Un gato en una caja de cartón.

Un gato en una caja de cartón.

Mascotario

Entre 10.001 y 50.000 euros de multa por no poner microchip a tu gato: la ley no permite que haya animales desprotegidos

La Ley del Bienestar Animal empuja a una nueva forma de entender la adopción responsable también como un compromiso jurídico y ético.

Más información: 45.000 euros de multa y 3 años de cárcel: el abandono de mascotas se convierte en un delito grave en este país

Angelica Rimini
Publicada
Actualizada

En España, la figura del "gato sin chip" ha dejado de ser una simple anécdota para convertirse en un problema legal serio. La Ley de Bienestar Animal ha elevado el nivel de exigencia hacia los propietarios y ha dejado claro que la identificación no es una opción, sino una obligación básica.

No poner microchip a tu gato se considera una infracción grave y esa etiqueta jurídica se traduce, en la práctica, en multas que se mueven en un abanico muy poco simbólico: entre 10.001 y 50.000 euros. No hablamos de una simple sanción administrativa menor, sino de importes pensados para disuadir de verdad.

El microchip y el registro oficial cumplen una función esencial: vincular de forma inequívoca a cada animal con una persona responsable. Sin esa identificación resulta casi imposible probar quién es el dueño en caso de abandono, maltrato, accidente o pérdida.

La ley, al calificar la falta de identificación como infracción grave, está diciendo, en realidad, que un gato sin chip es un gato desprotegido y que el sistema no puede permitir que siga siendo así. Desde esta perspectiva, la sanción no es solo un castigo: es una herramienta para garantizar que, si algo ocurre, siempre exista alguien que deba responder.

Valorar las circunstancias

En la práctica, los tramos de 10.001 a 50.000 euros no se aplican de forma automática ni uniforme. Las autoridades valoran circunstancias como la intencionalidad, la reiteración, la colaboración del propietario para regularizar la situación o si existen otros incumplimientos asociados, por ejemplo, falta de cuidados básicos o ausencia total de control sanitario.

Aun así, el mensaje es claro: la ley sitúa la no identificación en el mismo nivel de gravedad que otras conductas que ponen en riesgo el bienestar del animal. No es una mera "despistada" administrativa, sino un incumplimiento que puede abrir la puerta al abandono impune.

Este cambio también tiene una dimensión cultural. Durante años, muchos gatos han vivido "a medias" entre lo doméstico y lo callejero, entrando y saliendo de casas sin que nadie formalizara su responsabilidad.

Una nueva forma de entender la adopción

La Ley de Bienestar Animal rompe con esa ambigüedad y empuja a una nueva forma de entender la convivencia: cada gato de compañía debe estar identificado, registrado y vinculado a un titular. Esto obliga a planificar la adopción, asumir gastos veterinarios y comprender que tener un animal ya no es un gesto informal, sino un compromiso jurídico y ético.

Al fondo, late una idea sencilla pero contundente: sin identificación no hay derechos efectivos para el animal. El microchip permite devolver un gato perdido, perseguir un abandono, acreditar quién responde de su salud y su conducta.

Convertir la falta de chip en infracción grave y asociarla a multas que pueden arruinar un bolsillo es la forma que ha elegido el legislador para recordar que el afecto por los animales debe ir siempre acompañado de responsabilidad. Quien decide compartir su vida con un gato, asume también el deber de darle una identidad legal y no dejarlo fuera de la protección que la propia ley ha construido para él.