Vista aérea de la zona del Parque y del Centro Histórico de Málaga.
Giro radical en la ZBE de Málaga: el Ayuntamiento frena las multas tras el varapalo judicial
El Ayuntamiento acatará de inmediato la sentencia y paralizará el procedimiento sancionador mientras trabaja en una nueva regulación; todavía debe aclarar qué sucederá con las multas ya impuestas.
Más información: Varapalo judicial para la Zona de Bajas Emisiones de Málaga
A siete meses de las elecciones municipales de 2027, el Ayuntamiento de Málaga da un giro a la aplicación de su Zona de Bajas Emisiones (ZBE).
El equipo de gobierno del PP ha anunciado la suspensión inmediata del procedimiento sancionador, una decisión que supone dejar de tramitar las multas mientras prepara una nueva regulación para adaptar la ordenanza a la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA).
El anuncio llega casi cuatro meses después de que el tribunal anulase parcialmente la normativa municipal por considerar discriminatorio el trato que recibían los vehículos en función de su lugar de domiciliación.
La decisión abre un nuevo escenario para una medida que acumula más de 46.000 sanciones desde finales del año pasado.
La concejala de Movilidad, Trinidad Hernández, ha confirmado en los micrófonos de la cadena Cope que el Consistorio acatará el fallo y comenzará a trabajar en un nuevo texto.
En esta fase de aplicación de la ZBE, las restricciones afectaban especialmente a los coches sin etiqueta ambiental domiciliados fuera de Málaga, que no podían beneficiarse de las excepciones previstas para los vehículos registrados en la capital.
La prioridad inmediata será detener la tramitación sancionadora y estudiar cómo adaptar la normativa, aunque todavía no existe una respuesta definitiva sobre las multas que ya se han impuesto.
“Si tengo una sentencia judicial lo que tengo es que trabajar en modificarla”, ha explicado la edil, que ha reconocido que los artículos anulados por el TSJA deberán adaptarse. El Ayuntamiento, ha añadido, quiere que el Gobierno central le indique cómo proceder para dar seguridad jurídica al nuevo texto.
La concejala ha defendido que la sentencia no mejorará la situación de los malagueños y ha avanzado que el Consistorio revisará las resoluciones judiciales que afectan a las Zonas de Bajas Emisiones de otros municipios para tratar de encontrar una fórmula que permita cumplir con las obligaciones legales.
¿Qué pasa con las más de 46.000 multas?
Una de las principales incógnitas afecta a los conductores que ya han recibido una sanción. Según los datos aportados por la concejala, desde finales del año pasado se han impuesto más de 46.000 multas por incumplimientos de la regulación de la ZBE.
Las sanciones ascienden a 200 euros, con una reducción a 100 euros por pronto pago cuando se cumplen las condiciones previstas.
Preguntada por las consecuencias del fallo para esos expedientes, la responsable municipal ha señalado que la cuestión corresponde a los órganos de recaudación y no directamente al área de Movilidad.
También ha asegurado que el Ayuntamiento estudiará las consecuencias de la sentencia y actuará conforme a la ley, teniendo en cuenta la fase en la que se encuentre cada procedimiento.
Por tanto, el anuncio de suspensión no equivale, por sí solo, a la anulación automática de todas las multas ya impuestas ni confirma que se vaya a devolver el dinero a quienes hayan pagado.
El trato a los vehículos domiciliados en Málaga, en el centro del fallo
La sentencia del TSJA estimó parcialmente un recurso presentado por Vox contra la regulación municipal de la ZBE.
La Sala de lo Contencioso-Administrativo anuló el título y capítulo de la Ordenanza de Movilidad dedicados a este espacio al considerar discriminatorio el régimen que diferenciaba entre vehículos domiciliados en Málaga y los procedentes de otros municipios.
El punto cuestionado era el sistema de excepciones que permitía a determinados vehículos sin distintivo ambiental —y, posteriormente, a otros con etiqueta B— seguir accediendo a la zona si estaban domiciliados en la capital. Para los magistrados, esta diferencia de trato no contaba con una justificación objetiva y proporcionada desde el punto de vista ambiental.
El fallo consideró que ese régimen vulnera los principios de igualdad, libertad de empresa y unidad de mercado, al favorecer a los vehículos domiciliados en Málaga frente a los de otros municipios sin una justificación suficiente.
