Abolir, regular, vetar OnlyFans... El debate de la prostitución se aviva: qué proponen partidos y asociaciones para abordarla

El debate de la prostitución en España es uno de los más enconados y complejos del escenario político y social. Del prohibicionismo puro hasta distintas formas de regulación y propuestas de derechos laborales, el eje se desplaza y se retuerce alimentado por sucesos recientes, escándalos, olas feministas y exigencias del contexto internacional.

En los últimos años, los intentos legislativos para abolirla han trazado una línea divisoria entre grupos y asociaciones por los derechos de la mujer y, en concreto, de quienes la ejercen. España se sitúa en una posición alegal al respecto, careciendo de una ley específica o de políticas integrales, aunque la explotación, la trata y el proxenetismo sí están penados.

Este limbo, asegura la Unión General de Trabajadoras y Trabajadores (UGT), convierte al país en uno de los que mayor consumo registra a nivel europeo. Esta anomalía alimenta una industria que, según el último macroestudio del Ministerio de Igualdad, moviliza a entre 152.735 y 184.234 mujeres, con hasta un 24% en riesgo de explotación sexual y una expansión creciente hacia espacios privados y digitales.

Mabel Lozano: "La prostitución no va de izquierdas o derechas, va de derechos humanos"

En este complejo panorama, los partidos se dividen entre quienes apuestan por la abolición y los que defienden algún tipo de regulación. Mientras, asociaciones feministas y sindicatos expresan posiciones igualmente diversas: algunas reclaman penalizar la demanda y proteger a las víctimas, otras defienden derechos laborales y seguridad social para las trabajadoras sexuales.

Este mosaico de posturas anticipa la complejidad del proceso legislativo y del impacto real que cualquier medida podría tener sobre miles de mujeres. Este otoño, una nueva propuesta del Ejecutivo vuelve a poner la cuestión sobre la mesa. La pregunta es: ¿qué reacciones y propuestas cabe esperarse al respecto en pleno 2025?

PSOE

Este verano, el Gobierno anunció su intención de trasladar al Consejo de Ministros, en septiembre, un anteproyecto de ley que busca poner fin a la prostitución sancionando a clientes, proxenetas y a quienes se lucren de la actividad. Un compromiso que no es nuevo —el PSOE ya sentó una futura Ley Abolicionista Integral de la prostitución—, pero que se ha acelerado.

Fue la propia ministra de Igualdad, Ana Redondo, quien anunció su objetivo de presentar una nueva propuesta legislativa a pesar de las infructuosas tentativas de sacarla adelante en el pasado. En 2022 y 2024, esta fue relativamente similar. En 2025 aunque aún se desconoce la redacción concreta del texto, se espera que incluya dos novedades relevantes.

En concreto, el ministerio trabaja para reintroducir una disposición que impondría penas a quienes obtienen un beneficio económico al facilitar inmuebles en los que se ejerce la prostitución. Este concepto, conocido como tercería locativa, corresponde a una figura jurídica que estuvo presente en el Código Penal (CP) desde época franquista hasta 1995.

"Hay que penalizar a quien se aprovecha y está convirtiendo la prostitución en un negocio muy lucrativo", dijo Redondo al respecto de esta figura jurídica que pretende incluir en el artículo 187 del actual CP. No es un compromiso nuevo, sino algo que los socialistas ya trataron de recuperar durante la tramitación de la ley del solo sí es sí. 

La ministra también dejó claro que otra prioridad es abrir un frente contra el proxenetismo digital, entrando en el terreno de páginas web y aplicaciones a las que se han trasladado muchas trabajadoras sexuales. En los últimos años, estas se han convertido en un terreno difuso entre la pornografía y la creación de contenidos eróticos.

OnlyFans ha aumentado exponencialmente su cifra de usuarios registrados en los últimos cinco años. iStock

En mayo de 2024, la Federación Mujeres Jóvenes presentó el estudio OnlyFans. Un espacio bloqueado del negocio del sexo en el Ministerio de Igualdad. El estudio destacaba que un 97% de las personas expuestas en la plataforma son mujeres y alertaba del riesgo de que esta sirviera como puerta de entrada a la prostitución a edades cada vez más tempranas.

En sus declaraciones a esta revista, fuentes del PSOE recalcan el impacto de esta plataforma: "Es un espacio que contribuye a blanquear la prostitución, a cosificar, normalizar y banalizar la mercantilización del cuerpo femenino; con efectos a medio y largo plazo sobre la salud física, psicológica y social de muchas de ellas".

"Nos preocupa su uso por parte de menores, como evidencian los informes que advierten de la burla de los supuestos controles, así como el hecho de que las mujeres pierdan de por vida el derecho de uso y recuperación sobre el material que publican", añaden, asegurando que, en los casos más graves, se produce la captación por redes e intermediarios que acaban ejerciendo como proxenetas.

Para los socialistas, se trata de una pieza más del engranaje patriarcal que alimenta el consumo del cuerpo femenino, junto con la pornografía y el 'sugardaddismo'. El partido se compromete a tipificar en el Código Penal las conductas de proxenetismo en todas sus formas y a reconocer la condición de víctimas a las mujeres prostituidas.

Asimismo, plantean medidas educativas y campañas de sensibilización dirigidas a los más jóvenes así como a los consumidores. "Combatiremos la industria de la pornografía, prohibiremos el acceso de los menores y obligaremos a los proveedores digitales y plataformas a establecer filtros avanzados", afirman.

Podemos

La formación morada comparte la visión prohibicionista, pero con matices. En sus declaraciones a Magas subrayan que la prioridad es que ninguna medida ponga en riesgo a aquellas que ejercen: "Regulación, no; abolición, sí, con medidas que garanticen los derechos de las mujeres en contextos de prostitución y no las pongan en riesgo".

Al consultar su postura respecto a la tercería locativa, son tajantes: la vía es penarla. Sin embargo, el grupo rechaza una solución basada únicamente en sanciones y defiende que se acompañe de recursos sociales y laborales para quienes quieran abandonar la industria.

En cuanto a OnlyFans, asumen que es un fenómeno imposible de solucionar con la prohibición: "La principal medida es la educación sexual integral en todas las etapas educativas". Podemos insiste en la necesidad de programas de formación y acompañamiento, recordando que muchas mujeres quedan atrapadas por la precariedad, lo que hace imprescindible ofrecer salidas reales.

Partido Popular

El Partido Popular (PP) ha situado su propuesta en un terreno complementario al debate estrictamente abolicionista. Sus dirigentes insisten en que la prioridad debe ser "un pacto integral que penalice la trata y a los que se lucran obligando a mujeres y niñas a prostituirse. Uno que proteja, acompañe y ayude a las víctimas".

Así lo resumía Jaime de los Santos, vicesecretario de Educación e Igualdad del partido, en declaraciones a Magas. El PP plantea reforzar la legislación existente con un sistema más sólido. Esto incluiría medidas de atención psicológica, acceso a vivienda y formación laboral para las víctimas, así como más recursos para las fuerzas y cuerpos de seguridad.

Desde el Partido Popular consideran que, aunque la última propuesta prohibitoria presentada por el Gobierno —en la que se proponía reformar el Código Penal— supone un avance en materia legal, es necesario unirla a políticas de seguimiento y reinserción para las afectadas por esta problemática, con el fin de ofrecer una respuesta integral a sus necesidades.

La formación tampoco es ajena a la dimensión digital de la trata. "Es algo que nos preocupa", asevera el diputado. Por ello, añade, se han reclamado reiteradamente medidas efectivas en la renovación del Pacto de Estado contra la Violencia de Género. "La pregunta es: ¿a qué esperan para impulsarlo?", cuestiona De los Santos.

El PP fue clave en la pasada legislatura para que la proposición de ley de prohibición del proxenetismo y la tercería locativa impulsada por el PSOE en 2022 superara el primer trámite parlamentario. Entonces, los populares votaron a favor, lo que permitió que siguiera su curso pese a las divisiones en el bloque de izquierdas.

Un 70% pide "regular" la prostitución y cree que Sánchez quiere prohibirla por Ábalos, Koldo y las saunas de su suegro

Sin embargo, la propuesta no llegó a aprobarse antes del fin del mandato y, en la nueva legislatura, el contexto cambió. Cuando el PSOE volvió a registrar la misma proposición en marzo de 2024, el PP se situó en contra.

Su voto, junto al de Sumar, ERC, Junts, Bildu y PNV, tumbó la iniciativa. Este año, pese a la ausencia de detalles claros sobre el contenido del texto, las fricciones con el Ejecutivo abren la puerta a plantear la posibilidad de que el PP vuelva a desmarcarse y deje a la iniciativa sin los apoyos necesarios.

Sumar

Dentro de esta formación conviven visiones opuestas, que reflejan su diversidad ideológica. Por un lado, Izquierda Unida defiende abiertamente la abolición, alineándose con las tesis del movimiento feminista que considera la prostitución una forma de violencia estructural contra las mujeres, y exige penalizar a proxenetas y clientes.

Carteles de la manifestación contra la prostitución el 8 de marzo de 2025 en Madrid. A. Pérez Meca

En el extremo contrario están Comuns, que sostiene que debe regularse como un trabajo más, con derechos laborales y protección legal para quienes la ejercen. Entre ambas posturas está Más Madrid, que tampoco se sitúa en la tesis abolicionista, y su prioridad es garantizar derechos sociales y sanitarios para ellas.

Esta pluralidad ha hecho que Sumar evite fijar una posición unitaria y que cada iniciativa legislativa abra un debate interno sobre cómo equilibrar feminismo, derechos laborales y políticas sociales en un asunto tan complejo y polarizante. Sobre si apoyarán o no esta vez el anteproyecto legislativo del Ejecutivo, la dificultad está ahí y el ministerio de Ana Redondo es consciente de la necesidad de dialogar.

En 2024, la coalición votó en contra de la tramitación de la proposición de ley debido, principalmente, al conflicto generado por la recuperación del delito de la tercería locativa. A su juicio, esa figura, así como incluir multas a los clientes, podría empeorar las dificultades que ya tiene este colectivo para acceder a una vivienda y abocarlo a una mayor precariedad.

Justifican esta oposición argumentando que muchas viven en pisos compartidos en los que ejercen su actividad. Una afirmación en la misma línea que siguieron el año pasado, cuando el grupo afirmó estar de acuerdo con perseguir el delito de proxenetismo coactivo ya existente en el Código Penal, pero no de incluir figuras que puedan añadir obstáculos a ellas.

"Prostitución digital" o "creación artística", el debate de OnlyFans divide a expertos, políticos y modelos: "Es parecido al porno"

En el partido de Yolanda Díaz aseguran que, todavía sin conocer el contenido definitivo de la norma, su postura será coherente también en el debate de las plataformas como OnlyFans. "No vamos a condenar a las mujeres a la precariedad más aún", aseguran.

VOX

Por su parte, el grupo de Abascal se dirige en una línea abolicionista. Ya en 2015, el partido reclamó "un mayor compromiso en la persecución de los delitos de explotación y tráfico de mujeres", rechazando explícitamente "cualquier propuesta de legalizar la prostitución" y proponiendo protocolos para proteger a las víctimas y agilizar su reinserción social.

Defienden endurecer las medidas contra el proxenetismo y las mafias, a las que relaciona directamente con la inmigración irregular. En varias intervenciones, los portavoces de Vox han subrayado que es un negocio que se alimenta de la trata y de la falta de control en las fronteras, y que la prioridad es perseguir a quienes se lucran con la explotación sexual de las mujeres.

Cuando en mayo de 2024 se votó en el Congreso la propuesta de abolición, la formación optó por la abstención. En su discurso, insiste en que la política no puede cortar la cuerda sin poner red, sino que debe garantizar salidas dignas para quienes ejercen la prostitución, muchas veces en condiciones de vulnerabilidad extrema.

ERC, PNV y Bildu

Los tres grupos defienden enfoques regulacionistas o integrales que prioricen la protección social, y no solo una respuesta penal, en contraste con las propuestas abolicionistas en su sentido más estricto. Estas posiciones quedaron evidenciadas en las votaciones parlamentarias de 2024, en las que se posicionaron contra la ley abolicionista del PSOE.

La voz de las asociaciones

Si en el Congreso las discusiones se polarizan entre la prohibición o la regulación, en la calle, los colectivos feministas y de trabajadoras sexuales dibujan un mapa igual de complicado, marcado por posturas que van desde la denuncia frontal del sistema prostitucional como violencia hasta la defensa de derechos laborales para quienes ejercen.

"Sin clientes no hay trata, sin demanda no hay explotación". Con esta sentencia, la asociación Betania resume una de las posturas más firmes del bloque abolicionista. Para ellas, la prostitución no puede concebirse como trabajo, sino como una forma de esclavitud contemporánea. "El 99,7% de quienes consumen son hombres; lo que se compra es el consentimiento y la dignidad humana", insisten.

La propuesta de la oenegé, que atiende a víctimas de explotación y otros colectivos en situación de vulnerabilidad, pasa por penalizar no solo a proxenetas y tratantes, sino también a los consumidores. Sin ese paso, argumentan, las mafias seguirán encontrando en España un terreno fértil para captar, engañar y explotar a mujeres y niñas.

Esa misma línea comparte APRAMP (Asociación para la Prevención, Reinserción y Atención de la Mujer Prostituida), una de las organizaciones más reconocidas en la atención a víctimas de trata. En sus aportaciones al anteproyecto de ley integral contra la misma, ha sido clara: es clave actuar sobre la demanda, persiguiendo al cliente, al tiempo que se refuerzan los mecanismos de protección.

Recuerdan además que la regulación de la prostitución en otros países ha multiplicado la trata y legalizado, de facto, los negocios de proxenetas. Pero su mirada va más allá de las sanciones. APRAMP reclama una atención integral que contemple la salud física y mental de las víctimas, su acceso a vivienda, empleo y regularización administrativa.

Subrayan también la necesidad de que las supervivientes participen activamente en el diseño de políticas públicas. Ellas, a juicio de la organización, son quienes mejor conocen los mecanismos de captación y explotación, por lo que su experiencia resulta insustituible para acompañar a otras.

Igualmente, el bloque abolicionista se ha reforzado en los últimos meses con la publicación de una carta conjunta de más de 70 asociaciones feministas, dirigida al Gobierno tras la aprobación de la nueva Clasificación Nacional de Actividades Económicas (CNAE-2025).

En el documento, colectivos como la Federación Mujeres Jóvenes, UGT, CCOO, Fundación Mujeres, la Plataforma Andaluza de Apoyo al Lobby Europeo de Mujeres o la Federación de Mujeres Progresistas, denunciaron la inclusión de la "prestación o concertación de servicios sexuales" como actividad económica.

Para estas organizaciones, el reconocimiento administrativo supone legitimar "una forma de violencia [...] no es un trabajo: es desigualdad y explotación", advierten, asegurando que esta consideración abre la puerta a una normalización de la prostitución "como si fuese un oficio más en la estructura productiva del país".

Imagen de archivo de una mujer anónima. iStock

La carta va más allá de la denuncia y plantea medidas concretas: aprobar una ley orgánica abolicionista del sistema prostitucional, alineada con el Convenio de Estambul y las resoluciones del Parlamento Europeo; reforzar políticas públicas que garanticen alternativas reales —recursos económicos, vivienda, empleo— para las afectadas; y combatir el proxenetismo en todas sus formas.

Sin embargo, no todas las asociaciones comparten esta visión. Existen colectivos de trabajadoras sexuales que se oponen frontalmente a la prohibición. Lo consideran una estrategia que, lejos de protegerlas, las criminaliza y precariza aún más.

Plataformas como Stop Abolición han llegado a calificar las iniciativas parlamentarias de "retorno a las cavernas". Su postura parte de un principio de libertad: defienden que muchas mujeres ejercen la prostitución de forma voluntaria y que negarles reconocimiento laboral es despojarlas de derechos.

Desde esta perspectiva, piden que se regulen las condiciones laborales, que se reconozca el acceso a la Seguridad Social, la protección sanitaria y los derechos sindicales. Para ellas, penalizar a los clientes solo desplaza la actividad hacia espacios más inseguros, como pisos clandestinos, y aumenta el riesgo de violencia.

Así, la fractura es evidente: mientras un bloque amplio de organizaciones exige la abolición total de la prostitución, otras —principalmente sindicatos y colectivos de trabajadoras— reclaman reconocimiento y regulación. En medio hay entidades que tratan de tender puentes, insistiendo en que la clave está en desmontar la demanda y ofrecer alternativas reales de vida.

Mientras partidos y colectivos continúan enfrentándose en el debate, lo cierto es que cualquier decisión tendrá un impacto profundo y duradero en la vida de miles de mujeres, obligando a la sociedad española a mirar de frente a un dilema ético, legal y humano cuya resolución no admite medias tintas.