Protesta contra la ocupación, en una imagen de archivo. Efe

Protesta contra la ocupación, en una imagen de archivo. Efe

Estilo de vida

La mujer que ocupó la casa de su mejor amiga en Madrid sin rodeos: "La ley me ampara porque soy madre soltera"

En España se estima que hay entre 25.000 y 30.000 viviendas ocupadas ilegalmente, convirtiéndose en uno de los principales problemas sociales. 

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Ayudar a seres queridos es un sentimiento intrínseco del ser humano. En mayo o menor medida, todos hemos "echado un cable" a nuestro círculo más cercano en momentos de necesidad. Y eso mismo fue lo que hizo Jacqueline Guillén al ayudar a una amiga en apuros, sin saber que ese gesto acabaría arruinando su vida.

Lo que empezó como algo solidario se convirtió, cuatro años después, en una pesadilla que todavía no ha terminado. Su historia no es única, pero ello no resta el dolor y la decepción de una persona traicionada por alguien de su entorno más íntimo.

Fue su mejor amiga quien okupó su casa en Madrid, aprovechándose no solo de su confianza, sino también de una legislación que, según denuncian muchas víctimas, protege más al okupa que al propietario.

La historia se remonta a 2020, cuando Jacqueline, la propietaria se marchó a Londres continuar con su formación profesional. Mientras tanto, decidió alquilar su piso en Madrid a una amiga de toda la vida. Se conocían desde hacía seis años y ella estaba embarazada de su primer hijo. Era una madre soltera sin opciones para acceder a una vivienda.

"Quise ayudarla porque no encontraba dónde vivir. Me pareció lo correcto", explica Jacqueline. En un principio, la situación parecía estable. Los pagos llegaban, aunque tarde, y la propietaria seguía con sus planes en el extranjero.

Cuando regresó brevemente para planificar su vuelta definitiva a Madrid, todo cambió. "Me dijo que no pensaba irse. Que ahora era su casa. Que era madre soltera y que la ley la amparaba", recuerda. Desde entonces, la mujer a la que quiso ayudar se convirtió en su okupa.

La frase que marcó un antes y un después en esta historia tiene la crudeza de lo surrealista: "Los okupas no pagan. Yo soy okupa y la ley me ampara porque soy madre soltera." Desde ese momento, Jacqueline ha vivido una odisea legal y emocional.

No solo ha dejado de percibir el alquiler de su propia vivienda, cuya deuda asciende ya a más de 11.000 euros, sino que ha tenido que dejar Londres, volver a España, y buscar dónde dormir cada noche entre casas de familiares y amigos.

A pesar de los impagos y de no tener acceso a su propia casa, la ley no le ha dado ninguna solución efectiva. La okupa, que asegura ganar dinero "en negro" y se niega a abandonar la vivienda, se ha declarado en situación vulnerable, lo que retrasa y complica el proceso judicial. Mientras tanto, Jacqueline paga la hipoteca, los impuestos y el mantenimiento de una vivienda que no puede pisar.

El vacío institucional contra los okupas

Lo más impactante no es solo la traición, sino la respuesta de las instituciones. "En el Ayuntamiento me dijeron que comiera en un comedor social y me dieron una lista de albergues", denuncia Jacqueline. "Soy la propietaria, ¿cómo puede ser esto posible?".

Desesperada, dejó de pagar la luz, ya que la inquilina no la abonaba y ella no podía asumir más gastos. La respuesta fue otra amenaza: la okupa le advirtió con denunciarla por coacciones.

Hoy, Jacqueline recibe tratamiento psicológico, ha perdido su independencia económica, y su salud emocional está al límite. "Mi día a día es sobrevivir. Esperar que alguien me ayude. No tiene sentido que yo esté sin casa y quien me la quitó siga allí tranquilamente".

Inquiokupación: una trampa legal

Este caso, como tantos otros, pone el foco sobre un fenómeno cada vez más extendido: la inquiokupación. No se trata de personas que fuerzan la entrada en viviendas vacías, sino de inquilinos que dejan de pagar el alquiler y se acogen a resquicios legales para seguir ocupando el inmueble durante meses o años.

Según datos del Ministerio del Interior, los casos de ocupación ilegal de viviendas han aumentado de forma constante en la última década. La situación se agrava cuando la ocupación se produce dentro del paraguas de la "vulnerabilidad social", lo que ralentiza aún más los desalojos.

Mientras tanto, los propietarios lo pierden todo: ingresos, estabilidad, salud mental y, en la mayoría de los casos, la fe en la justicia. Pero lo más trágico es que no se trata de un hecho aislado y que cada vez sorprenden menos este tipo de historias. 

En los últimos meses hemos escuchado casos similares: una mujer de 86 años a la que le okupan la casa; un padre de familia al que su propia hija le arrebata el piso; vecinos perseguidos por denunciar ocupaciones ilegales. Todos tienen un patrón común: una legislación lenta y desbordada, y propietarios desprotegidos.

En este caso, Jacqueline no quiere venganza. Solo quiere recuperar su casa. Y que otros no pasen por lo mismo. "Me involucré en esta lucha porque sé que no soy la única. Muchas mujeres están viviendo esto y nadie las escucha", afirma.

"No podemos seguir normalizando que una madre trabajadora, que paga sus impuestos y su hipoteca, tenga que pedir ayuda para dormir en un sofá mientras otra persona vive en su hogar con total impunidad", denuncia con voz quebrada.