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El gran agujero de la VPO en Málaga: ni una sola promoción construida por la Junta de Andalucía y el Gobierno en años
Pese a la disponibilidad de suelos, son nulas las inversiones destinadas por estas dos Administraciones públicas a la construcción de viviendas a precio asequible.
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Una simple pregunta de Trivial para clarificar el gigantesco problema al que se enfrenta el mercado de la vivienda protegida en Málaga.
¿Cuántas VPO han construido de manera directa el Gobierno de España y la Junta de Andalucía en la capital de la Costa del Sol en los dos últimos mandatos? El interrogante se responde de manera contundente: ninguna.
Esta es la cruda realidad que puede imputarse a las Administraciones estatal y regional en una de las urbes más tensionadas del país, donde una elevadísima demanda social, con más de 35.000 demandantes, se da de bruces con una escasísima oferta residencial.
De facto, los poderes estatal y regional se han limitado en estos años a tramitar y distribuir parte de los fondos que, procedentes de la Unión Europea, han permitido colaborar en la ejecución de algunas promociones sociales. Es el caso de las 1.006 unidades en desarrollo en el sector Universidad.
Pero cuando se trata de poner ladrillos sobre el terreno y financiar las operaciones con fondos propios, la inacción es la nota dominante y el denominador común en ambos casos.
Una ausencia de movimientos que contrasta con el hecho cierto de que tanto el Gobierno como la Junta cuentan con la principal materia prima que se necesita para levantar pisos a precio asequible: el suelo.
Visita de Pedro Sánchez, presidente del Gobierno, junto al alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, y otras autoridades a una de las promociones de VPO en el sector Universidad.
El fallido y ambicioso plan de las tecnocasas, puesto sobre la mesa por la Junta socialista en el año 2005, fue definitivamente liquidado y sentenciado hace más de tres años. El acuerdo alcanzado con el Ayuntamiento, socio en la iniciativa, dejó en manos de la Administración regional 77 solares en el Centro histórico. Muchos de ellos de uso residencial.
¿Puso en marcha la Junta la maquinaria para impulsar de manera directa la construcción de edificios? La estrategia autonómica fue otra: poner en venta parte de las parcelas para que, con ciertas condiciones, sean empresas privadas las que desarrollen las promociones.
Es justo lo que sucedió con Lagunillas, donde enajenó por casi 1,5 millones de euros varias fincas para que Lagoom Living ejecute unas 84 viviendas en alquiler. La fórmula fue repetida con otra parcela en la calle Gigantes, también adjudicada a Lagoom. Y es lo que pretende hacer ahora con cuatro parcelas localizadas en el casco antiguo para un total de 15 VPO.
A estas iniciativas de venta a privados hay que añadir el viejo proyecto regional para edificar 50 viviendas sociales en la calle Cerrojo. Casi cinco años después de iniciar la tramitación de la operación, el Gobierno andaluz avanza "inminentes" novedades, sin precisar el calendario exacto en el que pondrá en el mercado la intervención.
Como ha ocurrido con los otros ejemplos ya apuntados, la Junta tampoco asumirá de manera directa la construcción de estas viviendas. La previsión es que adjudique el terreno a un socio privado que, en lugar de pagar en dinero contante y sonante, lo hará con unidades residenciales ya terminadas.
Un modelo ya utilizado por el Ayuntamiento de la capital con sus aprovechamientos residenciales en dos de los grandes nuevos barrios de la ciudad: Distrito Zeta y Cortijo Merino.
La esperanza de Lagar de Oliveros
La operación de mayor envergadura en materia de vivienda a precio asequible en la que está implicada la Junta en Málaga es la de los terrenos del Lagar de Oliveros, suelos que fueron adquiridos, parcialmente, en el año 2009.
16 años después, no se ha movido una sola piedra en este espacio, sobre el que el planeamiento urbanístico dibuja una enorme bolsa residencial, con unas 2.800 VPO (a ellas hay que sumar casi 1.900 libres).
Pese al estancamiento de las últimas décadas, en los últimos meses la Consejería de Fomento ha informado de avances en el proyecto de urbanización de la unidad de la que es copropietaria. Un paso adelante que no esconde la lentitud con la que se enfrentan este tipo de iniciativas.
Algo semejante puede decirse de la operación de Buenavista, una de las grandes bolsas de suelo del Gobierno de España, bloqueada desde hace décadas. Y ello pese a que sobre estos terrenos se permite el desarrollo de 1.362 viviendas protegidas.
Tras muchos años de espera, ha sido en los últimos ejercicios cuando la sociedad pública de suelo, SEPES, se ha puesto manos a la obra. Lo hizo redactando y tramitando el proyecto de urbanización, paso indispensable. Y ahora está a la espera de que el Ayuntamiento dé validez final a su contenido.
Es de prever que una vez ocurra este hito, la Administración estatal estará en condiciones de activar la adjudicación de las obras de urbanización y, al tiempo, avanzar en la redacción de los proyectos de edificación.
El papel del Ayuntamiento
Frente al papel que juegan estos dos actores institucionales es de reseñar la labor que asume de manera directa el Ayuntamiento de Málaga.
Atendiendo a sus propios datos, está promoviendo actualmente 3.544 VPO, de las que 1.041 están en construcción, 1.371 en fase de solicitud de licencias, 5 en licitación de obras y 1.010 en fase de proyecto.
A diferencia de lo ocurrido en décadas anteriores, en las que el Consistorio afrontaba de manera directa la ejecución de promociones como Soliva (es justo el mecanismo con el que desarrolla unas 476 en Universidad), ahora opta por abrir el foco y tender la mano a la colaboración de los socios privados.
Es decir, poner a disposición los suelos para que sean los promotores los que asuman la construcción de las unidades, ya sean en venta o en alquiler.
Este es el modus operandi empleado con los suelos de Universidad sobre los que Lagoom ya ejecuta 530 VPO en alquiler (el valor del suelo roza los 13,5 millones). La iniciativa incluye 25,6 millones de fondos europeos en concepto de subvención al privado.
Y se asemeja el seguido con los terrenos enajenados en Distrito Zeta y Cortijo Merino a cambio de viviendas ya terminadas, que serán adjudicadas a los demandantes.
La última fórmula que pretende activar el Consistorio es la de la concesión de 14 parcelas actualmente calificadas como de equipamiento para que los promotores puedan levantar alojamientos o pisos de hasta 60 metros cuadrados en alquiler rotatorio.
Otra de las grandes operaciones en ciernes es la que dibujada en Soliva Oeste, donde se dibujan un millar de viviendas. La mitad de ellas serán impulsadas de manera directa por Vivienda; las otras, en colaboración con privados.
