El padre Fran en el banquillo.
La ex del padre Fran relata cómo descubrió los vídeos con las agresiones: "No me los puedo quitar de la cabeza"
La mujer, que convivía con el cura en Melilla, contó al tribunal que intentó alertar al Obispado de Málaga antes de denunciar: "Me sentí abandonada. Me cerraron las puertas".
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La mujer que denunció al padre Fran, quien fuera párroco de Ardales y Carratraca y vicario en Álora, ha declarado este lunes en la Audiencia de Málaga que el sacerdote guardaba archivos informáticos con fotos y vídeos de supuestas agresiones sexuales a amigas suyas, organizados en carpetas con los nombres de cada una de ellas. "No podía creer lo que estaba viendo", ha dicho ante el tribunal, según recoge Europa Press, y ha asegurado que recuerda "cada noche" esas imágenes.
La Sección Primera de la Audiencia de Málaga ha arrancado este lunes la vista oral contra el sacerdote. La Fiscalía le acusa de cuatro delitos continuados de abuso sexual, otros de revelación y descubrimiento de secretos, y cuatro delitos de lesiones. Pide 72 años de cárcel y una indemnización total de 1,2 millones de euros, 300.000 por víctima, de la que, sostiene, debe responder como responsable civil subsidiario la Diócesis de Málaga.
La denunciante ha sido la primera en declarar. Entre lágrimas, ha relatado al tribunal que mantuvo durante casi un año una relación con el sacerdote, que no escondían ante algunos amigos de él, y que convivían en la casa del hombre en Melilla. Allí, en las navidades de 2022-2023, encontró por casualidad "en un cajón" todo el material, que se almacenaba en un disco duro.
"Esas imágenes no me las puedo quitar de la cabeza, tengo pesadillas con eso", ha asegurado, según ha recogido en el juicio Europa Press. Ha precisado que en las carpetas había imágenes en las que cada víctima estaba "inconsciente", "completamente muerta", al estar drogada o sedada, mientras él les realizaba actos de índole sexual.
Preguntada por cómo supo que era el acusado quien aparecía en los archivos, ha respondido: "Porque conozco cada lunar de su cuerpo". Ha añadido que, además, en una conversación "subida de tono" entre ambos, él le mandó una foto "de su miembro" en el que tiene "una mancha". "Reconocí que era él", ha reiterado, y ha asegurado que ella lo quería.
La testigo ha contado que hizo una copia de todas las carpetas y que abordó lo descubierto con el propio acusado, que reaccionó autolesionándose, algo que, ha dicho, hacía cuando discutían. Ha relatado las presiones que sufrió entonces y que intentó en muchas ocasiones informar al Obispado de Málaga. "Me sentí abandonada", ha declarado. "Me cerraron las puertas". Después denunció ante la Policía.
En una rueda de prensa el pasado viernes, el obispo José Antonio Satué sostuvo que la diócesis conocía desde enero de 2023 la relación sentimental del sacerdote con una feligresa, en incumplimiento de sus votos, pero que no tuvo constancia de la existencia de los vídeos hasta agosto, y que fueron ellos quienes animaron a la mujer a denunciar. Satué pidió perdón "en nombre de la Iglesia" a quienes "no han encontrado en la Iglesia la comprensión y el apoyo que debieron recibir".
Según la Fiscalía, el sacerdote aprovechaba la relación de "fuerte" amistad y de carácter "íntimo" con las víctimas, amparado en "la condición de religioso", lo que llevaba a que pernoctaran en los domicilios en los que residía. Sin que ellas se percataran, supuestamente les suministraba "una sustancia desconocida, con toda probabilidad éxtasis líquido", que las hacía sumirse en "una profunda situación de somnolencia" en la que "no eran conscientes de nada". Después, según la acusación, grababa y fotografiaba los actos, con "evidente intención de vulnerar su intimidad" y sin el consentimiento de las víctimas. Las grabaciones, añade el fiscal, permiten precisar las fechas en que sucedieron los hechos.
Lo que viene
Las cuatro víctimas declararon este lunes a puerta cerrada para preservar su intimidad. El juicio continúa el miércoles y está previsto que el acusado declare al final.
Satué anunció el viernes que la diócesis está dispuesta a asumir económicamente la reparación de las víctimas si hay condena, incluso si los tribunales exoneran al obispado de la responsabilidad civil subsidiaria. Y que el proceso canónico, en pausa hasta ahora, ha pasado al Tribunal de la Rota de Madrid "con el fin de garantizar la independencia".
