Imagen del puerto de Málaga.
La Junta allana el camino al plan con el que el puerto de Málaga ganará 98.000 metros para actividad logística
La Consejería de Sostenibilidad emite un primer pronunciamiento ambiental sobre la ordenación de los 510.000 metros cuadrados localizados en el sector Huertecilla-Tarajal.
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La gran operación logística que permitirá dotar al puerto de Málaga de 98.000 metros cuadrados de terreno en el entorno de la antigua Bacardí, en el sector Huertecilla-Tarajal, empieza a avanzar con paso firme en su largo y particular camino medioambiental.
Más de un año después de que el Ayuntamiento diese luz verde al avance del Plan Parcial, instrumento con el que se ordena este desarrollo, de 510.000 metros cuadrados, la Junta de Andalucía ha admitido a trámite la Evaluación Ambiental Estratégica y ha establecido determinadas condiciones para el impulso final de este espacio.
El paso confirmado por la Consejería de Sostenibilidad Ambiental, en un documento fechado el pasado 10 de julio, tiene enorme valor estratégico. En especial, por el impacto positivo que tendrá para el recinto portuario, que desde hace meses viene advirtiendo de la necesidad de ganar suelo para dar cabida a una creciente demanda logística.
Dentro de la delimitación global, una pieza de 98.000 metros está reservada para responder a esta evidente necesidad de espacio empresarial del Puerto.
La compra de la misma queda ligada al acuerdo de venta cerrado a finales del año pasado con el Ayuntamiento de la ciudad a cambio del suelo reservado en la zona de San Andrés para el futuro Auditorio de la Música.
Requisitos ambientales y sectoriales
Si bien queda aún un largo procedimiento por delante, el Documento de Alcance del Estudio Ambiental Estratégico fija las líneas a seguir para garantizar el visto bueno definitivo.
En este sentido, destaca el hecho de que la Consejería de Sostenibilidad impone una batería de exigencias técnicas que deberán reflejarse en el planeamiento definitivo.
Entre ellas destaca la protección de los cauces del Guadalhorce y Pocapringue, con estudios detallados de inundabilidad y medidas de drenaje sostenible; así como fijar medidas que respeten el dominio público hidráulico y fomenten la recarga de acuíferos.
Se deberá recoger un diagnóstico del impacto paisajístico y compensación ambiental con plantación obligatoria de especies autóctonas (lentisco, coscoja, almez) y sumideros de carbono.
Habrá que realizar un estudio acústico en todo el sector, mapa de isófonas y medidas de protección del ruido adaptadas a los distintos usos industriales, empresariales y residenciales.
Asimismo, se advierte de la necesidad de disponer de las autorizaciones previas del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) y de la Dirección General de Carreteras.
Este organismo estatal, en un informe emitido el 20 de marzo pasado, señalaba la necesidad de que el plan parcial fuese acompañado de un estudio de tráfico y capacidad que analice la incidencia del desarrollo en el nivel de servicio y seguridad viaria de las carreteras nacionales, así como de un estudio acústico.
También se apunta que el sector se ubica parcialmente en zona con riesgo de inundación para un período de retorno de 500 años.
Por este motivo, "deberá efectuarse un estudio pormenorizado de las zonas con riesgos de inundación incluidas en el ámbito de actuación, y determinar si el riesgo de inundación de las carreteras nacionales no se ve acrecentado con la ejecución o el desarrollo del planeamiento urbanístico", se expone.
“Este estudio deberá analizar y justificar la posible afección a los elementos de drenaje de la autovía A-7, tanto la estructura de paso del río Guadalhorce como otras posibles obras de drenaje existentes”, recoge el documento.
El plan contempla cuatro alternativas, decantándose la Junta por la propuesta que maximiza las grandes parcelas logísticas y reduce el viario local y los costes de urbanización, en consonancia con la demanda real y la viabilidad económica del sector.
