su papel esencial —más aún tras la pandemia— y por otro la remuneración y la estabilidad contractual continúan siendo motivo de queja entre los profesionales.
Es precisamente esta tensión entre un trabajo cualificado y la precariedad económica real la que choca con la subida constante de los precios del alquiler. El mercado de la vivienda ha registrado subidas continuadas en los últimos años, con incrementos a nivel nacional que rondan el 8,5 % interanual y precios medios alrededor de 14,7 € por metro cuadrado.
Las ciudades más tensionadas, especialmente Madrid y Barcelona, concentran gran parte de este problema. Allí, los precios por metro cuadrado siguen muy altos comparados con otras zonas del país, algo que repercute de forma directa en el esfuerzo económico de los inquilinos.
Precisamente de ello ha hablado Paqui Flores en un debate de laSexta Xplica. Trabaja como enfermera en el área sanitaria y sostiene en debates públicos que sus ingresos no le permiten cubrir los costes más básicos de la vida.
Según sus propias palabras, necesita prácticamente tres sueldos para poder pagar su alquiler y sostener a su familia. "Mis hijos no se han independizado y también trabajan. Cuando no pagan, no es porque no quieren, sino porque no pueden", explica.
El caso de Paqui se agrava porque ha tenido que abandonar las zonas más céntricas y asequibles, y actualmente vive a 26 km de Barcelona, en Castelldefels —una zona que ella misma describe como "tensionada"— pagando 1.100 € de alquiler mensual.
Esta situación la ha llevado a plantearse mudarse fuera de Cataluña o incluso considerar zonas afectadas por la despoblación, prioridades difíciles cuando se tienen hijos que aún dependen de servicios educativos.
"No puedo irme a un pueblo despoblado que no tiene acceso a la universidad; sin embargo, cada día me planteo más hacerlo para poder darle estudios a mis hijos y que puedan tener un techo", confiesa.
En su diálogo con Juan Alcalde, vendedor en una inmobiliaria, Paqui no rehúye mencionar que no está en contra de los propietarios, sino del que considera un abuso de precios en el mercado del alquiler que supera ampliamente la capacidad adquisitiva de muchos trabajadores.
"Un joven que cobra 1.000 euros no puede pagar 1.100 euros de alquiler", explica Paqui y no se equivoca: en España, cerca del 85% de los jóvenes menores de 30 años (unas 5,5 millones de personas) no pueden independizarse, situando la tasa de emancipación en mínimos históricos por debajo del 16%.