Valeria Racu, sindicalista, en el videopódcast 'Sabor a Queer'.
Valeria Racu, sindicalista: "Ser okupa es darle vida a algo que se ha abandonado y eso es necesario"
A su juicio, el movimiento okupa nació como una herramienta para hacer frente a la especulación inmobiliaria.
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La okupación en España lleva años ocupando un lugar destacado en el debate político y mediático. Según las cifras oficiales del Ministerio del Interior, las denuncias por ocupación ilegal —incluyendo delitos de usurpación y allanamiento de morada— crecieron en 2024, con 16.426 hechos denunciados.
Estos datos representan un aumento interanual de alrededor del 7% y sitúan estos casos entre los más altos de la última década. Además, las cifras reflejan una tendencia al alza sostenida desde 2018, cuando se contabilizaron alrededor de 12.213 denuncias.
A pesar de que las cifras sean elevadas en términos absolutos, la okupación afecta a un porcentaje muy pequeño del parque total de viviendas en España. En términos relativos, solo aproximadamente el 0,06 % del total de las viviendas del país han sido objeto de ocupación registrada, lo que equivale a menos de seis por cada 10.000 hogares, según los datos oficiales.
Sin embargo, esta realidad estadística contrasta con la percepción social: encuestas recientes muestran que una proporción significativa de la población —más del 50 % en algunos sondeos— cree que la okupación es un problema extendido y una amenaza para cualquier propietario medio.
Frente a este clima de preocupación social, existen también voces que interpretan la okupación desde una perspectiva distinta, vinculándola a formas de resistencia social.
Una de las figuras que defiende esta interpretación es Valeria Racu, sindicalista, quien sostiene que ocupar no es necesariamente un acto criminal, sino, en determinados contextos, una manera de devolver uso y vida a espacios que el mercado ha dejado vacíos.
La visión de Valeria Racu sobre la 'okupación'
Valeria Racu es portavoz del Sindicato de Inquilinas, una organización que surge como respuesta colectiva a la crisis de acceso a la vivienda y al aumento de precios que dificulta la vida digna de amplios sectores de la población.
Este sindicato no solo organiza protestas o acompañamientos legales para inquilinos y arrendatarios, sino que también articula discursos políticos estructurales sobre el derecho a la vivienda, el papel de los grandes tenedores y la función del mercado inmobiliario en la reproducción de desigualdades.
Dentro de este marco, Racu ha participado en distintos programas para promocionar esta visión. Uno de ellos es el videopodcast Sabor a Queer, donde se ha detenido a discutir cómo la vivienda afecta a un porcentaje amplísimo de la población.
Según su análisis, Racu considera que la okupación no constituye en sí misma uno de los principales problemas habitacionales en España, sino que debe entenderse como un fenómeno surgido en respuesta a la dificultad creciente de acceder a una vivienda.
A su juicio, el movimiento okupa nació como una herramienta para hacer frente a la especulación inmobiliaria, al abandono de edificios y a un mercado que excluye a amplias capas de la población del derecho a un hogar.
Sin embargo, según Valeria, en los últimos años el concepto de la okupación ha sido apropiado en el debate público por políticos, grandes tenedores y medios de comunicación, que lo han reducido a una narrativa casi exclusivamente asociada a la criminalidad y a la amenaza contra la propiedad privada.
Este discurso, sostiene Racu, alimenta el miedo social y desplaza el foco del debate, impidiendo abordar los problemas estructurales del acceso a la vivienda, como la concentración de la propiedad o el peso creciente de los grandes fondos.
Su defensa parte de una distinción clara entre el marco legal y la realidad social. Aunque el Código Penal tipifica como delito la usurpación o el allanamiento, Racu plantea que, en determinados contextos, ocupar significa dar uso a inmuebles deshabitados por personas que no tienen garantizado el derecho a una vivienda digna.
En ese sentido, reivindica el significado original del movimiento okupa como una práctica orientada a "dar vida a espacios abandonados", una acción que, desde su perspectiva, no debería leerse automáticamente como un daño moral, sino como una forma de reclamación social.
Esta visión no pasa por alto el marco legal vigente. Racu admite que la ley obliga al desalojo cuando no existe un contrato o un título legal que ampare la permanencia en la vivienda, pero cuestiona que el debate social se rija únicamente por normas que, según sostiene, anteponen los intereses del mercado a las necesidades básicas de la población.
