Sonia Lamas: “El aborto es la única prestación sanitaria que requiere de un periodo de reflexión”

El próximo martes, el Consejo de Ministros aprobará previsiblemente la nueva Ley del aborto que garantizará la interrupción voluntaria del embarazo en los hospitales públicos y que pondrá fin al consentimiento paterno de las mujeres a partir de los 16 años.

Hablamos con Sonia Lamas, portavoz de la Asociación de Clínicas Acreditadas para la Interrupción del Embarazo (ACAI) y de Clínica Dator en Madrid sobre la ley vigente y sus carencias.

“En España, tenemos una magnífica Ley de salud sexual, salud reproductiva y de interrupción voluntaria del embarazo. Pero que adolece de varias cuestiones. Por un lado, esta magnífica ley no se ha desarrollado en prácticamente ninguna comunidad autónoma, en lo relativo a la educación afectivo sexual y al derecho sexual y reproductivo. Cojea porque el grueso de la ley no se pone en práctica”, asegura la portavoz.

“Y por otro lado, todo lo que tiene que ver con la interrupción voluntaria del embarazo. Desde la Ley del 85 y hasta la del 2010, adolecíamos las mujeres de muchos derechos. Para empezar, que fuese una prestación dentro de la cartera de los servicios de Sanidad Pública que con la ley del 2010 se consiguió, financiado por el propio Sistema Nacional de Salud. Lo que significa que las mujeres no tienen por qué pagar para realizar la interrupción voluntaria del embarazo. Y por lo tanto, tenemos que decir que el derecho al aborto en España está garantizado por ley, pero hay cuestiones a mejorar”, confirma.

Y continúa: “Una que probablemente se consiga el próximo martes: que se revoque el derecho de las mujeres de 16 y 17 años a realizar la IVE que el gobierno del PP retiró. Y por otro lado, el tema de los plazos y el periodo de reflexión”.

“Es la única prestación sanitaria que requiere de un periodo de reflexión, y qué casualidad que es un derecho que nos incumbe única y exclusivamente a las mujeres”.

“Por tanto, esas dos cuestiones son de una necesidad imperiosa. Todo el recorrido que ha tenido la ley en estos once años, ha demostrado que las mujeres no necesitamos de periodos de reflexión. Sobre todo, porque una vez recibida la información, como cualquier otra prestación sanitaria en ese momento, las mujeres ya deberían poder decidir”.

Psicóloga de profesión, Sonia Lamas siempre ha estado vinculada con los derechos de las mujeres desde los inicios de su carrera.

Al principio, como psicóloga vinculada al ámbito de violencia de género y siendo una firme defensora de la lucha en contra de la violencia hacia las mujeres.

Después se incorporó en ese desarrollo profesional, en la defensa de los derechos sexuales y reproductivos, con una militancia feminista organizada, lo que le ha permitido poder abarcar estos espacios.

Desde 2015 en Clínica Dator y desde 2018 en ACAI, “año en el que comenzamos con la plataforma proderechos y con la campaña “aborto sin acoso”, con la que pretendíamos que más de 66 entidades pertenecientes a la sociedad civil, sindicatos y partidos políticos, pusieran sobre la mesa todo el acoso que venimos sufriendo las mujeres y los centros, por parte de los grupos contrarios al derecho al aborto”.

“Con esa campaña queríamos que se tipificara como delito el acoso, al igual que han hecho otros países europeos como Francia. No solo el presencial, en forma de panfletos y rezos en las puertas de la clínicas, sino todo tipo de acosos a través de la redes sociales e internet, y que se instaurarán las zonas de seguridad”.

“Una vez más”, asegura Sonia, “después de lo acontecido el pasado sábado 7 de mayo a las puertas de Dator y en las inmediaciones de Clínicas Askabide en San Sebastián, ponemos de manifiesto, que es imprescindible instaurar las zonas de seguridad”.

PREGUNTA: El aborto se legalizó en 1985 en España bajo los tres supuestos y luego en 2010 hasta la semana 14. Han pasado 37 años...

RESPUESTA: 37 años y esta sociedad no nos reconoce todavía a las mujeres como ciudadanas de pleno derecho. Esta sociedad española, como cualquier otra sociedad, se encuentra dentro de un sistema patriarcal, y para ellos, los cuerpos de las mujeres siempre vamos a ser su campo de batalla.

En el ámbito del aborto, este derecho no sólo es que podamos decidir o no, sino además que podamos decidir con qué método realizamos la interrupción, y ése es otro de los frentes que tenemos abiertos ahora mismo.

"No podemos quedarnos con la excusa de que el aborto farmacológico es más cómodo o más económico"

Bajo la excusa de que el aborto tiene que estar en las instalaciones de la Sanidad Pública estamos viendo cómo en algunas comunidades autónomas se está favoreciendo que las mujeres vayan a éstas, pero mayoritariamente abogando por el método farmacológico. Entendemos que eso restringe el derecho a decidir de las mujeres.

Por un lado, el método farmacológico es un fiel compañero de la objeción de conciencia. En definitiva, es la mujer la que se toma los fármacos para abortar y ahí, no media nadie más. El acto médico no existe como tal.

Y por otro lado, no podemos quedarnos con la excusa de que el aborto farmacológico es más cómodo o más económico. La comodidad la tienen que decidir las mujeres, siempre y cuando sus semanas de gestación lo permitan.

Hasta ahora, los protocolos y las recomendaciones de la OMS lo establecen hasta la semana 9. Además, lo económico no puede primar en cuestiones de salud.

A pesar de que hoy se puede optar a los hospitales públicos, la mayoría de las mujeres termina en clínicas acreditadas para la IVE. Sólo un 15% se ha realizado en uno público.

Mayoritariamente, se hace en las clínicas privadas y esto muestra como las administraciones públicas han mirado hacia otro lado.

En 2010 es verdad que la propia ley marca que la IVE mayoritariamente se tendrá que hacer en las instalaciones de la sanidad pública. Y es verdad, que las clínicas acreditadas hemos facilitado que la sanidad publica mirara hacia otro lado, y con eso tenemos un problema.

Es legitimo que la Sanidad Pública quiera que se se realicen en las instalaciones públicas y tanto desde ACAI como desde Dator, no ponemos objeciones a eso. Pero no se ha desarrollado en la ley toda la parte de formación a profesionales y lo que signfica la IVE.

"El método instrumental no se está enseñando en las universidades, en aquellos estudios que tienen que ver con las ciencias de la salud"

No se ha formado en las especialidades de Ginecología, Obstetricia y en Enfermería cómo realizar la IVE, bajo el paragüas de ambos métodos.

Sin eso, estamos avisando desde ACAI que hay una falta de relevo generacional. El método instrumental no se está enseñando en las universidades, en aquellos estudios que tienen que ver con las ciencias de la salud.

¿Sigue existiendo un estigma sobre el aborto en los profesionales?

Éste es un gran problema. Sigue habiendo estigma hacia los equipos de profesionales que realizamos las interrupciones, y por lo tanto, no es una prestación sanitaria normalizada. Como consecuencia, estamos abocando a las mujeres a que llegue un momento en que la prestación no se pueda hacer como mínimo, con la misma calidad asistencial y sanitaria.

No nos olvidemos, el aborto no sólo es una prestación médica, sino que precisa de un acompañamiento.

Una interrupción del embarazo no es una decisión fácil, ¿qué tipos de apoyo necesita una mujer cuando decide tomar esa decisión?

Nada fácil porque sigue habiendo estigma y tabú. No es una fiesta como lo quieren hacer ver los sectores de la ultraderecha y los ultracatólicos. Si no hubiera este estigma, las mujeres no sentirían el peso que hoy tienen y no se sentirían culpabilizadas por tomar esa decisión.

Se necesitan equipos de profesionales que no vayan a cuestionar su decisión porque no ayuda. Y luego, hay que hacer una evaluación individual de la situación de cada mujer para saber qué tipo de acompañamiento necesita en el proceso.

"Cuando estas mujeres llegan a las clínicas, lo hacen muy machacadas por el trato que han recibido y muy cuestionadas por la decisión que toman"

Muchas mujeres acusan falta de trato humano en la interrupción del embarazo…

Hay mujeres que toman la decisión de abortar porque se encuentran con un embarazo que se ha malogrado o se han detectado enfermedades fetales incompatibles con la vida o anomalías fetales graves. En esos casos, las mujeres tienen derecho, independientemente de su mes de gestación, a interrumpir su embarazo.

Si vemos las estadísticas del año pasado, el porcentaje interrupción más allá de la semana 22 es muy bajo. Son deseados, que se han malogrado en su mayoría.

Estas mujeres que quieren interrumpir el embarazo, se encuentran en el circuito de la Seguridad Social y ven en muchas ocasiones que se alarga en exceso el diagnóstico o que les han puesto trabas para acceder a la información y para acceder al derecho al aborto... Se han sentido expulsadas de la Sanidad Pública. Pero no podemos cargar con esa responsabilidad a las clínicas acreditadas.

La verdad es que cuando estas mujeres llegan a las clínicas, según lo que refieren ellas, lo hacen muy machacadas por el trato que han recibido y muy cuestionadas por la decisión que toman.

De ese porcentaje, también hay mujeres que lo que quieren es un parto, y con todo nuestro respeto a su derecho legítimo, en las clínicas de IVE hacemos abortos y no partos. Y por lo tanto, no podemos acceder a su petición.

Si no tuviéramos la posibilidad de decidir sobre la interrupción del embarazo, los peligros para las mujeres serían enormes.

Los peligros de salud para las mujeres nos pondrían a la altura de otros países entre los que, afortunadamente, España no se encuentra. Por mucho que desde distintas administraciones se empeñen en comparar a España con Turquía, con EE UU o con países de América Latina.

Tanto por el prestigio de los profesionales, como por el activismo del movimiento feminista, hablamos de que en el siglo XXI en España, abortar es una de las prestaciones con la máxima calidad asistencial y sanitaria.

Frente a eso, nos encontramos todo el ruido mediático y político por favorecer el aborto farmacológico por encima del instrumental.

Y por otro lado, los grupos talibanes, contrarios al derecho al aborto la herramienta que están utilizando es el acoso permanente desde el año 85.

Ahora ya no sólo es el acoso a las mujeres y a los equipos profesionales de las clínicas de IVE, sino que se están saltando la ley como hemos visto el pasado sábado 7 de mayo, frente a las Clínica Dator.

Por eso, somos defensoras de la zona de seguridad. Para perimetrar el acceso a las clínicas acreditadas.

¿Este acoso ha aumentado en este último mes incluso más por la influencia de EE UU y su plan de revocar el derecho al aborto?

En España y en las comunidades autónomas en las que tenemos clínicas IVE, sí que nos consta que ha aumentado. No tanto por la fuerza que tienen estos grupos en EE UU, que ha sido la misma fuerza siempre. Pero, ante la impunidad de sus actos, sí que ha crecido en los últimos años y sobre todo, en los últimos tres meses. Antes había comunidades autónomas que la presencia no era tan habitual y ahora, por ejemplo, en Barcelona es cada día.

Lo que estamos viendo en EE UU, ¿podría tener un efecto dominó en el resto del mundo y en España?

Sí. Cuando gobierna quien es contrario al derecho al aborto va a hacer todo lo posible por cercenar ese derecho. En 2015 vimos el amago de Alberto Ruiz Gallardón que el movimiento feminista le colocó donde tenía que estar, fuera de la política activa. Pero no dudamos que cuando estos grupos gobiernen, por supuesto que van a poner su ideario político encima de la mesa.

En Madrid tenemos ayuntamientos como Pozuelo, Majadahonda o Las Rozas, que se han declarado en sus plenos como ‘municipios por la vida’ donde estas entidades reciben subvenciones municipales para sus acciones.

¿Cuál es la asignatura pendiente?

La asignatura pendiente es poner en práctica toda la parte del título 1 de la Ley actual de educación afectivo sexual. Por otra parte, formar a los ámbitos profesionales relacionados con la IVE. Y por parte de la ciudadanía, no permitir ni un paso atrás.